El debate interminable que se inició ayer en la Cámara de Diputados es una expresión cifrada de las principales disputas de poder que se desarrollan hoy en el país. Detrás de la esgrima legislativa se libra una interna que está reconfigurando al peronismo. Los sindicatos, como las grandes empresas, resisten una ley que los obligue a liberar información.
Los gobernadores de la oposición colaboran con el Poder Ejecutivo a cambio de un blindaje financiero que les devuelva autonomía. En un escalón más profundo, más secreto, se registran forcejeos por la impunidad. La agitación de los Tribunales tiene un efecto principal sobre el Congreso: miedo. En el fondo del cuadro están las elecciones. Para la opinión pública pueden ser una abstracción. Pero la clase política ya está en campaña.
La sesión de los diputados y la reunión de los gobernadores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en Córdoba, no fueron fenómenos aislados. El peronismo federal venía quejándose por las dilaciones de Frigerio en ir restituyendo el 15% de la coparticipación que derivan a la Anses. Ayer consiguieron que, además del 3% de este año, se apruebe una ley para extenderles créditos con recursos de la Anses. Es la única “caja” que el kirchnerismo no terminó de dilapidar. El Gobierno también la observa con codicia.
La lista del interior es larga: algunos mandatarios del PJ pretenden que la restitución del IVA a los más vulnerables salga sólo de la recaudación nacional. El abogado parlamentario de esta reticencia es Axel Kicillof. Extraña solidaridad aprendida de Perón y Evita. O de Carlos Marx. Nunca está claro.
A cambio de estos beneficios, los gobernadores ofrecieron un compromiso retórico: no hostigar a Mauricio Macri cuando vete la doble indemnización. Según las explicaciones que se escuchaban anoche, ni siquiera se acordó aprobar el pliego de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte. Ese trámite está detenido hasta que Frigerio libere los caudales prometidos. Aunque Elisa Carrió atribuye el bloqueo a Ricardo Lorenzetti. Sea como fuere, la Casa Rosada canjeó dinero virtual por clemencia discursiva. Prodigios de la nueva política.
Macri aspira a anular el cepo a los despidos con el menor costo posible. Esto significa liquidar la discusión cuanto antes y evitar, sobre todo, que le contesten con un paro general. Esos objetivos determinaron su estrategia parlamentaria.
Dado que no contaban con los votos para rechazar el proyecto procedente del Senado, los diputados oficialistas eligieron el mal menor: que se sancione sin modificaciones. Al menos era la táctica planeada al cierre de esta edición. Emilio Monzó sometería a votación el dictamen del Frente para la Victoria, calculando que los renovadores de Sergio Massa votarían en contra. Cambiemos, en vez de rechazarlo, se abstendría. Así la ley sería aprobada sin retoques y no debería regresar a la otra cámara. Además, Hacienda ahorraría los $ 50.000 millones previstos en el proyecto de Massa para subsidiar a las Pymes.
Anoche se ignoraba si la martingala oficialista tendría éxito. Pero estaba clara la intención: no dar un triunfo a Massa y, si fuera posible, producir divisiones en su bloque. Algunos de sus diputados sindicales podrían apoyar el texto kirchnerista. Fascinante paradoja: los feligreses de Macri convergen con los de Cristina Kirchner. Todos contra Massa.
Macri todavía debe asegurarse que no habrá una huelga general. Por eso las “cajas” sindicales fueron ayer la bisagra de otra negociación en el recinto. Los diputados discutieron una norma que obliga a los organismos que se financian con recursos públicos a abrir sus archivos. A último momento se excluyó a las empresas con participación estatal pero que cotizan en bolsa, que ya están obligadas a la transparencia informativa. También se comenzó a analizar, por iniciativa del diputado Héctor Daher, del sindicato de Sanidad, que queden exentas las obras sociales, que captan aportes de sus afiliados por imperio de una ley. Cambiemos aceptó que el texto se modifique en el Senado.
Descartado el paro general, Macri se prepara a anular la doble indemnización. El veto fue concebido cuando se inició el debate. El Presidente está convencido de que el rechazo al cepo al empleo es una señal contundente sobre las condiciones que ofrece la Argentina para la inversión. Sabe que, sin inversión, su gestión fracasaría.
Además de fijar este criterio general, en la Casa Rosada ven una oportunidad. Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba consumen encuestas en las que el 75% de los ciudadanos, cualquiera sea su preferencia electoral, está preocupado por la inflación. Sin embargo, el temor al despido se limitaría a quienes apoyan al Frente para la Victoria, en especial a Cristina Kirchner. Allí están los votantes a los que Daniel Scioli atemorizó con la perspectiva de un ajuste despiadado. Quiere decir que, según esta hipótesis, la base oficialista no dramatiza el repudio a la doble indemnización.
En este marco, Macri apuesta a sacar del veto una victoria. Hasta contempla la posibilidad de explicarlo por cadena nacional. Después de todo, Hernán Lombardi explicó ayer que la gente sufre de abstinencia. Macri se propone presentar como populistas a quienes quedaron en la vereda de enfrente. Una descalificación que no dañaría tanto al FPV como a Massa. Él es el responsable de liderar una modernización conceptual del peronismo.
El Gobierno busca establecer una tensión con Massa. Así como sueña clasificarlo con el kirchnerismo en la discusión sobre el empleo, quiere encerrarlo en el mismo cuadrante en un debate más amargo: el de la corrupción. El simulacro de mani pulite que se desató desde la justicia federal comenzó a generar miedo en el Congreso. En la Cámara de Diputados hay tres figuras relevantes amenazadas: Máximo Kirchner, uno de los dueños de Hotesur; Axel Kicillof, procesado por la venta de dólares futuros; y Julio De Vido, que está a punto de reemplazar a Ricardo Jaime como primera figura de la crónica policial.
La respuesta al riesgo es muy diversa. En La Cámpora sólo interesan los Kirchner: Máximo y su madre. El monto de impunidad disponible será gastado en ellos. Kicillof, por su parte, está enfadado por el fallo de Claudio Bonadio, pero confía en que esa causa es la más débil desde el punto de vista jurídico. Y tal vez tenga razón. En cambio De Vido ve avanzar la noche, en especial porque el oficialismo lo tiene en la mira. Ayer Laura Alonso consiguió que la Oficina Anticorrupción sea aceptada como querellante en el caso de la masacre de Once, donde el ex ministro fue procesado por Bonadio. Y el juez Sebastián Casanello giró al fiscal Guillermo Marijuan el pedido de Héctor Recalde, jefe del bloque de De Vido, para que incluya a Angelo Calcaterra, el primo del Presidente, en la causa contra Lázaro Báez. Para De Vido festejar sería un error. Si se demostrara que Calcaterra tuvo beneficios irregulares con la obra pública, Macri tendría un costo de imagen. Pero él agravaría su calvario judicial. Para Marijuan, hostigar a Calcaterra plantea un dilema: desde que se entrevistó dos veces con Macri -a instancias de Gabriel Hochbaum, un amigo de De Vido-, en los tribunales suponen que quedó listado para reemplazar a su jefa, Alejandra Gils Carbó. El mayor problema para De Vido no está en Tribunales. Está en el Congreso. El oficialismo pretende, en dos semanas, llevar al recinto el proyecto de Pablo Tonelli, para que el juez Luis Rodríguez pueda allanar el domicilio del ex ministro. Una nueva encrucijada para Massa, quien fue colega de gabinete del acusado.
La agenda de reparación moral tiene para Macri, como el cepo anti-despidos, una doble dimensión. Es una respuesta a quienes lo votaron con la expectativa de una regeneración. Y es una estrategia electoral. Las dos dirigentes que hoy mejoran más en las encuestas son Margarita Stolbizer y, sobre todo, Elisa Carrió. Por eso la Casa Rosada respalda la candidatura de Carrió para senadora bonaerense. Ella ya se lanzó. Inició su campaña en Quilmes, la cuna de Aníbal Fernández. Después se enfocó en Lorenzetti, a quien anoche, en el recinto, volvió a atribuir una sociedad con Carlos Zannini. ¿Macri está detrás de esa embestida? ¿Es su secreta represalia por el fallo de la coparticipación? Son incógnitas accidentales. La carrera de Carrió es por la senaduría. Por eso su verdadero blanco es Massa.