Criminalizar la denuncia: un retroceso peligroso para la democracia argentina
En tiempos donde la desinformación parece marcar la agenda parlamentaria, la democracia argentina se enfrenta a un dilema ético y jurídico fundamental. Mientras los organismos internacionales reclaman mayores garantías para las víctimas de violencia, surge en el Congreso una preocupante ofensiva legislativa: la creación de tipos penales que, lejos de buscar la verdad, parecen diseñados para silenciar a mujeres y niños.
El peligro de legislar sin evidencia
El debate actual carece de rigor empírico. Se proponen agravantes punitivos bajo la premisa de combatir "falsas denuncias", un fenómeno que las estadísticas judiciales sitúan en porcentajes marginales. Al centrar el esfuerzo legislativo en castigar a la denunciante, se ignora la ineficacia estructural del sistema de justicia y se construye una barrera de miedo que desincentiva la protección de las infancias.
Seguridad jurídica vs. Desprotección estatal
Invocar la "seguridad jurídica" para endurecer penas contra quienes denuncian maltrato es una contradicción peligrosa. La verdadera seguridad jurídica nace de un Estado que protege de forma eficaz, no de uno que amenaza con la cárcel a las víctimas y a sus redes de acompañamiento.
La respuesta estatal no puede ser el castigo a la palabra. Erradicar la violencia requiere fortalecer los sistemas de cuidado y asegurar que el camino hacia la justicia no sea una nueva forma de tortura institucional. Penalizar la denuncia es, en última instancia, enviar un mensaje claro a la sociedad: el silencio es el único refugio seguro. Una democracia sana no puede permitirse ese retroceso.
Por Matías Pintos