Ante los aumentos de las tarifas de servicios públicos, los Defensores del Pueblo de la Patagonia propusieron incluir el concepto de “pobreza energética” para proteger a las familias que no pueden afrontar los costos para calefaccionar sus hogares.
Los defensores del pueblo piden una audiencia con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, para incluir a las familias que no pueden acceder a la tarifa social.
Según un documento de la Unión Europea, una familia es pobre en términos energéticos cuando debe destinar más del 10% de sus recursos en calefacción, en el que caso de que esta cifra supere el 20%, la situación pasa a ser extrema. Estos valores son medidos con el criterio de que una calefacción satisfactoria en una casa es de 23°, según valores de la Organización Mundial de la Salud, detallaron desde las defensorías del pueblo.
Con esta propuesta bajo el brazo, los defensores del pueblo le pidieron una audiencia al ministro de Energía Juan José Aranguren, esgrimiendo que si bien el país cuenta con la tarifa social, la misma no tiene relación con “los consumos de energía según exigencias que imponen las condiciones geográficas y latitudes de climas extremos como los de nuestra región.”
Tarifa social
Ante esta situación, se propone combinar este nuevo criterio, sin afectar la tarifa social, para darle contención a las familias pobres energéticamente, beneficio que debería renovarse cada dos años.
El subsidio consistiría en evitar que en los hogares se supere la barrera del 10% de los recursos destinados al consumo directo o combinado de energías utilizables para
calefaccionamiento, como energía eléctrica, gas por red o garrafas, tubos, zeppelines, leña o cualquier otro material.
El pedido de audiencia fue presentado por la defensoría de la provincia de Chubut y de las ciudades de Neuquén, Zapala, Centenario, Bariloche y San Martín de los Andes, de acuerdo a lo informado por el organismo de esta última localidad, lugar en el que se reunieron todos los representantes el 28 de marzo.
Impacto social
Según informaron los defensores, el Ministerio de Energía admitió que el concepto era pertinente “conforme surge de información publicada por la Agencia Oficial de Noticias Télam con fecha 30 de mayo de 2017, oportunidad en la que reveló que la actual administración nacional proyecta incluir la “pobreza energética” como variable adicional para evaluar el impacto social de las políticas sectoriales, en particular tras los ajustes tarifarios en los servicios de electricidad y gas.”
Lo que no se definió aun es la cantidad de hogares que serían beneficiados de implementarse el subsidio por “pobreza energética”, pero sí se puede determinar que cambiaría la ecuación de las familias patagónicas que deberán afrontar aumentos de gas de entre 31 y 36%, para los consumos más bajos. Hasta el momento, el único aliciente que se brindará, será el pago de las facturas en tres cuotas con intereses.
Costos “federalizados”
El Gobierno nacional buscará el próximo lunes que las provincias acepten “compartir” el costo de la suspensión de los dos meses de aumentos en las tarifas de gas previstos para los próximos meses, de acuerdo con la propuesta realizada por la UCR y la Coalición Cívica-ARI.
Luego de una convocatoria “de forma urgente” al Consejo Federal de Energía, el organismo se reunirá el próximo lunes en la Casa Rosada para acordar la participación y compromiso de las provincias en los temas acordados entre Cambiemos y el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, uno de los principales puntos que se analizarán en ese encuentro será la intención de la Casa Rosada de que las provincias “acepten compartir ese pequeño costo de la suspensión de los dos meses” de aumentos, según explicó el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri.
Asimismo, se buscará que esos distritos colaboren en la realización de “una campaña de concientización sobre el uso racional del gas”.
De la reunión participará el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, junto con los representantes de los distintos distritos y los presidentes y vice de las Comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso Nacional (el kirchnerista neuquino Darío Martínez y el massista bonaerense Gustavo Bevilacqua por Diputados; el petrolero y dirigente del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra y el peronista de San Juan por el Senado).
Ruidazos y velas
Tras el reclamo de la oposición y el propio radicalismo que integra la alianza Cambiemos, además de los ruidazos de esta semana por los aumentos de tarifas en los servicios públicos, el Gobierno se reunió con representantes del oficialismo en el parlamento y decidió una serie de modificaciones para el consumidor de gas, aunque el aumento seguirá vigente.
El aumento promedio del gas a partir del 1 de abril será del 32%, pero con la salvedad que en las facturas de los dos bimestres de mayor consumo, mayo-junio y julio-agosto, se podrá abonar el aumento en tres cuotas bimestrales.
Esto significa que “todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponde a los meses de mayor consumo, de mayo a agosto”, según explicó el diputado radical Mario Negri, que participó de la reunión en Casa Rosada con el Presidente Maurico Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren.
“Las cuotas se harán efectivas en lo tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019. Esto es optativo para el consumidor”, agregó.
Con respecto a los topes, seguirán siendo los mismos que figuran en la página oficial de Metrogras desde el 1 de diciembre de 2017: dependiendo de la categoría de residencia, los aumentos no podrán ser mayores al 300, 350 y 400% con respecto a la factura del mismo bimestre del año pasado.
Además, para quienes tengan tarifa social, que en un principio pagaban los costos de transporte y distribución pero luego comenzaron a pagar también por el consumo, se suspenderá desde el 1 de mayo las restricciones para aquellas provincias que acepten compartir los gastos.
Desde el Ministerio de Energía se propondrán revisar los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos para garantizar su efectivo pago.
Enorme carga tributaria
Pero más allá del consumo y los subsidios, la acumulación de impuestos que se sedimentan en las facturas de los servicios públicos eleva fuertemente los precios. “La carga tributaria, tanto en la boleta de energía eléctrica como de gas natural, se compone, en su mayoría, de IVA (21%), impuesto a los ingresos brutos provincial (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica (10% en el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo). Esta carga tributaria representa el 37% del valor de la tarifa”, dice un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Para el usuario, de cada $100 que se pagan por energía eléctrica o por gas natural por redes, $27 son impuestos indirectos.
La evolución del subsidio al gas se pueden ver en algunos datos del presupuesto. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural utilizó en el primer trimestre 327 millones de pesos, 42% más que en el mismo periodo de 2017, es decir, 98 millones de pesos más.