El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, ha informado sobre la continuidad del funcionamiento de los distintos espacios testimoniales sobre el terrorismo de Estado, desplegados por el kirchnerismo en la ex ESMA. Además de las tareas que desarrollan las organizaciones de madres, abuelas e hijos de cerca de una decena de miles de desaparecidos, asesinados o caídos en combate en los ’70 que integran el “Ente Espacio para la Memoria”, se propone “democratizar” la ex ESMA y convertirla en un “verdadero campus de derechos humanos”, no sólo del pasado sino del presente y futuro tanto en la Argentina como en el ámbito internacional. Con ese fin ha invitado a la ONU, UNICEF e INADI a instalarse en el predio. Sería democrático que también invitase a ocupar algún espacio de la memoria histórica a familiares, defensores y compañeros de víctimas de la violencia guerrillera y terrorista de aquella década, y a las esposas, hijos y nietos que sufren la prisión de sus maridos, padres y abuelos –militares, policías, gendarmes, prefectos y civiles- en cárceles comunes y en pésimas condiciones.
Ellos están aglutinados en varios grupos: las asociaciones de familiares y amigos de las víctimas del accionar terrorista y guerrillero en los ´60 y ´70; las promociones de camaradas de uniformados asesinados, a los que podrían agregarse los compañeros de “colimba” de los soldados conscriptos muertos por el accionar insurgente; la agrupación de esposas y la de “Hijos y Nietos de Presos Políticos” como califican sus descendientes a los ex jóvenes uniformados que ya han superado con creces los ’60, ’70 y más años, procesados y/o condenados bajo cargos de lesa humanidad, apresados desde el 2005 en adelante por su participación subordinada a los mandos medios y superiores en la “guerra sucia” (unos 360 de ellos ya fallecidos en prisión); la asociación de “Abogados por la Justicia y la Concordia” que ha denunciado como “venganza judicial” la transgresión en tales juicios de garantías constitucionales y numerosas normas penales y procesales, nacionales e internacionales, que violan los DD.HH. de sus defendidos. ¿Se convertiría así la ex ESMA en un campus de memoria, pero completa, que ayudaría a la verdad, la justicia, la compasión y la reconciliación? ¿O en esa guerra fratricida hubo víctimas de primera y de segunda, sólo las primeras dignas de memoria?
Para rendir culto a las memorias y a la historia construida sin fines ideológicos sobre testimonios y documentos fehacientes, y aportar a las nuevas generaciones todos los recuerdos sobre lo ocurrido desde mediados de los ’60 hasta fines de los ’80, tanto durante los cortos períodos constitucionales como bajo los ciclos dictatoriales cerrados en diciembre de 1983, el gobierno de “Cambiemos” debería incorporar en uno de los espacios de la ex ESMA registros testimoniales y documentales sobre las alrededor de 700 víctimas de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, además de decenas de civiles. La mayoría asesinados en situación de indefensión y una minoría caídos en acción frente a las organizaciones armadas revolucionarias, especialmente la guerrilla montonera y erpiana de los ´70 y el pelotón perdido de los ´80 en La Tablada. Fue una guerra contra el Estado, tanto en períodos de pacíficos gobiernos civiles con legitimidad de desempeño (A. Illía), como durante la dictadura de 1966 a 1973, y regímenes legítimamente democráticos (H. Cámpora, R. Lastiri, J. D. Perón, Isabel, R. Alfonsín), la que explosionó en 1974/1975 con el criminal ataque guerrillero a cuarteles y bases, el terrorismo para estatal de las “AAA”, y la tortura y desaparición forzada de oponentes en armas, u opositores desarmados, durante el “Operativo Independencia” en Tucumán, prólogo siniestro del videlato. Una “guerra civil larvada” que cargaron en su mochila políticos venales, mandos militares y guerrilleros inmorales y la mayoría de la sociedad aliviada con la aniquilación de la guerrilla sin reparar demasiado –o en la ignorancia- de los horrores orwellianos de la “vaporización” de gente calificada de subversiva en calles, trabajos y casas.
En el ámbito de la Pcia. de Bs. As. ha sido designado Secretario de DD.HH. el argentino Santiago Cantón, quien previo a desempeñarse como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH. en la OEA entre 2001 y 2012, desde dónde fue crítico implacable del régimen chavista-madurista por sus progresivas violaciones a las libertades públicas y privadas de los venezolanos, fue entusiasta colaborador desde el Partido Demócrata norteamericano y su National Democratic Institute en la transición argentina de la dictadura a la democracia de principios de los ´80 a principios de los ´90, en especial en el campo de las relaciones cívico-militares. Cantón, asesor del frente UNA y de la candidatura de Sergio Massa en las últimas elecciones, considera a nuestro país un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad en materia de violación de DD.HH. Pero afirma que en un verdadero Estado social de derecho se necesita una concepción más integral y transversal de la vigencia de los DD.HH. en la que los ministerios de Economía, Salud, Educación, Infraestructura, Trabajo y Seguridad incorporen una especial atención sobre aquellos derechos inviolables que sus acciones deben proteger y promover, o pueden perjudicar. Y advierte que éxito y la perdurabilidad de tal política de Estado en DD.HH. depende del consenso político y social para llevarla a cabo. Según Cantón el pasado sería el “prólogo” de los nuevos desafíos encabezados hoy por la violencia de género. Aterrizar desde Washington en La Plata será un tránsito durísimo. Lo acechan las secuelas perversas de la década perdida.
*Gustavo Adolfo Druetta: sociólgo y periodista
