Carlos Rosales pidió permiso para irse a la República Dominicana. La semana pasada, cuando aprobó la convocatoria de acreedores de la cadena, el juez había decidido que tenía que notificarle cada vez que saliera del país. La empresa debe más de $ 25.400 millones
El lunes, empleados de Garbarino cortaron el puente Pueyrredón en reclamo de salarios atrasados. Al día siguiente, el Sindicato de Comercio y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo para facilitar la reinserción en el sector privado de los 1800 colaboradores que la cadena despidió en noviembre. A esas mismas horas, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el juez que lleva adelante el concurso de la colapsada cadena recibió el pedido por escrito del dueño de la empresa, Carlos Maximiliano Humberto Rosales, “Charly” para sus allegados, para salir del país.
Rosales, que compró Garbarino en junio del año pasado, le pidió permiso al Juzgado Nacional en lo Comercial 7, Secretaría 14, para viajar a la República Dominicana, desde ese mismo 28 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022 inclusive. Hace una semana, cuando aprobó la convocatoria de acreedores de Garbarino, que pidió su concurso a mediados de noviembre, el magistrado le había prohibido cruzar las fronteras. Ahora, lo autorizó a ausentarse, ya que, aclaró, en el expediente “no se dispuso la interdicción de salida del país del Sr. Rosales”. Traducido: en su fallo no restringió el derecho de Rosales de viajar al exterior, sino que estableció no podía hacerlo sin antes notificarlo al juzgado, “siempre que el plazo no sea mayor a 40 días corridos”. En tal caso, sí deberá requerir autorización judicial.
Fue un año difícil para Rosales. Lo había empezado a lo grande. Por un lado, celebraba que, desde que se hizo cargo, la facturación de Garbarino había estallado más de 900% y la empresa había recuperado el crédito bancario. Prometía inyectar $ 2000 millones, a la vez que firmó contratos de auspicios con Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reposicionar la marca.PUBLICIDAD
Con $ 5000 millones de deuda bancaria ya refinanciada antes de su adquisición, la cadena, de más de 200 locales 4300 empleados en ese momento, quería aplicar a sus acreedores comerciales -principalmente, fabricantes de sus productos- una quita similar -del 65% al 75%- a la que habían aceptado los bancos en el acuerdo de reestructuración. Este convenio, cerrado en agosto de 2019, fue lo que abrió la puerta al ingreso de un nuevo inversor. Resultó ser Rosales.
En esos mismos días, el empresario, titular del grupo asegurador Prof, también exteriorizaba sus ambiciones con la compra de Radio Continental y sus FM al grupo español Prisa.
Las cosas no marcharon como esperaba. Los proveedores no sólo no aceptaron la quita que pretendía la empresa, sino que necesitaban mucho más que garantía de confianza para renegociar la deuda. Garbarino ingresó, aceleradamente, en un constante círculo vicioso de locales cerrados -propios y de su controlada Compumundo-, deudas, empleados suspendidos y, luego, cesanteados, cheques rebotados, pedidos de quiebra y juicios de desalojo, que ahuyentaron a eventuales nuevos socios que Rosales, desesperadamente, salió a buscar para inyectar el tan ansiado capital. El que más cerca estuvo fue Facundo Prado, dueño de Supercanal Airlink. A último momento, hubo algo que no lo convenció cuando sólo faltaba su firma para el closing.
Fue a mediados de año. Para entonces, Garbarino ya estaba virtualmente paralizada, con persianas bajas e imposibilitada de seguir vendiendo por falta de mercadería e, incluso, de sistema de facturación, debido a una deuda con su proveedor informático. De la galera, Rosales blandió una negociación con “una empresa norteamericana de comercio electrónico” (sic).
Las marchas de empleados de Garbarino ya eran una postal frecuente del centro porteño. Hasta Pablo Moyano -el 20% del personal de Garbarino está afiliado a Camioneros- se sumó a las manifestaciones. Armando Cavalieri, titular de Comercio -al que pertenece el 80%-, medió en gestiones con el Gobierno de la Ciudad para acelerar la devolución a la empresa de fondos retenidos por el fisco porteño. Con eso, pudo empezar a saldar muy parcialmente los sueldos adeudados. Delegados de base denunciaron que, desde que comenzó el conflicto, unos 1000 empleados optaron por renunciar ante tamaña incertidumbre. También hubo éxodo de ejecutivos. Carlos García, histórico CEO, que partió al grupo Newsan. Antes, naufragó un acuerdo con el gigaante fueguino para elaborar a fason en las plantas de Garbarino en la isla (Digital Fueguina y Tecnosur). También fracasó la subasta del 100% de las acciones de Compumundo. Empleados y locadores empezaron a “cobrarse” deudas con mercadería o equipamiento de las tiendas. En noviembre, llegaron 1800 telegramas de despido. A los pocos días, el concurso.
Como publicó este diario en su edición del viernes 24, la Justicia aprobó la apertura de la convocatoria de Garbarino la semana pasada. Su pasivo total supera los $ 25.400 millones, según el estado patrimonial que presentó la empresa en el expediente y que está fechado al 10 de octubre. Debe $ 6017,7 millones por compras de bienes y servicios propios, $ 5000 millones a fiscos y cajas previsionales, más de $ 1000 millones por financiación y $ 11.500 millones a acreedores financieros y comerciales. Reconoce cerca de $ 800 millones de compromisos laborales impagos. Llegó al concurso con sólo $ 2,5 millones en caja y menos de $ 5 millones de fondos depositados en bancos. Al 21 de diciembre, la empresa tenía 3818 cheques rechazados sin fondos, por $ 5858 millones, según la Central de Deudores del Banco Central.
El juez Fernando D’Alessandro aprobó el concurso el miércoles 22. A esas mismas horas, Rosales enviaba a la Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro su renuncia como tesorero del club, cargo que ocupó ocho meses, luego de más de dos años como prosecretario. Además de su negro presente futbolístico, hasta ese día, la entidad acumulaba 377 cheques rebotados sin fondos, por $ 577,76 millones.
Otro sinsabor para Rosales, que en octubre, también, recibió un revés de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). El organismo le ordenó a Prof que no emitiera nuevas pólizas, por haberse excedido de sus límites de riesgo de cobertura. Un mes antes, la Superintendencia había decidido la inhibición de sus bienes para que no hubiera cambios en la composición de sus activos.
Por Juan Manuel Compte-El Cronista