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Dólar, gasto, inflación y empleo: la receta oficial para llegar a las urnas

Con la deuda fuera de la agenda electoral, el Gobierno ya definió cuál será su estrategia para mejorar sus posibilidades electorales.

La estrategia político-económica que el oficialismo se trazó este año para mejorar sus posibilidades electorales cobra forma a solo un mes del plazo estipulado para la presentación de listas de precandidatos a legisladores, aunque su resultado en las urnas sea hoy tan incierto como la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V, que 6 millones de votantes esperan para completar el proceso de vacunación contra el Covid-19 antes de emitir su sufragio.

El Gobierno resolvió acelerar la aplicación de fórmulas arraigadas en el pensamiento profundo del kirchnerismo para modificar el humor social, en medio de la crisis marcada por niveles de inflación mensual que aún se muestran por encima de lo que la mayoría de los países proyecta para todo el año, y con una actividad que recibió en los últimos meses el impacto de la segunda ola de coronavirus, tras el repunte de 2,5% registrado por el Indec en el primer trimestre del año.

El combo, que incluye más gasto, freno al ajuste tarifario, restricciones y presión sobre los formadores de precios para alentar el consumo interno encontró, a partir de la moderación fiscal sostenida inicialmente desde el Palacio de Hacienda y el acuerdo parcial alcanzado con el Club de París, el tiempo y el espacio que el sector políticamente más fuerte del frente gobernante buscaba para su aplicación.

El gasto público retrocedió en lo que va del año dos puntos del PBI, lo que junto a los ingresos fiscales provenientes de las retenciones a la exportación de commodities, en pleno boom de precios internacionales, los provenientes del impuesto a la riqueza y los que genera la propia inflación permitió mantener al déficit primario muy por debajo de la meta presupuestada para 2021.

Claro que el recorte al gasto no solo estuvo anclado en la menor asistencia por la emergencia sanitaria. El punto quizá aún más delicado a la hora de pensar en los votos es el retraso que experimentan las jubilaciones y salarios frente al fuerte avance del Índice de Precios al Consumidor, un hecho que, al menos hasta el paso por las urnas, el Gobierno está decidido a modificar, aunque ello signifique otorgar bonos y convalidar aumentos un 50% por encima de la pauta inflacionaria de 29% estipulada para todo el año, como muestran los casos de bancarios o los trabajadores de la Anses.

“No es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo”, sostuvo días atrás el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, al hacer propia la señal de lo que vendrá, sobre todo luego de que el Club de París confirmara el acuerdo que trasladará la presión del default hasta el año próximo, cuando ya hayan caído las hojas del calendario electoral.

Así, el incremento del gasto que sobrevendrá con los bonos a jubilados y poseedores de planes sociales, el aval a aumentos salariales por encima del 40%, la aplicación de la nueva fórmula previsional, la obra pública destinada a recuperar empleo en el sector de la construcción y los mayores subsidios por las tarifas planchadas, entre otros ítems; acompañarán a la devolución de Ganancias y menor presión impositiva sobre la clase media, con la que se espera alimentar los bolsillos del potencial votante. 

Y la oferta de productos con precios controlados, más la reapertura de actividades que aún padecen las restricciones dispuestas por la pandemia y la intervención en el mercado cambiario, para contener al dólar y evitar una devaluación del peso que reste mayor poder adquisitivo buscarán completar la imagen de una película que intentará mantener la misma escena, al menos, hasta el año próximo.

Por Walter Brown- Cronista