La reunión de Javier Milei con los gobernadores dejó una foto clave y una sensación ambigua: el Gobierno consiguió el gesto que necesitaba para mostrar orden y consenso, pero las provincias quedaron en el lugar incómodo de una mayor dependencia.
La reunión de Javier Milei con 20 gobernadores buscó mostrar consenso, orden y una eventual mayor dependencia de las provincias del Ejecutivo nacional. A diferencia del simbólico Pacto de Mayo, este encuentro tuvo un carácter operativo, centrado en aprobar reformas clave y el Presupuesto 2026. La convocatoria excluyó explícitamente a gobernadores peronistas no colaboracionistas, consolidando un bloque “gestionable” para el Gobierno.
Paralelamente, las provincias enfrentan varios dilemas: acompañar al oficialismo para asegurar más recursos, pero diluir su identidad electoral frente a La Libertad Avanza (LLA) en su competencia local en 2027 o mantener oposición y además de menores recursos materiales arriesgarse indisponerse con quienes votaron por el oficialismo nacional para legisladores en sus provincias y precisan luego que los voten a ellos en las elecciones locales. En este contexto, la política federal argentina sigue marcada por la tensión entre poder central y autonomía provincial, donde la cooperación estratégica puede multiplicar el poder total, pero la polarización limita los márgenes de maniobra.
La reunión con los gobernadores dejó una foto clave y una sensación ambigua: el Gobierno consiguió el gesto que necesitaba para mostrar orden y consenso, pero las provincias quedaron, una vez más, en el lugar incómodo de una mayor dependencia, aunque fuera simbólica.
Por un lado, representa algo que tanto Donald Trump como el Fondo Monetario Internacional (FMI) venían pidiéndole a Javier Milei: que amplíe su base de sustentación y que el Gobierno construya apoyos amplios y transversales para sus proyectos de ajuste. Sin embargo, esta vez se excluyó explícitamente a los gobernadores peronistas alineados a Fuerza Patria.
A diferencia del Pacto de Mayo más declarativo de principios generales, el encuentro de este jueves estuvo claramente orientado al planeamiento legislativo inmediato. El Gobierno presentó a los gobernadores convocados un paquete de “tres grandes reformas” (laboral, tributaria y del Código Penal) y el borrador del Presupuesto 2026, con el objetivo de que las provincias se comprometan a respaldar esos proyectos. Además, el carácter operativo de la reunión se refleja en la presencia de todo el Gabinete junto a los mandatarios provinciales.
El Pacto de Mayo, realizado en julio de 2024 como un testimonio de principios, tuvo 10 cláusulas firmadas por 18 gobernadores junto al Presidente en Tucumán, que fijaban lineamientos filosóficos como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal “innegociable”, y una tibia intención de avanzar con la reforma laboral y previsional. No obstante, ese documento no implicó nada concreto sino una foto política de acompañamiento al discurso de cambio a un presidente recientemente electo.
Esa vez se había convocado a todos. Participaron Jorge Macri, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Leandro Zdero, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Claudio Poggi, Maximiliano Pullaro y Gerardo Zamora.
En cambio, la reunión de ayer convocó mandatarios provinciales con exclusión explícita de gobernadores identificados con el kirchnerismo duro o que no eran considerados “gestionables” para el Ejecutivo de Milei, como los gobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. En la reunión de ayer se incluyó a los mismos de 2024, más Sergio Ziliotto y Claudio Vidal. El encuentro tuvo un enfoque más pragmático, buscando avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y otras reformas clave en un Congreso con mayor respaldo.
La foto de aquella madrugada tucumana tenía 18 representantes provinciales, menos que los 20 de este jueves, pero no hacía explícita la falta de diversidad política. Ahora, en cambio, la convocatoria tuvo un perfil explícitamente seleccionado: ningún peronista no colaboracionista. Fueron invitados los que el Gobierno considera “gestionables”.
La excepción fue La Pampa. Ziliotto, crítico consistente del Gobierno, fue invitado y asistió. Su presencia se explica menos por afinidad que por necesidad: La Pampa es una provincia pequeña, dependiente de recursos nacionales y con un liderazgo que prefiere estar en la mesa aun cuando disienta con el mensaje. Tras el resultado electoral, el gobernador había reclamado que el gobierno convoque a un diálogo “que sea amplio, no basado en el rechazo al que piensa distinto”. ¿Será el objetivo aislar finalmente a Fuerza Patria? Consultado durante una entrevista, Milei dijo: “No nos podemos juntar con gente a la que 2+2 no les da 4”.
El 9 de enero de 2024, el Presidente mantuvo su primera reunión federal con los 24 gobernadores del país, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Entre los presentes estuvo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero esa fue la única reunión a la que asistió. Desde allí se le cerraron las puertas del diálogo con el Gobierno. Se podría decir que fue una primera reunión protocolar, con un Milei recién asumido.
Ayer, Kicillof cuestionó la decisión del Gobierno de excluirlo de la reunión de gobernadores en Casa Rosada, señalando que la omisión afecta la representatividad de casi la mitad de la población argentina, dado que la provincia de Buenos Aires aporta alrededor del 40 % de la recaudación fiscal y concentra la mitad de la fuerza industrial y laboral del país. El mandatario consideró que la exclusión refleja una estrategia de consenso selectivo y advirtió sobre la quita de recursos a la provincia, incluyendo fondos de seguridad, incentivos docentes y obras públicas, muchos de los cuales están judicializados y reconocidos como legítimos por la Corte Suprema.
Paralelamente, Kicillof también criticó la intervención de Estados Unidos en la política argentina, afirmando que la asistencia externa fue determinante para la estabilización cambiaria y el respaldo electoral de Milei. Señaló que, aunque el presidente libertario obtuvo un 40 % de los votos a nivel nacional, las políticas implementadas podrían profundizar la crisis económica y social, con aumento del desempleo y pérdida de industrias. Finalmente, llamó a construir una alternativa amplia y federal dentro del peronismo, que dialogue con sectores que no se sienten representados y defienda los intereses nacionales frente a políticas de privatización y subordinación a actores externos.
Una cosa es lo cuantitativo. Claramente, la provincia de Buenos Aires representa el 50% de la industria nacional y el 40% de los votos del país. Pero aquí lo que cuenta es que cada provincia, no importa la población que tenga ni el producto bruto que tenga, tiene tres senadores. Y el problema del oficialismo es que puede lograr su mayoría simple en Diputados, pero no en el Senado. Entonces, el punto central para el gobierno de Milei es, más allá de que la provincia de Buenos Aires represente el 40% y a lo mejor otra provincia más pequeña represente el 1%, que tiene igual tres senadores la provincia de Buenos Aires que la provincia más pequeña que tiene el 1%. Y lo que le importa al Gobierno, su problema está en cómo lograr que su reforma se apruebe en el Senado, no en Diputados, donde contaría con los los aliados.
El Gobierno calificó la reunión como “muy buena” y sostuvo que a partir de ahora coordinará futuras visitas provinciales y reuniones mensuales de seguimiento con los mandatarios. Recordemos que algo que se le reclamaba a Milei eran sus múltiples viajes a Estados Unidos. Ahora, Milei dijo que, junto a su hermana Karina, van a “viajar a dos provincias por mes”. También señalo que existe la idea de hacer una reunión de Gabinete por mes en las provincias, como quería Alberto Fernández.
Pero entre aquel Pacto de Mayo en julio y la actual reunión, hubo un momento donde las provincias se rebelaron contra el Ejecutivo. El no acuerdo por la ley de ATN, que garantiza un reparto de fondos hacia las provincias, motivó votaciones adversas en ambas cámaras para el oficialismo e impulsó a la formación de la lista de Provincias Unidas. El cambio de clima es evidente. Hace un mes, los propios funcionarios hablaban de “la hora de las provincias”. Hoy parece ser “la hora de la adecuación”. Los gobernadores hacen que vayan a Casa Rosada a escuchar, no a negociar.
La coalición de gobernadores liderada por Juan Schiaretti sufrió derrotas contundentes en las últimas elecciones, con resultados muy por debajo de las expectativas, incluso en provincias clave como Córdoba y Santa Fe. Ni la alta imagen de los candidatos ni la experiencia de gestión lograron frenar la caída: Schiaretti obtuvo apenas 28% en Córdoba y la vicegobernadora Gisela Scaglia casi 19% en Santa Fe, evidenciando el debilitamiento de una alternativa política que buscaba consolidarse como centro sensato frente a la polarización. Otros referentes de la alianza, como Florencio Randazzo y Martín Lousteau, también registraron resultados magros en sus distritos, atrapados por la dinámica polarizada del electorado.
En provincias como Santa Cruz, Chubut y Jujuy, el panorama fue igualmente adverso. Los gobernadores locales vieron cómo sus espacios quedaban relegados detrás de LLA y otras fuerzas tradicionales, con porcentajes que apenas superaban el 15-20%. Esto dejó en evidencia que el perfil opositor, incluso con exposición y propuestas concretas, no logró traducirse en respaldo electoral, y que la coalición de gobernadores quedó debilitada frente a la fuerza libertaria en ascenso y al kirchnerismo en sus territorios históricos.
La polarización política consolidada dejó poco espacio para alternativas intermedias, y la estrategia de “oposición dialoguista” quedó desplazada por el protagonismo de LLA y Fuerza Patria en ciertos bastiones, reflejando la complejidad del juego político en la Argentina actual. Sin embargo, esa especie de sumisión puede ser aparente. Los mandatarios no quieren ruptura, pero tampoco entrega.
El resultado final de esta estrategia dependerá de cómo se recomponga el poder territorial. Los gobernadores tienen recursos políticos, pero los usan con cautela. El Congreso, en cambio, muestra una fragmentación que puede ser el verdadero freno a las reformas, pero también dependerá de la respuesta social. Siempre recordamos que, en 2017, Mauricio Macri, tras triunfar en las elecciones de medio término, enfrentó fuertes obstáculos para avanzar en su programa de reformas tuvo que buscar un salvataje del FMI de 50.000 millones de dólares. Ahora es diferente, porque el salvataje ya se produjo y aun así LLA ganó las elecciones.
Por otra parte, la actitud del PRO frente a La Libertad Avanza merece una mención específica. Parte del balance electoral ha sido la absorción del partido amarillo por el violeta. Patricia Bullrich, tras su contundente triunfo en la Ciudad con más del 50% de los votos, especula entre no competir contra Jorge Macri por la jefatura de la Ciudad y acompañar a Milei en la fórmula presidencial de 2027. La ministra busca ocupar la presidencia provisional del Senado y evitar la pelea directa en CABA, alentando a Pilar Ramírez a ser quien compita con Jorge Macri, aunque la armadora porteña aún no ve el momento adecuado. Desde el bullrichismo existe preocupación sobre posibles candidatos libertarios locales sin capacidad de gestión.
Macri, por su parte, dejó claro que el PRO mantendrá su identidad y que tendrá candidato propio en 2027, a pesar del acercamiento táctico con LLA en elecciones pasadas. Y subrayó que, aunque apoyó las ideas de Milei, el PRO sigue firme y “más vivo que nunca”, planteando que Milei debería ampliar su base política y dialogar más.
El escenario político sugiere un acuerdo tácito: que la Ciudad quede bajo control del PRO para la próxima elección, mientras Bullrich se corre de la pelea porteña para no fragmentar la base opositora y proyectarse a nivel nacional junto a Milei. Esto permitiría mantener alianzas estratégicas sin que LLA y el PRO se enfrenten directamente, asegurando que ambos bloques conserven su fuerza electoral y eviten disputas internas que debiliten sus posiciones.
En este sentido, fue llamativo y lleno de simbolismo gestual el efusivo abrazo con el que Milei recibió a Jorge Macri en la reunión en Casa Rosada, luego de que en mayo pasado lo hubiera dejado plantado, negándole el saludo, durante el Tedeum.
Es evidente que el Gobierno nacional no carece de plan. En una reciente entrevista, el analista Andrés Malamud dijo: “No le otorgo la razón, pero sí racionalidad al plan del Gobierno”. Además, argumentó que todos los países que han logrado desarrollarse lo hicieron gracias al apoyo externo. El programa de Milei es de dependencia externa y esto puede resultar antipático, pero ni Fuerza Patria ni Provincias Unidas lograron esbozar un programa claro alternativo en las últimas elecciones.
Respecto a la búsqueda de consenso con los gobernadores, es interesante detenerse en el concepto de “stock de poder”. Según Giliberto Capano, a quien entrevistamos recientemente en Periodismo Puro, se relaciona con la percepción errónea de que el poder institucional es una cantidad fija y limitada, un “stock de poder” que, al redistribuirse, necesariamente provoca pérdida para quien lo cede.
Capano explica que este enfoque genera conflictos entre niveles de gobierno y alimenta la lógica de confrontación: “Constituye un error psicológico muy profundo”. En sistemas de gobernanza multinivel, incluso los Estados unitarios enfrentan este desafío, pues decisiones tomadas en el nivel central requieren implementación municipal o regional, y la creencia en la finitud del poder suele impedir cooperación efectiva.
Capano sostiene que, si la redistribución se diseña inteligentemente, el resultado puede ser un aumento del poder total, no su disminución. Al otorgar competencias a municipios o regiones para ejecutar políticas públicas que el Estado central no puede implementar por sí mismo, se genera un efecto multiplicador. Así, el stock de poder se puede superar mediante cooperación estratégica, reconociendo que la delegación de autoridad no implica pérdida automática, sino la posibilidad de fortalecer conjuntamente la capacidad institucional y la legitimidad política. “El stock de poder total crece cuando se lo reparte entre el Estado central y regiones”, explicó.
En una columna del año 2024, Rosendo Fraga cuenta que, tras el triunfo de las fuerzas nacionales lideradas por Avellaneda, Roca y Pellegrini en 1880, se consolidó la autoridad del Estado central. La presidencia de Roca marcó la nacionalización de la Aduana, la creación de la provincia de Buenos Aires separada y la designación de la ciudad como capital nacional, desarticulando el poder político bonaerense que había predominado en los primeros setenta años de la historia argentina. Esto dio inicio a un segundo ciclo donde el gobierno nacional fue adquiriendo mayor control sobre las provincias, especialmente a través de la administración de impuestos coparticipables, aunque las tensiones entre Buenos Aires y la Nación se mantuvieron.
Hacia mediados del siglo XX, se produjo un cambio con la provincialización de los territorios nacionales, aumentando el poder político y económico de las provincias con la creación de nuevos distritos como Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y luego Tierra del Fuego. La reforma constitucional de 1994 amplió aún más la autonomía provincial al otorgarles la propiedad del subsuelo y sus recursos, aunque al mismo tiempo redujo su influencia política mediante la eliminación del Colegio Electoral, antes, como en Estados Unidos, el presidente electo podría ser no necesariamente quien obtuviera más votos totales, sino mayor cantidad de los delegados electos por cada provincia, sumando la introducción del tercer senador para la minoría, concentrando además el poder electoral en el AMBA y el rol político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al pasar a tener la misma jerarquía que un estado provincial.
En las tres décadas posteriores, el conflicto central se trasladó a la distribución de recursos y la coparticipación federal. A pesar de que la Constitución de 1994 exigía la sanción de una nueva ley para regular la coparticipación, ni la Nación ni las provincias mostraron interés en abordarlo, manteniendo un status quo que permitió a la Casa Rosada disciplinar provincias y a los gobernadores negociar recursos y votos. La Suprema Corte se convirtió en árbitro de los conflictos, pero la distribución de fondos sigue siendo un tema crítico permanente para la administración del país.
La particularidad de Argentina es que tenemos un extenso territorio, con una población está muy concentrada en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires y fuerzas productivas distribuidas de manera irregular. Lidiar con los diferentes conflictos de intereses regionales es una habilidad con la que cualquier presidente de nuestro país debe disponer.
La capacidad del Gobierno de Milei de avanzar finalmente con sus reformas dependerá de la habilidad para mantener este equilibrio sin generar conflictos irreparables, mientras que la resiliencia de las provincias estará marcada por su capacidad de negociar recursos y competencias sin perder legitimidad ante sus ciudadanos. ¿Pero es posible esto si del proyecto de país se excluye a territorios clave, como la Provincia de Buenos Aires, el 40% de la población y el 50% de la producción industrial?
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
Por Jorge Fontevecchia-Perfil
Día 691: Del Pacto de Mayo a ¿provincias “hundidas”? | CEDOC