El Gobierno necesita 10 votos en Diputados y perdió a los de Lavagna. Denuncia penal de Cambiemos.
En la noche del lunes llegó al Senado el proyecto de ley para expropiar la cerealera Vicentin y si bien aún no hay agenda para su tratamiento, en ese recinto no hay riesgos de que algo salga mal.
No así en Diputados, donde el rechazo de Roberto Lavagna ajustó los números, aunque existe la chance de sancionar la ley sin sobresaltos con la ayuda de los 8 del bloque del mendocino José Luis Ramón, el mendocino convertido en aliado clave de Sergio Massa; y el aporte de los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).
Con 40 votos propios, 3 más que la mayoría simple; al Frente de Todos no debería costarle mucho emitir dictamen y aprobar la ley en el Senado. Las comisiones aún no están convocadas, pero antes hay otro paso para dar en el que también es clave la Cámara alta: aprobar el decreto de intervención a la empresa.
Rigen desde su firma presidencial y sólo pueden anularse si los dos recintos así lo disponen y, hasta ahora, el protocolo de Alberto es que sean avalados sólo por el Senado, donde no hay riesgos de perder.
En Diputados los números están más finos aunque Sergio Massa y Máximo Kirchner vienen de superar una prueba pesada: la sesión convocada por Cambiemos para derogar los superpoderes de Santiago Cafiero no tuvo quórum. Faltaron cinco votos y los gobernadores con partido propio hicieron su aporte para que la reunión fracase.
El proyecto para expropiar Vicentin podría tener números igual de ajustados, porque los 3 diputados que responden a Roberto Lavagna anunciaron que no acompañarán, con un duro comunicado que le siguió un tuit del economista. Sólo se identificaron en esa postura Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los que ayudó para que Cafiero tenga superpoderes.
El bloque de Frente de Todos tiene 119 votos, a 10 del quórum propio, y para llegar sin sobresaltos son claves los 8 de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque que conduce Ramón, quien lidera un partido local en Mendoza, Protectora, con el que fue candidato a gobernador el año pasado y quedó lejos de radicales y peronistas.
Su mandato vence el año que viene y puede necesitar un acuerdo con el PJ para reelegir. Su ayuda tiene matices pero se hace sentir. Por caso, se sentó a rechazar los superpoderes, con proyecto propio y todo, pero, hábil, evitó que varios de sus dirigidos lo siguieran y la condición de aliados se cayera para siempre.
Podrían haberse conectado Beatriz Ávila, esposa del intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro; y Antonio Carambia, hermano del intendente de Las Heras, Santa Cruz. Lo pensó Pablo Ansaloni, del gremio de trabajadores rurales (UATRE), pero siempre estuvieron convencidos de desconectarse los tres misioneros y el rionegrino Luis Di Giácomo.
En estas horas no se expresaron sobre la expropiación de Vicentin pero quienes los frecuentan creen que entrará en los temarios de negociaciones con la Nación. Por caso, Río Negro necesita avales de la Nación para renegociar su deuda.
Conocido el anuncio, Ramón anticipó que está cerca de apoyar. “Vicentin está en concurso, no puede sostenerse, y la inmensa mayoría de la deuda la tiene con el Banco Nación, no es menor”, escribió. Si arrastrara a sus 8 a pulsar el botón verde, el Gobierno podría alcanzar la mayoría simple con los propios, la neuquina Alma Sapag (Alberto visitó a su gobernador el viernes y todo parece ir bien) y los 2 de izquierda, que en este caso acompañarían.
Es de las medidas que piden siempre y así lo dejó claro Nicolás del Caño. “Una empresa que estafó al estado gracias al gobierno de Macri. Tiene que ser expropiada sin pago y pasar a manos del Estado bajo gestión de sus trabajadores”, posteó, en respuesta a un reclamo de Federico Pinedo.
Así las cosas, los federales podrían no ser necesarios para sancionar la ley, aunque no le vendrían mal a Massa y Máximo para no transpirar tanto. El interbloque lo preside Eduardo “Bali” Bucca pero, por esas cosas de la burocracia parlamentaria, no integra consenso federal, el sello de Lavanga, a quien acompañó como candidato a gobernador en octubre.
Junto al salteño Andrés Zottos son “Justicialistas” y por ahora ninguno habló de Vicentin como el trío que sí dice representar al reciente candidato presidencial: Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, quien asumió por la renuncia del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Pero ese dato no lo hizo oficialista.
Los otros seis federales son alcanzables para el poroteo oficial. Están los dos socialistas, Enrique Estévez y Luis Contigiani, ambos de Santa Fe, tierra de Vicentin. Y los cuatro de Córdoba Federal, el bloque del gobernador Juan Schiaretti, cuya alianza parlamentaria con el Gobierno no se alteró desde diciembre.
Sus dirigidos votaron todo: la ley de emergencia, la negociación por la deuda, la baja de jubilaciones a jueces y jubiladores, y no dieron quórum para derogar los superpoderes. Logró, a cambio, un compromiso de financiar su siempre deficitaria caja jubilatoria, que de todos modos debería reducir el rojo con la ambiciosa reforma sancionada en la madrugada cordobesa. Por ahora, Schiaretti no habló de Vicentin. Confían en él. Puede ser una ayuda importante.
Denuncia penal de Cambiemos
16 diputados de Cambiemos denunciaron penalmente a Alberto Fernández y todo su Gabinete por supuesto delito de abuso de autoridad a partir del decreto que dispuso la intervención de Vicentin, que aún debe tratarse en el Congreso.
“Conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”, señala la denuncia, a la que accedió LPO.
Agregan que el artículo 17 de la Constitución indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley” y “prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.
“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.
“El artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”, agregan.
Consideran que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.
Y que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.
“La decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”, concluyen.
Lo firman los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.