En conmemoración, el Gobierno porteño izó la bandera del arcoiris en el Obelisco y en varios puntos de la Ciudad. Además, hoy presentarán un proyecto para una nueva ley antidiscriminatoria.
Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, el Gobierno porteño izó la bandera del arcoiris en el Obelisco y en otros puntos de Capital Federal. “La Ciudad de Buenos Aires quiere mostrar que está orgullosamente siendo inclusiva de todo el colectivo LGBT, y como nos sentimos felices e inclusivos, lo celebramos con toda la comunidad”, aseguró la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad, Pamela Malewicz.
La funcionaria fue la encargada de izar este mediodía la bandera del orgullo LGBT en el mástil de la Plaza de la República junto con el director general de Convivencia en la Diversidad, David Cohen, y el secretario de Desarrollo Ciudadano, Matías López.
Desde temprano, además, las ligustrinas que forman una B y una A gigantes en la misma plaza, aparecieron parcialmente cubiertas con otra bandera del arcoiris, en este caso en posición vertical.
“Esta mañana temprano estuvimos en el Normal 1 con un grupo de alumnos, izando también esta bandera, que tiene que ver con el compromiso que tenemos con toda la comunidad LGBT”, agregó.
Malewicz destacó además el “trabajo de construcción” que se está haciendo la Ciudad de manera articulada con el colectivo LGBT para “lentamente ir bajando los niveles de discriminación”, en particular hacia la población trans, “la más vulnerable dentro de todo el colectivo LGBT”.
Banderas similares se izaron a lo largo del día en el Hospital Muñiz, en la Dependencia de la Policía Metropolitana, y en el Hotel Boutique Mansión Vitraux del barrio de San Telmo.
Por su parte, la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rachid, presentará hoy en el Senado de la Nación un proyecto para una nueva ley antidiscriminatoria que ampare a colectivos de la diversidad sexual, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros.
Entre otras puntos, la nueva normativa propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros- y la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos.
Además contempla una definición más amplia de “acto discriminatorio”, más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales, la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y autonomía del daño moral e importantes cambios en la legislación penal.