Oficialismo y oposición dan por terminado 2020 y se preparan para 2021, con la mente puesta en 2023.
El 2020 se resiste a terminar antes del tiempo que marca el calendario. Falta un fatigoso diciembre que a partir de 2001 se ha transformado en el mes más temido del año en términos políticos y sociales. Las explicaciones de por qué último mes se colmó de estos significantes nunca fueron claras, porque rara vez los acontecimientos (como la caída de Fernando de la Rúa) se repiten diacrónicamente.
Deuda impagable. Por supuesto, una multitud de datos de diversas fuentes indican que los problemas acarreados por la pandemia durante el año golpearon como nunca al magullado cuerpo social.
Por ejemplo, en la profusa presentación que hiciera al jueves Agustín Salvia sobre los datos de pobreza que mide el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) la cifra que golpeó con mayor fuerza fue el 44,2% de pobreza total. Este valor está compuesto por un 10,1% de población indigente y el 34,15 de pobres, pero no indigentes. Se debe recordar que esta forma de evaluar este problema social es conocida como línea de pobreza.
Se llama así porque los ingresos del hogar deben alcanzar el valor monetario de una canasta alimentaria (“línea” calculada por el Indec) para no ser indigentes y superar a la canasta total (donde se suman otros rubros como transporte, indumentaria, gastos del hogar, etc.) para no ser pobre. Como se viene observando desde hace tiempo el sector donde más golpea la pobreza es entre los jóvenes de 0 a 17 años donde el 64,1% es pobre.
Sin embargo, como parte del informe presentado en la UCA se mostró una sugerente simulación sobre qué niveles de indigencia y de pobreza se presentarían en este 2020 sin los programas sociales vigentes. Sin la tarjeta alimentar la indigencia habría trepado al 11,6%, sin el IFE al 18,3% y al 20,2% sin ambas ayudas simultáneamente. Luego la pobreza total sin ambos programas estaría subiendo casi al 51%. Quizás es una radiografía de lo que espera para 2021.
Misterios. Cómo resolver la cuestión de la pobreza parece ser un completo misterio para la sociedad argentina que deposita toda la responsabilidad en el (los) gobierno (s). La medición tradicional por ingresos tiene la trampa de pensar que es simplemente cuestión de “poner dinero en el bolsillo de la gente”, sin mediar un proyecto de desarrollo económico. Las reglas de economía castigan con mayor inflación y presiones sobre el tipo de cambio cuando la emisión monetaria y el déficit fiscal pasan de un determinado umbral, generando la tensión entre el aumento de los impuestos y los servicios que brinda el Estado a los contribuyentes.
Pero la situación requiere afinar el lápiz y observar qué sector de la población requiere y va a seguir requiriendo asistencia social, y qué sectores cuentan con herramientas para salir de la pobreza por ingresos vía de obtener empleos en el mercado laboral o generando modalidades de autoempleo y economía social. Para esta distinguir diferencias en esta significativa porción del país humano hay que observar la pobreza multidimensional que se integra por el acceso a seis factores: salud y alimentación; saneamiento y energía; vivienda; medio ambiente; recursos educativos y trabajo y seguridad social. Desde 2010 a 2020 (siempre siguiendo los datos de la UCA) el porcentaje de la población con insuficiencia alimentaria y de salud pasó de 24,2 a 32,5% de la población, quienes tuvieron dificultades para acceder al sistema educativo subió del 11 al 13,5% y los problemas para acceder a un empleo decente se mantuvo en el 35,2%. En síntesis, casi un 30% de la población es pobre por ingresos monetarios y con tres o más carencias para acceder a los factores señalados. Curiosamente se espera que parte de la pobreza se reduzca por el rebote de la economía en 2021, con un razonamiento que el difícil de sostener observando los datos cuando el problema crece en forma persistente desde 2011.
Carta cerrada. Sin embargo, la dirigencia política, tanto del oficialismo y los diversos sectores de la oposición ya dieron por terminado el 2020 en forma anticipada y se preparan para enfrentar el año electoral de 2021, con la mira puesta en 2023. Mirando el mapa global es inevitable observar las rispideces que surgen en el Frente de Todos. El cambio de la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones por parte del oficialismo “senatorial” confirmó las alarmas que se venían sugiriendo: la distancia creciente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Mirando con lupa los cambios al proyecto no son tan gravitantes para los ingresos de los jubilados, pero la señal es contundente. En otra situación, los proyectos del Congreso por fuera de la decisión del Ejecutivo se encontrarían con un veto total o parcial. No parece que esto fuera a ocurrir en este caso.
Otra bomba que estalló cerca de Alberto Fernández es la decisión de la Corte Suprema de no dar lugar al recurso de queja del ex vicepresidente Amado Boudou, por lo cual tendría que terminar de cumplir la peña de más de cinco años a la cual fue condenado oportunamente y por la cual cumplió un año de prisión efectiva y desde abril de este año en arresto domiciliario. La escena de Boudou retornando a la cárcel es la última imagen que se quiere ver desde el gobierno y se espera que pueda postergarse para enero. Para esto también hay que recordar la filtración de la foto de Boudou cuando fuera esposado en su domicilio en 2018, aplaudida por el macrismo gobernante en aquel momento.
Camino de ripio. El disgusto público por parte de figuras emblemáticas del kirchnerismo frente a la situación es notorio e irá en aumento, así como la presión hacia el presidente para que avance con una reforma del Poder Judicial más ambiciosa. Sin embargo, lo inevitable de la condena del ex ministro tras el rechazo de una carilla compuesta por 13 renglones firmada por el máximo tribunal de justicia, abre una de las únicas puertas que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo: el indulto (artículo 99 inciso 5°). Hay problemas de índole jurídicos para aplicar tal institución, pero los de mayor gravitación y que el presidente pondrá sobre la mesa son el impacto político de tal decisión. El final del camino está en sus manos.
Por Carlos De Angelis – Perfil