Aunque aún suena lejano un triunfo electoral, el gobierno ya hace planes para un segundo mandato. Una de las reformas pendientes es la del sistema de jubilaciones. Enterate qué propone el oficialismo cambiar del régimen jubilatorio.
El gobierno trabaja en forma sigilosa en el armado de un nuevo equipo de gobierno para un eventual segundo mandato que pueda avanzar con las políticas pendientes. Uno de los temas fundamentales es la reforma previsional, hoy pedida por el FMI pero cuyo debate estaba previsto por la ley de Reparación Histórica de 2016.
Así, se buscará hacer sustentable el sistema (no con una mega ley al estilo de la que promueve en Brasil Jair Bolsonaro) sino con varias “correciones” al actual esquema. De esta manera, el gobierno buscará evitar el freno que podría ponerle un eventual Congreso aún más opositor que el de hoy en día.
La idea que se evalúa es enviar leyes por separado para igualar la edad de jubilación de mujeres y hombres, dividir la financiación de las jubilaciones contributivas de las no contributivas y reducir los regímenes especiales que, según el gobierno, requieren cuantiosos recursos para ser solventados.
En diciembre pasado, Mauricio Macri pidió al ex ministro de Producción y actual titular del BICE, Francisco “Pancho” Cabrera que nuevamente lleve adelante la tarea que hizo en la Fundación Pensar hasta octubre 2015, para trazar un futuro mapa de gobierno. Ahora lleva a cabo “un trabajo ingenieril” para analizar la gestión de cada ministerio en estos 3 años y medio “para saber lo que falta”: se trata de delinear “iniciativas para un segundo mandato, políticas que no se pudieron concretar y evitar los cuellos de botella en la gestión y dar prioridades”, explicó una fuente gubernamental consultada. Respecto al diseño del futuro gabinete, la fuente admitió que «se está pensando en otro esquema» desechando el organigrama que empezó a funcionar el 10 de diciembre de 2015: el malogrado “mejor equipo de los últimos 50 años”. Cabrera también recibe aportes de sus pares de la Fundación Alem (de la UCR) y de la Hannah Arendt (de la Coalición Cívica).
El ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que sigue vinculado al Ejecutivo nacional y provincial, también es una fuente de consulta para un eventual segundo mandato de Macri. En privado, admite que colabora con Carolina Stanley en Desarrollo Social para diseñar políticas de esa cartera para los próximos años.
Pero para la ansiada reforma previsional Cabrera delega los cambios en el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso a cargo del organismo desde el comienzo de la era macrista e impulsor de los cambios implementados en el sistema. El funcionario, que hace 5 años compartió debates con “Pancho” por los planes de gobierno que se mentaban en la Fundación Pensar, sí se asesora con Miguel Braun, segundo en Hacienda y con quien monitorea el costo fiscal de cada enmienda.
En el Ejecutivo aseguran que la reforma es fundamental “para dar previsibilidad” al país. Y en la Anses sostienen que desde 2016 han implementado 7 “pequeñas” reformas al sistema: una de ellas tiene que ver la regulación de los regímenes especiales por los que muchos beneficiarios cobran más por zona o actividad desfavorable. Es el caso de los petroleros patagónicos donde el organismo promovió que los petroleros difieran un 2% más de aportes.
Con todo, se pudo saber algunos de los cambios que se estudian para reformar el sistema de jubilaciones en caso que Macri reelija. Descartada la idea de una megareforma al estilo Bolsonaro -en ese país la legislación actual es más flexible y sólo requiere para otorgar un beneficio 30 años de aporte-, sí se piensa “en un modelo se reformas sucesivas de forma continua”. Es decir, cambios mediante leyes y resoluciones que vayan modificando la estructura del sistema. En el gobierno saben que desde el 10 de diciembre la composición de Diputados, por caso, va a ser más adversa con un kirchnerismo más vigoroso que haría imposible conseguir votos para un cambio integral del sistema.
Empero, en el oficialismo remarcan que otro aspecto a considerar, según se desprende de los análisis previos, será el factor “justicia”. Esto es, en el gobierno evalúan que la actual composición de la Corte Suprema falló “políticamente” volteando el cambio al cálculo jubilatorio y estableciendo el índice “ISBIC” en el denominado fallo “Blanco” y también en otra acordada en la que este año declaró «inconstitucional» el cobro de Ganancias a los jubilados. “Necesitamos apoyo y que no tire para atrás las reformas”, se sinceró un funcionario consultado. En este sentido, el Ejecutivo podría reflotar, en caso de un triunfo electoral, el proyecto para ampliar la Corte Suprema con el que había amagado hace unos meses en ocasión de la presunción de una acción dilatoria del máximo tribunal para el inicio de la causa de la obra pública contra Cristina Kirchner.
Como nunca se avanzó con el Consejo de Sustentabilidad Previsional, al que llamaba la ley de Reparación Histórica para reformar el sistema en 2019, ahora se evalúa implementar estas correcciones parciales. Hasta ahora no hubo plafón político y entonces los optimistas del gobierno, que creen en un triunfo electoral, prevén que el año próximo podrían convocarse profesionales y sindicalistas, además de funcionarios, a esa mesa de debate pero para complementar la tarea en marcha. Se confía en la “mano” de Miguel Pichetto para acercar posiciones en ese ámbito legislativo.
Con todo, una de las reformas proyectadas busca igualar la edad de varones y mujeres en 65 o eventualmente en 70, en forma voluntaria. Es que el Ejecutivo quiere traspasar al sistema no contributivo las jubilatorias por moratoria, la mayoría correspondientes a mujeres, para oxigenar así el sistema: las pensiones se financiarían con el Tesoro y no con la seguridad social. “Necesitaríamos mucha espalda y acuerdos políticos”, aseguran desde el oficialismo. De este modo, se intentaría diferenciar las jubilaciones contributivas de las que no y pasarlas a las denominas PUAM (pensiones universales que creó el sistema aprobado en 2016).
En una época de “igualdad de derechos” en temas de género, se buscaría aliviar la carga sobre el sistema de este grupo: en Anses aseguran que hoy existe “casi el doble” de jubilaciones de mujeres que las de hombres debido a la mayor inclusión que logró la moratoria previsional y de la mayor expectativa de vida de las mismas. “Por año se jubilan 200 mil mujeres y la mitad no tienen 30 años de aportes”, puntualizan en el organismo.
Según los últimos números de Anses, hoy cobran por ventanilla del estado 6.932.604 jubilados y pensionados, de los cuales 3.641.444 (53%) son por moratoria. A este último universo se intentaría pasar a la pensión universal, que es financiada por el Tesoro y no por el sistema previsional.
Los proyectos buscarían, asimismo, ahorrar costos regulando los regímenes especiales que otorgan beneficios más onerosos a jubilados del servicio exterior y del poder judicial, por caso. También se intentaría formalizar por ley -se intentó vía resolución y fue frenado por la justicia- los pagos de beneficios por zona desfavorable: en la Patagonia cobran entre un 20% y 40% más y en el gobierno lo tildan “de injusto” considerando que en zonas del nordeste, las más pobre del país, no cuentan con esa protección.
También está en estudio una reforma ya implementada en otros países: la viabilidad del “doble beneficio”, es decir, jubilados que cobran un haber y una pensión ante el fallecimiento de un cónyuge.
Aunque falta mucho para el 27 de octubre y aún aparece lejano un triunfo del oficialismo -es muy probable que los comicios presidenciales se diriman en el balotage del 22 de noviembre-, el gobierno diseña nuevos planes de gobierno en caso que sea confirmado por las urnas. Algo similar ocurre en La Plata, donde María Eugenia Vidal -que tiene una elección aún más complicada que la de Macri al no contar con la posibilidad de revertir un escenario adverso en una segunda vuelta- analiza implementar en caso de ser reelecta un gabinete “con 50% mujeres” y, simbólicamente, quiere entregar la cartera de Justicia a una ministra.
Por Emiliano Russo – Border Periodismo