Los extitulares de la AFI macrista repitieron estrategia ante el juez: silencio y acusaciones de incompetencia. Buscan que la causa vaya a Comodoro Py.
Silencio y diatriba son los denominadores comunes en la estrategia que llevan adelante Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjerarcas de la AFI macrista, ante cada cita judicial en las que fueron llamados a declarar en el marco de indagatorias acusados de espionaje ilegal. Ambos se negaron a responder preguntas ante el juez Federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de vigilancias por fuera de ley en contra de personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, en su mayoría exfuncionarios kirchneristas.
El primero en acudir esta semana a la cita fue el ex “Señor 5”. “Quiero comenzar negando terminantemente haber cometido algún delito, nunca ordené, promoví ni convalidé actividades de inteligencia ilegal durante mi gestión y nunca me fueron pedidas u ordenadas por persona alguna”, sostuvo Arribas ante Auge.
En segundo turno se presentó la ex “Señora 8”, sospechada de ordenar colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “Sigo pensando que ustedes no son competentes, no reconozco la competencia de usted, doctor Auge, ni de la fiscalía, ni la jurisdicción”, dijo brevemente en lo que fue su tercera indagatoria en esa sede jurisdiccional.
“No voy a declarar a pesar de tener un montón de cosas para explicar, lo voy a hacer una vez que la competencia y la jurisdicción estén definidas”, concluyó, tras lo cual se dio por finalizada la audiencia.
Ambos acusados (y procesados en varias causas) entienden que deben ser investigados en la sede de la justicia federal ubicada en Comodoro Py 2002, un terreno judicial amigable para el macrismo. Pero, por el momento, eso no sucederá. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la competencia del juez Auge para seguir adelante con la causa en la que participan como investigadores los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La Cámara también confirmó la validez de las órdenes de detención y declaraciones indagatorias dispuestas en la investigación por espionaje ilegal por el anterior juez del caso, Federico Villena, quien luego fue desplazado de la pesquisa.
Arribas y Majdalani ya estuvieron dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes políticos, sociales, gremiales y religiosos) y ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso Marcelo D’Alessio. En total, fueron indagados en cuatro oportunidades entre Lomas de Zamora y Dolores.
Quien sí declaró fue el exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Leandro Araque, quien apuntó a un exmagistrado de la causa. Aseguró que no participó de las supuestas maniobras de espionaje ilegal contra personas detenidas y sostuvo que quien debería dar explicaciones por ello es el juez Villena, a quien acusó de haberlas avalado.
El acusado Araque, que también pasó por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es el dueño del teléfono celular en el que fue hallada la mayor parte de la información que nutrió la causa, como los intercambios que se detectaron en el grupo de Whatsapp de exagentes de la AFI conocido como Súper Mario Bros.
“Nunca hice espionaje sobre ningún detenido, nunca mandé a nadie a hacerlo, no mandé a nadie a cablear el penal de Ezezia”, afirmó Araque en la primera parte de su breve descargo, tras el cual no aceptó responder preguntas ni del juzgado ni de la fiscalía, según reconstruyó la agencia Télam.
Tras rechazar la acusación en su contra, el exespía declaró que “al que le tendrían que preguntarle (por el espionaje en cárceles) es al doctor Villena, que es el que avaló todas esas cuestiones”. Y se preguntó: “¿Cómo justifica un año y medio de intervenciones (al teléfono público del penal de Ezeiza) sin un dato relevante para la causa?”.
Villena es el primer juez que tuvo la causa en la que se investiga el espionaje ilegal y fue apartado por la Cámara Federal de La Plata, que consideró que los hechos que se investigan en la presente causa guardan “estrecha relación” con las medidas adoptadas por el propio magistrado en las causas conocidas como “G-20” y “Segovia” –por la cual se intervino un teléfono público del penal de Ezeiza.
Durante su indagatoria, Araque se refirió a esos expedientes y sostuvo que el hecho de que a Villena “lo engañaron con el G20, lo engañaron con el Instituto Patria y lo engañaron con Ezeiza” da para preguntarse si “fue cómplice o es un idiota”, tras lo cual dijo que la segunda opción no era la que le cerraba.
Por Martín Soler – Letra P