El ministro Ricardo Buryaile confirmó que el Instituto Nacional de Semillas realizará los test que imponía la multinacional a las cosechas de los chacareros. Se enviará un nuevo proyecto de ley al Congreso.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció este jueves un acuerdo para desactivar el largo conflicto con la semillera estadounidense Monsanto, que ya había generado nerviosismo tanto en la Casa Blanca como en la Rosada. Según este pacto, avalado por toda la cadena agrícola, de aquí en más será el Estado quien realizará los controles necesarios para asegurarle a Monsanto y a otras compañías de biotecnología el cobro de regalías por sus nuevas tecnologías.
El acuerdo implica que Monsanto “desactivará voluntariamente” en los próximos días todo el andamiaje que había montado para realizar controles sobre la cosecha de soja 2015/16, en busca de productores que hubiesen eludido el pago de los derechos de uso de su semilla Intacta (la segunda generación de soja transgénica). Esto que parece un retroceso para la multinacional no lo sería tanto, ya que de ahora en más se prometió que será el Instituto Nacional de Semillas (INASE) quien tomará a su cargo esos controles y aplicará las sanciones. El organismo también dará a conocer la identidad del infractor, lo que habilitará a Monsanto a iniciar acciones judiciales para reclamar los pagos que correspondan, en base a la Ley de Patentes.
“Entre todos hicimos un esfuerzo enorme en esta negociación, y nadie quedó conforme del todo. Pero lo importante es que aquí quedó claro que hay facultades que son indelegables y que debe ser el Estado quien ejerza el control de la legalidad en el mercado de la semilla”, destacó Buryaile, quien desde su asunción se opuso al sistema de controles a los productores que había impuesto Monsanto en connivencia con los principales exportadores de granos.
Según este esquema privado, a cada camión de soja que arribaba a un puerto o a un acopio se le hacía una suerte de “test genético” para determinar o descartar la presencia del gen Intacta. Si el análisis daba positivo y el productor no podía demostrar que había pagado previamente los derechos a Monsanto, entonces se le aplicaba un descuento compulsivo. Por la existencia de dicha “cláusula” se habían puesto en pie de guerra las entidades agropecuarias, que incluso recurrieron a la Comisión de Defensa de la Competencia.
Según explicó Buryaile, el Gobierno “nunca objetó el qué (la decisión de Monsanto de defender sus derechos a cobrar una retribución justa por sus innovaciones) sino el cómo (el sistema utilizado para hacerlo, que implicaba un avasallamiento sobre la legislación local)”. Por eso la decisión salomónica fue transferir dichos controles al INASE, de modo que sea un organismo público el que aplique las sanciones. Mañana se publicaría la resolución respectiva. Y para el lunes se prometió la homologación oficial de dicho test, que curiosamente no fue pedida a Agroindustria por la propia Monsanto sino por la empresa local Bioceres.
De todos modos, como el INASE no cuenta con suficiente capacidad como para analizar toda la presente cosecha, se impulsarán de inmediato una serie de convenios con entidades de la cadena, en especial las Bolsas de Cereales. Este mecanismo intermedio, que se denominaba “Bolsatech”, ya había sido propuesto hace varios meses, pero no prosperó porque se mantenía el cobro compulsivo a los productores.
El vicepresidente de Monsanto Argentina, Fernando Gianonni, informó que a raíz del acuerdo su compañía dejará sin efecto esa bendita “cláusula”, pero mostró cautela a la espera de ver si el nuevo sistema de control se pone en marcha con buenos resultados. No adelantó si volverán a traer a país las tecnologías que dijeron que iban a discontinuar a raíz del conflicto. “Somos optimistas en que se va a lograr el cometido. Pero vamos a seguir persiguiendo el cobro de nuestra tecnología”, indicó el ejecutivo, que destacó que unos 11.000 productores (sobre un universo de unos 70 mil) aceptaron voluntariamente pagar los derechos reclamados por la Intacta.
En este sentido, Buryaile fue claro que el Estado respetará el derecho de los productores a pagar cómo y cuánto quieran por las diversas tecnología (no solo la Intacta sino las que se sucedan en el futuro), siempre y cuando sea a la hora de adquirir una bolsa de semillas. Monsanto, por su lado, también fue terminante: para los infractores que detecte el INASE tras la cosecha tiene pensando recurrir a la justicia amparada en sus patentes.
La fórmula para llegar a este acuerdo será transitoria, pues en agosto el Gobierno prometió enviar a la Cámara de Diputados un anteproyecto para actualizar la Ley de Semillas vigente desde 1972. Según Buryaile, con ese nuevo marco legal se espera dar una solución más duradera al conflicto, que aunque no llegó a empañar la buena relación entre los gobiernos de Argentina y los Estados Unidos, ya había comenzado a formar parte de la agenda diplomática bilateral.
El propio Mauricio Macri, unas semanas atrás, pidió a sus funcionarios que buscaran un acuerdo de modo urgente. Quien timoneó las negociaciones y se ganó las felicitaciones de todos fue el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo “Willy” Bernaudo.