Google argumentó que “aún cuando no sea el único remedio previsto por la reglamentación procesal, es verdaderamente el único remedio ‘eficaz’ para la protección de los derechos en un plazo útil”. Al hacerlo invocó como antecedente, justamente, la presentación realizada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
Tras la presentación, el abogado de Cristina Kirchner, Luis Goldin, advirtió que “con la aceptación del per saltum de la última semana de la Corte, se demuestra que hay una peligrosidad jurídica donde cualquiera se siente con derecho a solicitar un per saltum cuando no hay ninguna situación de gravedad jurídica en la causa en cuestión”. “Al apartarse a los más de ciento cincuenta rechazos de per saltum que realizó durante mucho tiempo, atenta contra nuestra seguridad jurídica y permite que Google interponga este recurso, sabiendo que está mal interpuesto”, aseguró. En otras palabras: la aceptación de la Corte al primer per saltum está dando “vía libre” a una catarata de presentaciones similares, y Google en este caso picó en punta.
“El per saltum es un recurso por salto de instancia, es decir que se otorga frente a hechos de gravedad institucional. Por definición es un recurso sumamente excepcionalísimo. En este caso la Cámara ya se ha expedido, ha sido sumamente clara. Google repite los argumentos que ya se han desestimado”, aseguró Goldin en declaraciones a la prensa.
Cristina Kirchner presentó una denuncia contra la compañía a principios de agosto pasado, por haber aparecido mencionada en su buscador como “ladrona de la Nación Argentina”. “Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”, había advertido la vicepresidenta. “Por eso, la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”, se preguntaba.
Sus abogados pidieron conservar todos los datos asociados a su nombre desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice el peritaje informático que solicitaban. En el escrito destacaban que, como el mismo buscador afirma tener 3 billones de visitas diarias, y sólo la empresa tiene acceso a los datos de cuánta gente vio o interactuó con esa noticia maliciosa e infamante, es en el planteo crucial esa pericia.
El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero hizo lugar a esa solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación, por considerar “improcedente” el dictado de esa medida, ya que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias.
La Cámara validó la resolución de primera instancia y desestimó la apelación de Google en un fallo en el que subrayó “la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas”.
Ahora, el gigante de internet recurrió al máximo tribunal del país al argumentar que la resolución que se cuestiona “avanza sobre la propiedad privada y los secretos comerciales de Google, y pone en riesgo el derecho a la privacidad y seguridad de la información los usuarios sin ninguna justificación”.
En ese sentido, indicó que “se afecta la seguridad jurídica y la consiguiente paz social” y aclaró que no es “solamente a Google, sino a los millones de usuarios que verán comprometida la confidencialidad de sus datos”.
Y concluyó: “En lugar de garantizar a los usuarios de Internet la seguridad y confidencialidad de sus datos, la resolución recurrida los expone en forma injustificada al escrutinio de un perito cuya confidencialidad nadie puede garantizar. Esta consecuencia trasciende la actividad propia de Google y constituye un supuesto de gravedad institucional”.