Chubut Para Todos

Cristina Elisabet y las vacilaciones de la Justicia Por Jorge Lanata

El pasado miércoles un pájaro negro sobrevoló el cielo de Retiro: lo que parecía olvidado resucitó, y entramos a empujones en un deprimente túnel del tiempo. Con el pasado sucede eso: te sorprende saltándote encima como un gato cuando uno menos lo espera. Los muertos nunca están tan muertos y, aunque cada vez más secta, el kirchnerismo todavía puede arruinar varias mañanas.

La imagen de dos militantes exhibiendo un cartel en la terraza de los tribunales de Comodoro Py era la mejor síntesis de lo que se veía abajo: la calle, por unas horas, fue de nadie. El Gobierno dejaba trascender que todo había sido responsabilidad de Alejandro Slokar, un “Justicia Legítima”, titular de la Cámara de Casación Penal, a cargo de la seguridad en Comodoro Py. Pero la influencia de Slokar termina en la vereda del edificio y La Cámpora controlaba la calle como si fuera la Policía. Adentro del edificio, Cristina Elisabet Fernández tarareaba “Avanti morocha” mientras le leían los cargos que se le imputaban. El microclima político, mientras tanto, discute “la oportunidad”.

-¿Está bien citarla ahora?

-¿Tiene entidad la causa del dólar futuro?

-¿Conviene citarla por la causa Hotesur?

Lo que el Gobierno y parte de la oposición discuten es, en el fondo, la aplicación del Código Penal. Pero claro, así dicho, suena más delirante todavía:

-¿Le aplicamos todos los artículos o uno solo?

-¿Estará Ella más allá del delito?

El público sabe de memoria que hay ladrones de guante blanco libres y ladrones de gallinas presos, pero la discusión abierta del punto se vuelve una pornográfica falta de respeto.

Todos los hombres son iguales -decía Quino a través de Mafalda-. Pero algunos son mas iguales que otros.

Nadie en estos días, ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Poder Judicial, le ha dicho a la gente que la Justicia no se vota. Diez mil o dos millones de personas no convierten a un acusado en inocente. Son las pruebas en su contra las que lo determinan.

Mientras el Presidente ensaya una respuesta jurídica al problema político de la empresa offshore, Cristina Elisabet le da una respuesta política a su problema judicial. “Salieron a buscarnos cuentas y encontraron las de Macri”, dice Fernández, aprovechando su debilidad. Es obvio que no es lo mismo y que nadie vio a Rodríguez Larreta o a María Eugenia Vidal contando fajos en una cueva. “A Lanata le pagaron los fondos buitre”, dicen Cristina Elisabet Fernández y Luis D’Elía que, además, agrega que yo debería ser fusilado cuanto antes. Su fuente es uno de los dueños del estudio de abogados Mossack Fonseca, uno de los mayores lavadores de dinero del planeta. Un día después el diario francés Le Monde publica que los Panamá Papers también denuncian la ruta del dinero K: Cristina Elisabet y Lázaro Báez usaban a la Cruz Roja para lavar dinero con Aldyne, la empresa que descubrimos en Seychelles en una investigación de “Periodismo para todos”.

El pasado miércoles un grupo de poco más de diez mil personas amenazó en público a un juez federal; algunos de ellos eran legisladores, ex funcionarios y una ex presidente.

La brusca sinceridad determinada por su escaso coeficiente intelectual se lo hizo decir a D’ Elía con todas las letras: “Si Cristina va presa se terminó la democracia y pasamos a la resistencia”. ¿Qué quiere decir, exactamente? Es cierto que, con un arma, lo más probable es que D’Elía se dispare al pie; pero ¿cómo cala ese discurso en los chicos de La Cámpora, fanáticos y semianalfabetos?

La Secta, que vivió del copyright de su inventada historia

de los setenta, juega una vez más con el pasado irresponsablemente. Del otro lado de la grieta, la Argentina se pregunta si será el momento para hacer justicia. Es justamente la ausencia de justicia lo que permite el vuelo de los pájaros negros del pasado.

Dejar que la Justicia funcione en plenitud es una decisión política e individual. La pregunta suena retórica pero no lo es: ¿podrá Argentina aplicar la ley? No es una discusión de límites o de tiempos. Es un ejercicio de libertad democrática, y la aplicación de un pacto de convivencia. ¿Cuál sería la autoridad moral del Gobierno si hace excepciones o maneja los tiempos según a quien le toque?