Achicando la zona fría ampliada
El gobierno remitió un Proyecto de Ley al Congreso con el objetivo central de readecuar el régimen de zonas frías, regularizar las obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y derogar regímenes de acceso a divisas y promoción de inversiones para hidrocarburos, todo en el marco de la reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas.
En materia de gas natural, el proyecto señala que el actual régimen de Zona Fría —creado originalmente para la Patagonia, la Puna y Malargüe, y posteriormente ampliado por la Ley 27.637 a regiones sin condiciones climáticas extremas— se ha vuelto fiscalmente insostenible. Actualmente, el fondo fiduciario que lo financia se nutre de un recargo del 7,5% sobre el gas consumido en todo el país, pero ese monto ya no alcanza para cubrir los subsidios, por lo que el Tesoro Nacional debe realizar aportes adicionales. Para resolverlo, la ley propuesta limita el beneficio de la Zona Fría exclusivamente a los hogares vulnerables que estén incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y que, además, residan en zonas de efectiva severidad climática. El resto de los usuarios de las regiones ampliadas perderán el subsidio, aunque se mantiene una compensación para los hogares más pobres de esas zonas. Sin embargo, el proyecto no presenta estimaciones sobre si el fondo fiduciario será suficiente bajo la nueva modalidad (ni en qué medida), no aclara qué ocurrirá con las entidades de bien público (como clubes, iglesias, etc.), no compromete obras de infraestructura y tampoco define el monto del subsidio, ya que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de modificarlo.
En el capítulo eléctrico, se crea un mecanismo mediante el cual el Estado nacional determinará las diferencias entre lo que las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal percibieron durante las emergencias tarifarias y lo que les hubiera correspondido según sus contratos de concesión. No se conocen las diferencias a compensar. Ese crédito reconocido se aplicará exclusivamente a cancelar las deudas que esas empresas tengan con CAMMESA por compra de energía (distribuidoras) o a compensar penalidades por incumplimientos (transportistas), siempre que las empresas renuncien a todo reclamo judicial o administrativo contra el Estado. Para las distribuidoras provinciales, el Estado nacional solicita a las provincias que hagan lo mismo, y el excedente de la compensación será asumido por las jurisdicciones locales. Asimismo, se modifica la Ley 24.065 para garantizar el traslado automático a las tarifas de los distribuidores el precio de adquisición de la energía en el MEM, incluyendo los contratos a término que surjan de procesos competitivos.
En cuanto a energías renovables, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes establecida en la Ley 27.191 (que beneficia a las fuentes renovables). También se faculta a autorizar la cesión a terceros de los contratos de abastecimiento celebrados por el sector público en el marco de esa ley, siempre que dicha cesión sea necesaria para finalizar proyectos de inversión en curso.
Finalmente, en el capítulo de hidrocarburos, el proyecto deroga regímenes promocionales: el Decreto 277/2022 (de acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas), el Decreto 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 (régimen de promoción de inversiones para explotación de hidrocarburos, que permitía exportar el 20% de la producción sin derechos de exportación). Se aclara que los derechos adquiridos por proyectos ya aprobados se respetarán. El argumento oficial es que las reformas energéticas recientes ya brindan un contexto adecuado para las inversiones sin necesidad de tratamientos promocionales especiales.
ENARSA paga el GNL en invierno, los usuarios lo devolverán en verano
El gobierno, a través de la empresa estatal Enarsa, decidió que durante el invierno de 2026 será el Estado quien absorba el costo real del GNL importado. Esto se debe a que el precio que pagan los usuarios en sus facturas es menor al costo real del producto en el mercado internacional. Mientras que los hogares y comercios abonan alrededor de 3,79 dólares por millón de BTU, el GNL importado cuesta aproximadamente 20 dólares. Esa diferencia la pagará Enarsa durante los meses de mayor consumo para evitar un tarifazo en plena temporada invernal.
Sin embargo, esto no es un subsidio gratuito. El gobierno aclara que se trata de un financiamiento temporario: los usuarios deberán devolver ese diferencial en sus facturas de gas durante el verano. El mecanismo que se utilizará para ese reintegro se llama DDA (Diferencias Diarias Acumuladas), que es un sistema que permite reconciliar los costos reales del gas con lo que finalmente pagan los consumidores. De esta forma, se posterga el impacto económico a los meses de menor consumo, cuando el bolsillo de las familias suele estar menos tensionado por la calefacción.
El trasfondo de esta medida es que el gobierno buscaba que a partir de 2026 la importación de GNL quedara en manos privadas, mediante una licitación. Pero las empresas que se presentaron (Naturgy y Trafigura) pidieron honorarios tan altos que duplicaban el costo actual de operación de Enarsa. Ante la falta de ofertas competitivas, el Estado retomó el control de las importaciones. En resumen, la noticia refleja una estrategia para evitar un golpe inflacionario inmediato en el invierno, pero trasladando el costo real del gas a las boletas del verano siguiente.
Luz y gas: aumentan las tarifas en mayo
A partir de mayo de 2026, el gobierno argentino implementó un nuevo esquema de tarifas de electricidad y gas natural que combina un aumento general para todos los usuarios con un refuerzo de las bonificaciones destinadas a los sectores de menores ingresos. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía y disposiciones complementarias del ENRE, responde a la necesidad continuar con el “sinceramiento” de los costos energéticos y la reducción del gasto en subsidios, pero al mismo tiempo busca amortiguar el impacto inflacionario en los hogares más vulnerables durante el pico de consumo invernal.
En el caso de la electricidad, el ajuste promedio se ubica entre el 3,38% y el 4%, como consecuencia de la actualización de los costos de distribución y transporte vinculados a la Revisión Quinquenal Tarifaria. El ENRE aprobó incrementos en el Valor Agregado de Distribución (VAD) del 4,10% para los usuarios de Edenor y del 3,91% para los de Edesur. Paralelamente, el gobierno continúa con la reducción gradual del subsidio general para los usuarios de ingresos medios y altos (Nivel 1 de segmentación), cuya bonificación extraordinaria, que en enero era del 25%, se irá reduciendo hasta llegar a cero en diciembre de 2026.
Para el gas natural, la principal novedad es una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo durante los meses de mayo, junio y julio, lo que eleva la bonificación total para los usuarios de Niveles 2 y 3 (ingresos bajos y medios) a un 75% sobre el bloque de consumo base subsidiado. Los consumos que excedan ese bloque se abonarán a tarifa plena. En cuanto a la electricidad, los mismos sectores contarán con una bonificación del 10,67% sobre el bloque base de 300 kWh por mes. De esta forma, el gobierno logra aplicar un aumento tarifario general para sostener la ecuación económica del sector y reducir la carga fiscal, pero concentra la ayuda en los hogares que más lo necesitan justo en la temporada de mayor demanda de gas.
Disolvieron el fondo para obras eIéctricas, pero lo siguen cobrando
El gobierno disolvió formalmente el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, pero mantuvo activo el recargo que lo financiaba en las facturas de luz. Esta contradicción quedó expuesta en un informe que el jefe de Gabinete presentó ante el Congreso, donde el oficialismo admitió que el fondo no fue liquidado y que el cobro continúa en todo el país. Creado en 1999 con el propósito de financiar obras de infraestructura eléctrica en alta tensión, el esquema original obligaba a que los fondos recaudados tuvieran una trazabilidad clara y se destinaran a proyectos concretos. Hoy esa estructura se rompió: el gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato, pero la recaudación sigue intacta.
El monto acumulado por este concepto entre abril de 2025 y marzo de 2026 supera los 38.600 millones de pesos, provenientes de un recargo que pagan todos los usuarios del país sin excepción: hogares, comercios e industrias. El cargo ronda los 1,7 por kWh, lo que para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales implica entre 340 y 500 por mes, representando entre el 2% y el 5% de la factura según el nivel de consumo. Lo más llamativo es que el dinero dejó de ir a la caja del fideicomiso y fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica dentro del presupuesto general: cambió el envase, pero no el mecanismo de cobro.
El principal problema es la pérdida de trazabilidad de los fondos y el aumento de la discrecionalidad en su administración. El recargo ya no es transparente en la factura: no aparece identificado como “FFTEF”, sino disimulado bajo conceptos como “cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica” o ítems regulatorios. Se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe, mientras las obras de infraestructura eléctrica permanecen paralizadas y no hay claridad sobre el destino final de miles de millones de pesos que salen del bolsillo de los argentinos.
Aumenta el impuesto a los combustibles en etapas para no presionar sobre la inflación
El Gobierno dispuso un nuevo esquema de aumentos escalonados en los impuestos a los combustibles, con el objetivo de moderar el impacto inflacionario y sostener el equilibrio fiscal en un contexto de fuerte tensión internacional en el mercado energético. La medida, Decreto 302/2026, establece un incremento parcial del 0,5% en los precios de la nafta y el gasoil a partir del 1 de mayo de 2026, postergando el ajuste completo de los montos acumulados para el mes de junio. Esta decisión alcanza a los impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos valores se actualizan en función de la inflación, y busca evitar un traslado abrupto de la mayor carga tributaria a los precios finales, lo que podría acelerar la inflación y encarecer los costos logísticos.
En términos concretos, los incrementos impositivos por litro son los siguientes: para las naftas súper y premium, el ICL aumentará 10,398 pesos por litro y el IDC 0,637 pesos por litro; para el gasoil general, el ICL subirá 9,269 pesos por litro y el IDC 1,056 pesos por litro; y para el gasoil con tratamiento diferencial, se aplicará un incremento adicional de 5,019 pesos por litro. Este último régimen especial alcanza a regiones como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza.
La decisión se enmarca en una estrategia del gobierno para navegar un entorno externo complejo. La actualización busca recomponer la recaudación fiscal, que se vio afectada por el congelamiento de ajustes previos, y se produce en un escenario de fuerte alza del crudo por el conflicto en Medio Oriente, que llevó al barril de petróleo a superar los 100 dólares, presionando los precios internos. El esquema de aumentos por etapas busca entonces equilibrar la necesidad fiscal con la de no acelerar un proceso inflacionario que en marzo alcanzó el 3,4% por los aumentos energéticos.
El Estado compró más acciones de YPF, bancos y energéticas
A pesar del discurso explícito del presidente Milei a favor de achicar el Estado y privatizar empresas públicas, su gestión ha atravesado una paradoja de grandes proporciones en el sector energético y financiero. Entre mayo y noviembre de 2025, el Estado argentino, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, realizó compras de acciones por un monto equivalente a USD 1.426 millones, fortaleciendo su presencia accionaria en compañías clave del país. Este movimiento no solo contrasta con el ideario libertario del gobierno, sino que también reconfigura el mapa de poder corporativo local.El principal destino de estas inversiones fue YPF, la petrolera de bandera que el propio Milei había prometido racionalizar y eventualmente vender. El FGS desembolsó USD 764 millones en acciones de la compañía, lo que representa el 54% del total de las compras realizadas en ese período. Como resultado, la participación del FGS en YPF saltó del 1,5% en diciembre de 2024 a un significativo 8% en la actualidad.El organismo hizo compras de 13 acciones el año pasado incrementando sus posiciones en Grupo Galicia, Banco Macro, YPF, Pampa Energía, BBVA, BYMA, Loma Negra, Central Puerto, IRSA, Supervielle, Banco de Valores, Cresud y Transportadora Gas del Norte.
Agenda regulatoria y normativa
1. Designación del directorio del nuevo Ente Nacional del Gas y la Electricidad (ENRGE) (Decreto 318/2026): Se oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), un nuevo organismo que unificará en una sola entidad las funciones que hasta ahora realizaban por separado el ENARGAS (gas) y el ENRE (electricidad).
2.Ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (Resolución 676/2026): El Gobierno aprobó formalmente la adhesión de TGS al RIGI para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que prevé una inversión de US$550 millones. El ingreso oficial al RIGI del proyecto denominado “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno” quedó autorizado donde se detalló que se enmarca en el sector de “Petróleo y Gas” y busca fortalecer la infraestructura energética del país.
3.Transener (Resolución 673/2026): Se oficializó la privatización de Transener S.A., la mayor transportadora de electricidad en alta tensión, concretándose la transferencia al sector privado de una empresa clave para la infraestructura eléctrica, en línea con la política de desregulación y reducción del Estado en la economía.
Colofón: Llega el invierno, y las tarifas suben mientras los termómetros bajan. En cada factura late una decisión de política energética, y en cada hogar, la incertidumbre de cuánto abrigar cuesta este año…
Principales indicadores del sector energético
Informe: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)