Si bien los cuestionamientos apuntan a todos los ministros de la Corte provincial, los denunciantes focalizan que los actos irregulares fueron impulsados por el liderazgo de Javier Raidan.
Las entidades que representan a jueces, fiscales y defensores, por un lado, junto al gremio de trabajadores judiciales, formularon la presentación formal del pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan.
El proceso debe ser abordado por la Legislatura y la acusación se basa en una serie de conductas que reflejarían una supuesta falta de imparcialidad y sometimiento por parte del presidente a órdenes del Ejecutivo, quebrantando garantías básicas para el resto de la sociedad.
Entre los fundamentos por los que se promueve el juicio político, la presentación realizada por los abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti apunta a una serie de conductas del presidente del Superior Tribunal de Justicia.
Dependencia de la Subsecretaría de Trabajo
El primer hecho refiere a lo que definen como “sometimiento del Superior Tribunal de Justicia” ante la Subsecretaría de Trabajo. De acuerdo con la presentación, el ministro Javier Raidan habría demostrado tal conducta cuando suspendió una reunión a la que había convocado personalmente a los integrantes del sindicato de Trabajadores Judiciales, para discutir el tema vinculado al cobro de plus salariales por parte de los ministros, en violación a la ley de Porcentualidad (que exige que los salarios del resto de los empleados reciban una proporción de cada incremento que perciben los ministros).
“Es indudable que la aceptación de la competencia de una subsecretaría del Poder Ejecutivo para tomar determinaciones en el ámbito del gobierno del Poder Judicial, por parte del Dr. Javier Raidan, en su carácter de presidente del Superior Tribunal de Justicia, constituye un hecho susceptible de calificarse como falta grave, pues pone de manifiesto que no ha respetado la autonomía del Poder Judicial, prevista por el artículo [número] de la Constitución del Chubut”, sostiene la denuncia.
Sometimiento “a una reprimenda del Poder Ejecutivo”
Otra de las conductas reprochadas al presidente del Superior Tribunal es la del sometimiento ante una reprimenda del Ejecutivo provincial. Esto se basa en la relación de hechos que hubo entre las declaraciones del gobernador Ignacio Torres, cuando criticó la decisión de los ministros del Superior Tribunal para aumentarse el sueldo a través de una suba de los gastos reservados y la inmediata decisión de dejar sin efecto esa medida. Así lo expresan en el planteo de juicio político:
“El presidente del Superior Tribunal, al tomar conocimiento de las declaraciones del Gobernador, se apresuró a convocar a un acuerdo plenario, habilitando para ello días y horas hábiles, puesto que fue concretado en un día feriado, el 17 de junio de 2025, y firmado alrededor de las 20 horas”, sostiene el escrito.
Hay que recordar que tanto la Asociación de Magistrados como el sindicato judicial criticaron desde un principio los incrementos salariales de los ministros, pero en este caso cuestionan que el presidente haya actuado en respuesta al planteo del gobernador, lo que vulnera la independencia del Poder Judicial.
“Tales muestras de sujeción al mero reclamo público del Poder Ejecutivo exhiben una indecorosa dependencia que hace imposible a los ciudadanos confiar en el control constitucional que compete al Poder Judicial -añaden en el pedido de juicio político-. Es evidente por demás que el presidente RAIDAN se asume como dependiente del Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto no sólo no contesta, sino que ‘acompaña’ las decisiones del Poder Ejecutivo conforme este lo proclama”.
Entre los fundamentos se retoman además las irregularidades planteadas en la denuncia penal, que hasta ahora ha recibido el rechazo de la fiscalía, pero que los magistrados apuntan a reabrir a través de los distintos recursos presentados. Esos hechos se vinculan a la secuencia de incrementos salariales, adquisición de pasajes a Buenos Aires para cada ministro durante todo el año, compra de vehículos de alta gama y los ingresos de personal sin concurso, entre otros planteos que cobraron notoriedad pública en los últimos meses.
Fuente: ADNSur