Nada de lo que ocurre hoy en América Latina es nuevo en su lógica. Lo nuevo es el envase. Para entender cómo se llega a un continente que vota con entusiasmo contra sus propios intereses, conviene recordar que el método tiene genealogía.
El siglo pasado deja un archivo abierto. En 1954 la CIA derribó al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, que había expropiado tierras ociosas a la United Fruit. En Chile, la CIA intervino en la política interna antes del golpe de 1973, como documentó el Comité Church del Senado en 1975. En los años ochenta, el escándalo Irán-Contras mostró cómo funcionarios de la administración Reagan vendieron armas a Irán para financiar a la Contra nicaragüense cuando el Congreso había prohibido esa ayuda. Una investigación del Senado encabezada por John Kerry, en 1989, y un informe del inspector general de la CIA, en 1998, reconocieron que la agencia trabajó con personas vinculadas al narcotráfico en torno a esa red. La Escuela de las Américas formó a miles de oficiales latinoamericanos, y manuales de adiestramiento que el Pentágono desclasificó en 1996 contenían técnicas de coerción y tortura. El Plan Cóndor coordinó desde 1975 a las dictaduras del Cono Sur para perseguir opositores más allá de las fronteras. Y cuando las dictaduras se agotaron, el Consenso de Washington de 1989 tradujo la misma finalidad a un programa económico: privatizar, desregular, abrir. Control de recursos y alineamiento: eso no cambió. Cambiaron los métodos.
Hoy el método no necesita tanques. Opera sobre el sentido común. Redes como Atlas Network, que agrupa a más de quinientas organizaciones en casi un centenar de países, financian y capacitan think tanks y fundaciones libertarias en la región, y hay organismos como la National Endowment for Democracy que canalizan fondos del Estado norteamericano hacia organizaciones civiles y medios. El lawfare es otra herramienta: en Brasil, la operación Lava Jato avanzó con cooperación informal entre fiscales locales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el Supremo Tribunal Federal terminó anulando las condenas contra Lula y declarando parcial al juez Sergio Moro. A esto se suma la formación de cuadros políticos y mediáticos en universidades y circuitos tecnológicos estadounidenses, con becas, programas de liderazgo y redes que luego regresan convertidos en referentes. Y las campañas de desinformación en períodos electorales, cuyos financistas hay que identificar caso por caso, con pruebas.
Un capítulo aparte merecen las iglesias evangélicas. La relación entre el poder estadounidense y el mundo evangélico tiene antecedentes: el Documento de Santa Fe de 1980, que inspiró la política de Reagan hacia la región, identificó a la teología de la liberación como adversaria, y Reagan elogió a Efraín Ríos Montt, el dictador evangélico que gobernó Guatemala durante una de las etapas más sangrientas de su historia. Hoy casi uno de cada cinco latinoamericanos es protestante según Pew, con proporciones superiores al cuarenta por ciento en Guatemala y Honduras. Millones de fieles encuentran en sus iglesias contención y trabajo comunitario genuino. Pero en los barrios populares donde el Estado se retiró, algunas estructuras ocupan ese lugar con capilaridad territorial, y varios de sus dirigentes la convierten en maquinaria electoral. Se construye así un sentido común anti-Estado, anti-derechos y pro-mercado, que reemplaza la asistencia pública por disciplinamiento ideológico.
El objetivo geopolítico está escrito. La Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó el 5 de diciembre de 2025 anuncia un Corolario Trump a la Doctrina Monroe, y declara que Estados Unidos negará a competidores no hemisféricos la capacidad de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en el hemisferio. Los analistas coinciden en que el destinatario es China. Lo que está en juego es el litio del triángulo andino, el cobre de Chile y Perú, el agua dulce, los alimentos, la energía y los datos de la región. En ese marco, cualquier articulación regional autónoma resulta una amenaza: UNASUR se desarmó desde 2018, y toda iniciativa de integración autónoma es vista como un problema. Se necesitan gobiernos que entreguen recursos y alineen su voto internacional con Washington, gobiernos de ocupación por voto.
El caso argentino ofrece la escena a plena luz. En septiembre de 2025, a pocas semanas de unas elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció una línea de wap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Tras recibir a Javier Milei, Donald Trump dijo que si el oficialismo no ganaba, Washington se retiraba. Un gobierno extranjero condicionó públicamente su apoyo financiero al resultado de una elección ajena. Eso no es una teoría: se dijo ante las cámaras.
La deuda es la palanca que vuelve operativo ese poder. Un país que depende de dólares ajenos para pagar vencimientos tiene poco margen para decir que no, y el swap llegó apenas cinco meses después de un acuerdo de 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Quien presta tiende a fijar la agenda, y esa agenda suele incluir la venta de activos, la apertura comercial y el alineamiento en los foros internacionales. Los tres escalones del endeudamiento son también tres escalones de dependencia.
Corresponde un matiz de rigor. No todo voto libertario es obra de Washington: nace también de frustraciones reales con Estados que no cumplieron. Lo que la evidencia muestra es una convergencia estructural entre esas frustraciones y una política exterior que sabe aprovecharlas, financiarlas y recompensarlas.
Aquí se cierra el círculo con el ciudadano de las columnas anteriores. Endeudado en tres niveles, recarizado, saturado de información, anestesiado por la adiophoria, vive la idea de que votar a quienes desmantelan sus protecciones es un acto de rebeldía y libertad. Celebra como acto de independencia lo que acerca la dependencia. La intervención perfecta es aquella donde el intervenido defiende con fervor a su interventor.
Por Ignacio Stankewitsch