La medida, impulsada por un legislador del PRO y otro cercano al gremialista Viviani para cercar a Uber, prevé denegar el servicio de internet cuando se detecten conductas ilícitas. Amplio rechazo de académicos y usuarios.
Un proyecto de ley firmado por un legislador macrista y otro vinculado al gremio de los taxistas permitiría a los fiscales bloquear medios de comunicación sin que medie la orden de un juez. El texto de la norma, que podría tratarse el próximo jueves en la Legislaltura, le da amplias facultades a los fiscales –controlados por el PRO- para disponer el bloqueo de sitios web y del servicio de Internet a usuarios o sitios web en los casos en los que consideren que se está cometiendo una contravención. La redacción colisiona con otras leyes de la Legislatura y provocó serios cuestionamientos de abogados constitucionalistas y ONGs dedicadas a proteger la libertad de expresión.
El proyecto fue escrito por el legislador del PRO Daniel Presti y por el del bloque peronista sindical Claudio Palmeyro, cercano al titular del gremio de los taxistas, Omar Viviani. En la Legislatura, se lo presentó como un proyecto “anti UBER”, aunque su redacción le da a los fiscales amplias facultades. Concretamente, dice que el fiscal podrá disponer de la “suspensión o bloqueo del servicio de internet, en caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información ‘internet’ o cualquier otro medio de comunicación”. Por cómo está escrito, “cualquier otro medio de comunicación” podría incluir radios, canales de televisión, diarios y un largo etcétera.”Se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de ´internet’ bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta”, indica el proyecto de ley.
En sus fundamentos, los autores señalan que Internet “permitió multiplicar las ediciones de los medios masivos de comunicación, trayendo como consecuencia la difusión con una amplitud hasta el momento desconocida de hechos y eventos”. Nuevamente, hay que notar que se refiere a “medios de comunicación”. “La implementación de estas nuevas herramientas informáticas, puede configurar una ventaja o una desventaja dependiendo su utilización y finalidad. Es por ello, que se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz”, indicanlos autores, que consideran que debe darse a los fiscales porteños “la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio”. También indican que son medidas “esencialmente transitorias, provisionales y de aplicación excepcional. Es por ello, que estas características conllevan la necesidad de que el juzgador obre con extrema prudencia al confirmar su aplicación y consecuente duración”. Pero, más allá de esta recomendación de tener“extrema prudencia”, la decisión queda librada al criterio del fiscal.
La fiscalía general viene siendo controlada por el macrismo desde hace más de una década. Por allí, pasaron como cabeza de los fiscales el actual ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y el porteño, Martín Ocampo. Actualmente, está al frente Luis Cevasco. Una ley de este tipo les daría un inusitado control sobre los medios de comunicación, así como sobre el resto de las páginas web.
El proyecto de Presti y Palmeyro había sido girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, pero finalmente lo retiraron de la primera y lograron pasarlo por la de Justicia, lo que los habilita a llevarlo al recinto esta semana.