Argentina es un país donde el marketing político vacío ha desplazado a contenidos y propuestas de soluciones integrales y serias. El actual gobierno y todos los que lo precedieron han utilizado el término “seguridad jurídica” sin ocuparse plenamente de arbitrar los mecanismos para que la razonabilidad e igualdad ante la ley impere sobre los individuos.
Más allá de los gritos de algunos políticos, dignos de una puesta en escena teatral, no sólo no hemos avanzado para hacer más creíble a nuestro país, sino que por el contrario, la nueva administración ha continuado avasallando las libertades individuales estableciendo nuevas violaciones de los principios constitucionales establecidos por la Constitución Nacional.
Lejos estamos del espíritu de Alberdi en esta enmarañada e injusta Argentina, donde la arbitrariedad del poder de turno, es la causa de largo plazo más profunda de nuestra decadencia. La verdadera “seguridad jurídica” en Argentina está subvalorada y ha sido sustituida por la conveniencia del poder político para sostener una estructura jurídica contradictoria y decadente.
Durante la campaña presidencial de 2015 el ahora presidente Mauricio Macri prometió una lluvia de inversiones. Luego de más de dos años de gobierno, las promesas han caído en saco roto dado que en Argentina continuamos sin el ejercicio pleno de un estado de derecho que brinde a las inversiones un marco de estabilidad que permita el desarrollo de nuevos negocios.
Los ejemplos son muchísimos y van desde el mantenimiento de la estructura legal del cepo cambiario, el intento de nombramiento de jueces de la Corte por decreto hasta la negación del apagón estadístico del Indec en el ámbito judicial. Podríamos seguir, pero creo que escribiríamos varios tomos de infames violaciones a los principios de Alberdi.
La “Seguridad Jurídica” es esencial a fin de obtener un cambio de largo plazo en la tendencia decadente de nuestra sociedad, para lograrla debemos tener en cuenta nuestro prontuario de país confiscador serial, donde los propios ciudadanos, no confían en las Instituciones del país, razón por la cual se impone hacer un giro de 180º respecto de lo hecho hasta el momento en la materia, es decir debemos convertirnos en defensores en férreos defensores de la propiedad, de los acuerdos entre privados, es decir de la vigencia irrestricta de la Constitución y todo el marco normativo que no atente contra lo anteriormente expresado, siendo primordial a dicho fin ofrecer un adecuado servicio de justicia que sea independiente del poder político de turno.
Pues bien, hasta aquí son pocas las voces que en público pueden y quieren expresar estos postulados en forma enérgica con una firme voluntad de cambio. Muchas veces, manifiestan su desconcierto en privado, pero el sistema de incentivos, donde todos participan de este perverso mecanismo corrupto genera que el silencio y la inacción se eleven por encima de la denuncia pública de la violación del principio de igualdad ante la ley.
Para bajar a un caso concreto de esta desidia política podemos citar que la reciente “reforma tributaria” aprobada mediante la ley 27.430, no sólo responde a fines puramente fiscalistas, sino que esconde una violación más a la independencia del Poder Judicial al condicionarla al poder político, estableciendo una vez más la arbitrariedad sobre los principios de la República. Para ser más específicos:
a) La reforma aprobada incluye modificaciones en el Tribunal Fiscal de la Nación, (tribunal donde se juzgan, nada menos que, todas las causas donde existen reclamos económicos relacionados con temas impositivos y aduaneros del país) otorgando al Poder Ejecutivo la potestad de remover a su antojo, por un plazo de 5 años, a los jueces que lo integran, avanzando sobre la independencia del Poder Judicial y violando los principios de nuestra Constitución Nacional. En palabras claras, nombra a los jueces que deberán resolver los juicios de los que el PEN es parte.
b) Por otro lado, y las remuneraciones que su personal recibe, son muy inferiores a las que rigen en el Poder Judicial, estableciendo ello un doble incentivo: 1) una vez que adquieren experiencia, dejen los cargos para pasar a ser contratados en Estudios Jurídicos y litigar en el Tribunal Fiscal de la Nación y contra del Tesoro. 2) Determinan bolsones de corrupción afectando al debido proceso, y tornando los trámites en eternos.
La nueva ley tributaria, lejos de brindar seguridad jurídica, ha socavado una vez más los principios republicanos de nuestra Constitución por lo que es necesario su completa revisión convirtiendo al Tribunal Fiscal de la Nación en dependiente del Poder Judicial, alejándolo del arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional y respetando el art 116 de la Constitución Nacional.
Mientras el poder político continúe sancionando leyes que violan los principios establecidos en nuestra Constitución no podremos esperar que Argentina salga de la decadencia profunda en la que estamos sumidos desde hace 90 años. Quien detente el poder de turno debería volver a leer e implementar las ideas de Alberdi.
*Economista