Artículo 5 | Soberanía hídrica en venta: lo que la Argentina hizo con su agua en veinte años
De la estatización de 2006 a la adjudicación de AySA en 2026, la política del agua osciló según el gobierno de turno. Un balance crítico de cuatro frentes: el servicio, el hielo, la tierra con agua y la vía navegable.
El 22 de octubre de 2026, el Boletín Oficial publicó la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo. Adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado por 340,2 millones de dólares y fijó el 13 de noviembre como fecha límite para firmar el contrato de compraventa. Es la última escena de un proceso de veinte años durante los cuales la Argentina estatizó, protegió, flexibilizó y volvió a entregar el control de su agua según el gobierno de turno, sin un criterio estable sobre lo que el agua significa para el Estado.
Hace veinte años la historia empezaba al revés. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la concesión de Aguas Argentinas, el consorcio liderado por la francesa Suez que desde 1993 operaba el servicio en Buenos Aires, tras años de incumplimientos de inversión, conflictos tarifarios y la crisis de 2001-2002, y creó AySA con mayoría estatal. El socio extranjero demandó al país ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y obtuvo un laudo en 2015 por unos 405 millones de dólares. La lección de esa experiencia —cuánto cuesta, política y fiscalmente, un contrato de servicios esenciales firmado con un inversor internacional— es la que hoy los críticos reclaman recordar.
La etapa 2006-2015 combinó avances e incoherencias. En 2008, la Corte Suprema, en el caso «Mendoza», ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, una de las más contaminadas del continente, y creó la autoridad ACUMAR; el cumplimiento, casi dos décadas después, muestra avances parciales. En 2010 se sancionó la Ley de Glaciares y en 2011 la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limitaba al 15% la propiedad extranjera de la tierra rural y prohibía a extranjeros adquirir inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Pero la misma etapa vetó en 2008 la primera ley de glaciares, impulsó la minería a gran escala en la cordillera, mantuvo la mal llamada “Hidrovía” en las mismas manos y avanzó con las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz con financiamiento y empresas chinas.
La historia de Mekorot en la Argentina empezó en ese período, aunque entonces no prosperó. Según informó iProfesional, hacia 2014 un proyecto hídrico en la provincia de Buenos Aires, negociado por el entonces gobernador, el ideológicamente reversible Daniel Scioli, quedó en manos de un consorcio encabezado por la compañía nacional de aguas de Israel. El contrato se canceló ese año, en buena medida por falta de financiamiento, y también hubo rechazo social ante el riesgo de que el agua se tratara como una mercancía de uso restringido. La empresa volvió años después, de manera más discreta. En 2021 firmó un acuerdo de cooperación con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y, tras una misión técnica a Israel en 2022 encabezada por el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmó convenios de asistencia técnica con provincias para elaborar planes de gestión hídrica: según las fuentes, entre diez y doce, entre ellas Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. El vínculo continuó bajo el gobierno de Javier Milei: en 2024 el gobernador chubutense Ignacio Torres anunció un plan con Mekorot, que la provincia dio de baja después.
Las organizaciones de la campaña «Fuera Mekorot» denuncian que los términos de esos convenios nunca se hicieron públicos, que no hubo licitación ni debate legislativo, y que la empresa, cuestionada por organismos de derechos humanos por restringir el acceso al agua de la población palestina, ya asesora a AySA. El CFI responde que se trata de asesoramiento técnico que no modifica el régimen legal del agua ni cede el recurso, y los rumores de que Mekorot compraría AySA fueron desmentidos: el consorcio adjudicatario es otro. Con la evidencia disponible no puede afirmarse que se le haya entregado el control del agua, pero sí que una empresa estatal extranjera, con intereses comerciales y geopolíticos propios, participa en la planificación hídrica de buena parte del país mediante convenios opacos, firmados primero bajo el gobierno del excesivamente moderado Alberto Fernández y continuados después. La soberanía hídrica puede erosionarse sin venta alguna: alcanza con que los datos, los diagnósticos y los planes pasen a depender de un tercero.
Entre 2015 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri mantuvo AySA en manos estatales, pero con sucesivos aumentos tarifarios; flexibilizó por decreto aspectos de la reglamentación del régimen de tierras rurales; dejó las represas santacruceñas en un limbo de renegociaciones con China; continuó la concesión de la mal llamada Hidrovía, y gobernó durante los derrames de cianuro de Veladero. Entre 2019 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández vio vencer en 2021 la concesión de la mal llamada Hidrovía, asumió su administración y luego contrató de forma directa a la empresa que la operaba desde hacía veinticinco años; la idea de una gestión estatal quedó más anunciada que concretada.
El caso Lago Escondido, donde un magnate británico controló desde fines de los años noventa el acceso a un espejo de agua en Río Negro, expuso durante décadas la dificultad del Estado para hacer valer el uso público de bienes que por ley lo son. Lago Escondido no es una anécdota patagónica: es un caso testigo. El magnate británico Joe Lewis, a través de Hidden Lake S.A., controla las tierras que rodean ese lago rionegrino, a unos 80 kilómetros de Bariloche. Durante dieciocho años la Justicia discutió cómo garantizar el acceso público por el camino de Tacuifí. En 2023, a pedido de la Provincia y de la propia empresa, el Superior Tribunal rionegrino dejó como única vía un sendero de montaña de unos treinta kilómetros, inaccesible e intransitable. Además, el Estado nacional había iniciado una acción para anular la compra de más de 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera. Según informaron medios, el gobierno de Milei la cerró en enero de 2026 con un acuerdo conciliatorio, cuyo expediente permanece reservado.
Apropiarse de un bien público, impedir su acceso durante décadas, desatender las órdenes judiciales para abrirlo y comprar tierras en zona de frontera son delitos. Que no figuren así contra Lewis no prueba que no lo sean. Prueba que algo funciona muy mal.
Porque basta mirar quién estaba alrededor. En octubre de 2022, los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, un ex agente de inteligencia y ejecutivos de Clarín como Jorge Rendo y Pablo Casey volaron a la estancia de Lewis, con los gastos pagos, según las filtraciones. La causa que investigó ese viaje fue anulada en 2023 y todos fueron sobreseídos. Sobreseidos por sus propios pares, lo cual no prueba su inocencia sino que expone el contubernio pornográficamente. El único procesado fue Ricardo Nissen, el funcionario que fue contra la sociedad de Lewis, y Casación dejó firme su procesamiento en octubre de 2026. Cada lector sacará su conclusión; pero cuando jueces, poder político y grupos mediáticos comparten mesa con el acusado, la ley deja de ser pareja.
Imaginemos a un inmigrante boliviano que apoya un cajón de paltas en una vereda de Buenos Aires. Arriesga el decomiso, la multa, el procedimiento policial, el insulto. Ahora imaginemos que se quedara con un lago, cerrara su acceso y desoyera a los jueces. Nadie duda de cuál sería la reacción: indignación patriótica y pedido de expulsión. La diferencia no está en la conducta sino en el pasaporte y la cuenta bancaria. Esta xenofobia es selectiva: se ensaña con el extranjero pobre y se arrodilla ante el rico. Un país que persigue al que vende paltas y agasaja al que se queda con un lago no tiene un problema de inmigración: tiene un problema de soberanía, de igualdad ante la ley, y de valores humanos y patrióticos.
Desde diciembre de 2023, el giro es de otra naturaleza. El DNU 70/2023, en su artículo 154, derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites a la adquisición de tierras por extranjeros, incluidas las ribereñas de cuerpos de agua de envergadura. La Ley Bases incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización; el decreto 494/2025 habilitó la venta; en abril de 2026 se firmó con la empresa un contrato de concesión por treinta años, prorrogables por diez más; en mayo se lanzó la licitación; en octubre se adjudicó. Entretanto se reformó la Ley de Glaciares y se concesionó por veinticinco años la mal llamada Hidrovía. En menos de tres años, los cuatro frentes del agua argentina pasaron a regirse por una lógica de mercado e inversión.
Los números de AySA ofrecen el argumento central de los críticos. Según el análisis de Chequeado, la empresa encadenó superávits operativos en 2024 y 2025 y no recibió transferencias del Tesoro en 2025 ni en lo que va de 2026. Atiende a alrededor de 15 millones de personas, con 5.933 empleados en agosto. Será vendida por 340 millones de dólares, menos de los 500 millones que el Gobierno esperaba recaudar; el segundo oferente, un consorcio encabezado por Roggio, ofreció 285 millones. El consorcio ganador integra a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedora de insumos de potabilización de AySA, lo que derivó en cuestionamientos por presunto conflicto de intereses y en una denuncia que pide investigar la valuación. Y a días de la firma, el ente regulador convocó una audiencia pública para actualizar el régimen tarifario, con un aumento promedio estimado, según cálculos que trascendieron de la empresa, de 11,4% en el área residencial.
El Gobierno sostiene lo contrario: que el Estado no puede financiar las inversiones que la red necesita, que la concesión incluye un plan obligatorio de inversiones para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas, y que un operador especializado mejorará un servicio con deudas históricas de infraestructura. Es un argumento que merece discutirse con datos y todas las experiencias desmienten, con datos, el argumento de Milei. En el Gran Buenos Aires hay todavía millones de hogares sin cloacas. Pero la experiencia de 1993-2006 enseña que la ecuación inversión-tarifa-control es el punto débil de toda privatización de un monopolio natural. Y aquí no hay competencia posible: nadie elige entre dos redes de agua. Asi que los concesionarios se quedan con todas las ganancias sin tener que competir con nadie, y de acurdo a la experiencia, jamás invierten nada, sino que por el contrario, saquean los activos existentes.
El problema, dicen los críticos, no es solo económico. El agua es un servicio con un valor que ninguna tasa de retorno captura: es salud pública, seguridad, base de la vivienda y de la industria. Entregar su operación por tres décadas implica ceder a un actor privado datos, redes críticas y decisiones de inversión que afectan a quince millones de personas, en un país con antecedentes de laudos internacionales que convirtieron conflictos contractuales en pasivos fiscales. Para esta línea de análisis, el Estado no se limita a prestar un servicio: debe garantizar un derecho, y esa garantía se debilita cuando el margen del contratista pasa a ser parte de la ecuación.
Lo mismo ocurre en los otros frentes. En los glaciares, el Estado nacional delegó en las provincias la definición de qué hielo cumple una función hídrica relevante, en provincias cuyas economías dependen de los proyectos que esa definición habilitaría. En la tierra, la derogación de la Ley de Tierras eliminó los límites a nuevas compras, en un país donde, según datos difundidos por la prensa, unas 13,3 millones de hectáreas rurales están en manos extranjeras. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado la derogación por falta de legitimación de los demandantes, sin pronunciarse sobre la validez del decreto; diez días después, el 9 de octubre, dictó una cautelar provisoria que restableció las restricciones a raíz de un reclamo de Bariloche, mientras el Congreso discute el destino del DNU. En la mal llamada Hidrovía, la ruta que mueve el 80% del comercio exterior quedó en manos de la misma empresa extranjera por otro cuarto de siglo.
Hay una crítica transversal que alcanza a todos los gobiernos del período: ninguno construyó una política hídrica nacional de largo plazo. La Argentina carece de un régimen unificado que ordene la competencia entre Nación y provincias, integre cuencas, financie infraestructura y garantice datos públicos; el Consejo Hídrico Federal existe, pero, señalan los especialistas críticos, con poco peso real. Esa ausencia explica que cada administración haya improvisado según su ideología: estatizar cuando el ciclo lo permitía, privatizar cuando las cuentas lo exigían. Pero hay una diferencia de grado entre administrar una concesión y vender el control accionario de la empresa que abastece a la mayor área metropolitana del país, reducir la protección de las reservas de hielo y abrir a la compra extranjera la tierra con agua, todo a la vez.
¿Qué cabría exigir? Lo que sugieren juristas y organizaciones: que el agua sea tratada como lo que es, un bien estratégico, con reglas que no dependan del humor del ciclo político. Un marco nacional de presupuestos mínimos para el agua; un regulador independiente y con recursos reales; cláusulas que impidan trasladar a los usuarios los riesgos del inversor; control estatal sobre los datos hidrográficos y de tránsito fluvial; un inventario científico de glaciares fuera del alcance de la discrecionalidad provincial; y límites firmes a la extranjerización de tierras con agua. Los clanes prehistóricos que disputaban el acceso a una fuente de agua sabían algo que a veces olvidan los Estados contemporáneos: quien pierde el acceso al agua no pierde un negocio, pierde la posibilidad de seguir existiendo.
Por Ignacio Stankewitsch