El Gobierno exhibe el superávit financiero y la desaceleración de los precios como pruebas de un éxito rotundo. Sin embargo, en los comercios de barrio y en el presupuesto diario la realidad muestra un panorama muy distinto. ¿Es sostenible un programa económico que ordena las variables técnicas mientras destruye el consumo diario?
La narrativa oficial insiste en consolidar un clima de victoria basado en el equilibrio de las cuentas públicas y un índice de precios mensual a la baja. Para los mercados financieros, el panorama parece despejarse. Pero cuando esas variables se trasladan a la vida cotidiana del ciudadano común, la distancia es tan profunda que se vuelve insostenible.
El promocionado superávit financiero dista mucho de ser el reflejo de una economía sana o de una reforma estructural eficiente. Es, en realidad, el resultado de una postergación forzada de obligaciones. El saldo positivo se sostiene mediante el freno total de la obra pública, el congelamiento de fondos clave para las provincias y, de manera central, la licuación del poder adquisitivo de los jubilados y los trabajadores del sector público. No se trata de un ahorro genuino, sino de una acumulación de deudas sociales. Ajustar las cuentas dejando de mantener la infraestructura básica o desatendiendo los ingresos de los sectores más vulnerables no es una gestión exitosa; es una bomba de tiempo interna
Por otro lado, la desaceleración del índice general de inflación esconde una trampa severa. Aunque los informes oficiales muestren porcentajes menores, el costo de los alimentos de primera necesidad, los medicamentos, las tarifas de servicios públicos y el transporte sigue una inercia asfixiante que no da tregua.
Si los precios encuentran un techo, no es por una mayor productividad o confianza, sino por el desplome generalizado del consumo. Las ventas caen porque las familias ya no tienen margen para convalidar los aumentos. Los comercios y las PYMES se ven obligados a absorber costos o liquidar stock al costo simplemente para subsistir en un mercado interno paralizado. Una inflación más baja lograda a costa de vaciar los locales de clientes y frenar la actividad productiva no es estabilidad, es el síntoma de una recesión que carcome el tejido social.
Festejar metas macroeconómicas mientras se ignora el deterioro de las condiciones de vida mínimas denota una peligrosa desconexión. El equilibrio fiscal es una herramienta necesaria para cualquier administración, pero pierde toda legitimidad si se convierte en un fin supremo que justifica el empobrecimiento masivo. El verdadero estado de la economía no se valida en las conferencias de prensa ni en los paneles financieros; se define cada día en el mostrador del supermercado. Y en ese territorio, la cuenta sigue dando pérdida.
Por Matías Pintos