El Estado no respondió ni una de las cuestiones que plantearon en la sede de la OEA el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator para la Libertad de Expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Con diatribas al pasado y promesas inverificables de un futuro refulgente, hicieron silencio sobre los hechos consumados que refuerzan la concentración, silencian el pluralismo, reducen la diversidad, y afectan derechos humanos básicos en una sociedad democrática.
Durante la audiencia temática convocada el viernes aquí por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado Nacional no contestaron una sola de las preguntas y observaciones formuladas por el vicepresidente de la CIDH (el comisionado peruano Francisco Eguiguren), por el Relator Especial para la Libertad de Expresión (el periodista y abogado oriental Edison Lanza) y por los miembros de la Coalición para una Comunicación Democrática. Todos ellos plantearon desde dudas hasta clamores de alarma por la supresión de cualquier límite a la concentración de la propiedad de los medios; la compraventa de licencias como si se tratara de una mercancía y la eliminación de la sociedad civil de la autoridad regulatoria, lo que afecta la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, esenciales en una sociedad democrática.
La estrategia estatal es llamativa. Todos los miembros de la delegación se limitaron a hablar del pasado y del futuro, pero nada tuvieron para decir sobre el presente, que está generando graves hechos consumados cuya reversión será ardua. Desde la apertura, a cargo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, los enviados se concentraron en cuestionamientos políticos al gobierno que terminó su mandato hace cuatro meses, que no formaba parte del tema a discutir. Avruj llegó a hablar de “periodistas encarcelados”, cuando sólo hubo un caso, en Santiago del Estero y por pocas horas. También recurrieron a las autoalabanzas por el esplendor que adquirirá el Estado de Derecho cuando ellos produzcan en alguna fecha imprecisa del vasto futuro el marco regulatorio que vienen anunciando para la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. Esa estrategia fue desplegada sin fisuras por Avruj y por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Miguel de Godoy. Como políticos en campaña no escatimaron promesas sobre el pluralismo, la diversidad y el respeto por los derechos que imperará en ese venturoso mañana. Contaron con el refuerzo del ex Relator Especial para la Libertad de Expresión y ex secretario ejecutivo de la propia Comisión Interamericana, Santiago Cantón, ahora funcionario del gobierno bonaerense. Vaya a saber por qué complejo mecanismo inconsciente Cantón abrió su discurso con una confesión involuntaria pero devastadora de los intereses que vino a defender aquí: “Como bien sabe esta comisión y también la Corte Interamericana, cuando hablamos de violaciones a los Derechos Humanos es esencial el contexto en el que se producen” fue su clamoroso acto fallido.
Otro ex relator que mutó al oficialismo, Eduardo Bertoni, también la emprendió con la anterior autoridad regulatoria, que no estaba en el temario, a la que calificó de ineficiente selectiva, parcial y partisana. El flamante director de protección de datos personales del Ministerio de Justicia explicó que el derecho internacional no obliga a implementar una determinada política pública u otra, salvo que alguna de ellas viole las obligaciones jurídicas del Estado, de modo que sólo hay que evaluar si la propuesta cumple con ciertos estándares internacionales. Luego de tan buen comienzo, sentenció con energía que el nuevo marco regulatorio “es acorde con el derecho internacional”. Es una mera expresión de deseos, ya que como él mismo reconoció, recién se está elaborando. Luego expuso los principios de pluralismo y diversidad que deberá contemplar el anteproyecto, según una Resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, que sólo él conoce, porque el gobierno no la ha dado a publicidad y es inhallable en las páginas del Ministerio y del ENACOM. Lo que se pide, entonces, es un acto de fe. Otro tanto ocurrió con De Godoy, quien ante los cuestionamientos a los decretos que suprimieron la obligación de los cables de transportar señales, dijo que el 1 de abril una resolución la había repuesto. Nadie la conoce, porque no fue publicada, con lo cual todo queda librado a la discrecionalidad gubernamental. Godoy invitó en tono melifluo a los peticionarios a reunirse en Buenos Aires para recoger sus aportes. Entre ellos estaba el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación audiovisual, Osvaldo Francés, vicepresidente del Consejo Federal hasta que el gobierno lo desalojó con la policía, antes aún de la publicación del decreto. Francés dijo que los pequeños operadores ya no pueden competir contra los grupos concentrados, dada la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración. “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir.”
Cantón eligió para describir el contexto una serie de episodios (el diario Clarín roto en cámara por el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich, las piedras y casquillos hallados frente al domicilio de Jorge Lanata, los cables que envolvieron el auto de Miguel Wiñazki, la represión a los manifestantes que protestaban en Tucumán por el resultado de las elecciones provinciales, la publicación del horario de vuelo de Damian Pachter, el uso de 44 cadenas nacionales, la asignación discrecional de la pauta publicitaria del Estado, la pinchadura de comunicaciones por autores hasta hoy desconocidos) pero no pudo explicar qué relación tendrían con las leyes modificadas por decreto. Bastaba con que el nuevo gobierno se abstuviera de realizar esas conductas para que el problema desapareciera. Es ostensible que se trata de pretextos para justificar medidas cuya gravedad expusieron los peticionarios. Varios de los expositores oficiales dijeron que los decretos crearon un marco transitorio, pero eludieron referirse a los efectos permanentes que crean, así fueran derogados más adelante, por el Congreso o por la Justicia. Irreprochable, la directora del ENACOM, Silvana Giudici, se acogió con inteligencia a los beneficios del silencio.
El comisionado Francisco Eguiguren dijo lo que los informes de los sucesivos relatores vienen especificando desde hace años, que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, y planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM), cuya composición y atribuciones no cumple con los estándares de libertad de expresión, ya que debería estar “blindado de toda injerencia política o económica”. El Estado no tuvo otra respuesta que un ritual agradecimiento a la Comisión por realizar la audiencia y una retahíla de buenos deseos sobre los prodigios que nos aguardan.
El pretexto y la realidad
Quedó muy claro que con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban.
El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no fue tema de la audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.
Damián Loreti, secretario del CELS y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación, relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal, y que sus canales fueron afectados por la eliminación de la regulación de los cables. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.
Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorrogan en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable– están demorados”. Busso también destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: ‘Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos’. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera, en una clara regresión”.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión.
En el electrizante cierre de la audiencia, que fue trending topic mundial en Twitter, Oscar Nocetti habló en nombre de 300 cooperativas del interior. Hasta 2009 no podían tener licencias de comunicación audiovisual, que sólo se otorgaban a entidades con fines de lucro. El cambio de los últimos años generó trabajo y pluralidad de voces. Todo esto está en riesgo, por los decretos que “han desguazado el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”.
Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Nada de eso ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.