El Supremo confirma que Carles Puigdemont y otros exconsejeros no recibirán amnistía por malversación relacionada con el referéndum ilegal del 2017.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del juez instructor Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación por el que están procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Esta decisión judicial representa un nuevo capítulo en el prolongado proceso legal del “procés” independentista.
La resolución judicial: detalles clave
Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola han desestimado los recursos de apelación presentados por las defensas, considerando que la decisión inicial de Llarena “no contraviene la voluntad del legislador”. El proceso comenzó en julio cuando el instructor rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación, postura en la que se ratificó en septiembre tras un primer recurso de reforma.
Durante la vista pública celebrada el 10 de julio, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se mostró favorable a los recursos, argumentando que el instructor se “inventa” que los encausados experimentaran un enriquecimiento personal al utilizar fondos públicos para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
El delito de malversación que se imputa a Puigdemont y los otros exconsejeros está relacionado con el uso de fondos públicos para la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el criterio judicial, esta conducta queda excluida de la aplicación de la Ley de Amnistía.
La resolución del Tribunal Supremo marca un precedente importante en la interpretación de los límites de la Ley de Amnistía, especialmente en lo referente a los delitos económicos, señalando una clara diferenciación entre los actos políticos amnistiables y aquellos que implican disposición irregular de fondos públicos.
El futuro judicial del caso: posibles escenarios
Esta decisión no cierra definitivamente el proceso judicial contra Puigdemont, sino que mantiene vigente la orden de detención por el delito de malversación, lo que significa que si regresara a territorio español podría ser detenido y juzgado por este delito.
Las defensas todavía podrían recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional, alegando posible vulneración de derechos fundamentales, y eventualmente llegar a instancias europeas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Puigdemont continúa siendo uno de los más complejos del panorama judicial español, con importantes implicaciones políticas tanto para Cataluña como para el conjunto del Estado español.
Podemos leer en un tweet de Puigdemont: “La sentencia del Tribunal Supremo de desestimar la aplicación de la Ley de Amnistía no es ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma. La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación de un supuesto delito de malversación”.
¿Quién es Puigdemont y cómo empezó todo?
Carles Puigdemont i Casamajó nació en Amer (Girona) en 1962. Su trayectoria política comenzó en el ámbito municipal, siendo alcalde de Girona entre 2011 y 2016, antes de convertirse en el 130º Presidente de la Generalitat de Cataluña en enero de 2016, sustituyendo a Artur Mas.
Su presidencia estuvo marcada principalmente por el impulso del proceso independentista catalán, que culminó con:
- La aprobación de las denominadas “leyes de desconexión” en septiembre de 2017.
- La celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
- La declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Tras estos acontecimientos, y ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Puigdemont se trasladó a Bélgica el 30 de octubre de 2017, donde ha permanecido en situación de autoexilio para evitar la acción de la justicia española. Desde entonces, ha mantenido su actividad política como eurodiputado (2019-2024) y líder de Junts per Catalunya.
Por Jesús Maturana-Euronews