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Espionaje político en España: destituyen a la directora de los servicios secretos

Paz Esteban, la primera mujer nombrada al frente de los servicios secretos españoles, admitió la semana pasada que los teléfonos de independentistas catalanes habían sido espiados por sus servicios. El asunto llega en el momento en que el Gobierno español confirmó a principios de este mes, que el teléfono oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también había sido hackeado, a través del mismo software de espionaje.

La decisión parece haber sido tomada ya hace unos días. Tras el escándalo provocado por la revelación de las escuchas ilegales de los teléfonos de numerosos independentistas catalanes, la ministra de Defensa del país, Margarita Robles, anunció el martes 10 de mayo el despido de la directora de los servicios de inteligencia españoles, Paz Esteban. La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, la sustituirá en el cargo.

Esteban fue la primera mujer nombrada en 2020 para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI).

El jueves 5 de mayo, admitió que 18 independentistas catalanes habían sido espiados por sus servicios, pero “siempre con la luz verde de la justicia”, y por tanto “legalmente”, según defendió. 

La semana pasada, la jefa de los servicios de inteligencia fue interrogada durante casi cuatro horas por la comisión parlamentaria de secretos oficiales, que se reunió a puerta cerrada.

Según medios de comunicación españoles, los parlamentarios pudieron consultar las órdenes emitidas por un juez que autorizaba la vigilancia de algunos de los activistas independentistas. Sin embargo, fuentes gubernamentales, citadas por medios de comunicación, aseguran que el Ejecutivo español no había sido informado.

El asunto estalló el mes pasado tras la publicación de una larga investigación por la organización canadiense, Citizen Lab, especializada en programas de espionaje.

Citizen Lab aseguró haber identificado a más de 60 personas del movimiento separatista catalán -mucho más de las 18 mencionadas por la jefe de inteligencia- cuyos móviles habrían sido hackeados entre 2017 y 2020 por el software Pegasus.

Según Esteban, los otros 40 independentistas podrían haber sido blanco de “un gobierno extranjero” o de los organismos de seguridad españoles “que sobrepasaron los límites legales”.

Como consecuencia del escándalo: una grave crisis entre el Gobierno y los independentistas catalanes

El escándalo ha desencadenado una crisis entre el Gobierno del primer ministro, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes, que amenazaron con retirarle su apoyo en el Parlamento.

El actual presidente regional catalán, Pere Aragonès, que se encuentra entre los espiados, pidió la semana pasada la dimisión de la jefe de los servicios de inteligencia y exigió la desclasificación inmediata de los documentos que permitieron los hechos.

La decisión de destituir a Paz Esteban fue tomada de forma relativamente rápida por el Gobierno español, lo que muestra la voluntad de Sánchez de cerrar cuanto antes una de las crisis más graves de la legislatura.

Los diputados independentistas también anunciaron acciones judiciales y demostraron su enfado cuando votaron en contra del plan de ayuda económica del Gobierno, para hacer frente a la inflación provocada por la guerra de Ucrania. El texto fue aprobado por poco gracias a los votos de los independentistas vascos de izquierda.

La derecha española criticó el despido de la jefa de inteligencia como una cesión ante los independentistas catalanes.

Una crisis que se suma a otra

Pero los acontecimientos tomaron una dimensión aún más grave cuando el Gobierno anunció a principios de mayo que Sánchez y su ministra de Defensa, Robles, habían sido también espiados hace un año con el mismo software, así como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

El Gobierno español se negó a atribuir con precisión los ataques informáticos y aseguró que se trataba de ataques “ilícitos y externos”, descartando que fueran cometidos por los servicios de inteligencia españoles.

Madrid no especificó qué servicio de inteligencia o país podría estar detrás de los ataques, pero la inteligencia marroquí es la principal sospechosa de estos hackeos de alto nivel; que además se produjeron en el momento de la violenta crisis diplomática entre Madrid y Rabat, sobre el tema de los migrantes. 

El 20 de mayo de 2021, Rabat había relajado sus controles fronterizos con el enclave de Ceuta, permitiendo que más de 8.000 migrantes llegaran al territorio español. Robles había calificado esta afluencia como “una agresión a las fronteras españolas, pero también a las de la Unión Europea” y denunció el “chantaje” de Marruecos, al que acusó de “utilizar a menores”. 

Las investigaciones del “Proyecto Pegasus” demostraron, en el verano de 2021, que Marruecos había utilizado Pegasus para atacar a abogados, periodistas o activistas de derechos humanos en múltiples países, entre ellos España y Francia. Rabat, por su parte, rechazó estas acusaciones.

Desarrollado por la empresa israelí, NSO Group, Pegasus es un software muy potente y especialmente intrusivo. Una vez instalado en un teléfono, puede recoger todos los datos almacenados en él, e incluso los mensajes intercambiados a través de aplicaciones supuestamente seguras como WhatsApp o Signal. 

Según las autoridades españolas, se extrajeron alrededor de 2,7 gigabytes de datos del teléfono de Sánchez tras ser hackeado, y 9 megabytes del teléfono de la ministra de Defensa, Robles. 

Se trataba de sus teléfonos oficiales, proporcionados por el Estado, y no de sus teléfonos privados.

El Gobierno aún no conoce “la naturaleza de la información robada y su grado de sensibilidad”, pero el hackeo del teléfono de Sánchez es el primer ataque confirmado a un jefe de Gobierno en funciones. 

Cabe mencionar que tras este escándalo, la eficacia del CNI está en todas las conversaciones por el agujero de seguridad que permitió que se espiara al teléfono del presidente del Gobierno, pero también porque eso sucedió meses atrás sin que los servicios secretos se dieran cuenta. Y es que, si no fuera por la investigación de Citizen Lab, el ataque contra el móvil de Sánchez no hubiera sido analizado.