El Tribunal controlado por el Ejecutivo, declaró en desacato al Congreso de mayoría opositora. Y designó una sala para dictar leyes. La oposición reclamó a los militares que no hagan oídos sordos a esta violación. Ola de protestas en todo el mundo.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias de la Asamblea Nacional en un controvertido fallo que según la oposición busca darle plenos poderes al presidente Nicolás Maduro. La sorpresiva sentencia, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país caribeño. Hubo fuerte repudio internacional.
En el fallo el Tribunal resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.
En enero de 2016 y tras una aplastante victoria la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato, agravando una situación que lleva más de un año en plena ebullición.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, tras hablar con el presidente Mauricio Macri señaló que “en las últimas horas se ratificó la dictadura en Venezuela, porque eliminaron la Asamblea Nacional. Han dado un golpe de Estado”.
“Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela”, dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”.
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos de Amazonas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tachó este jueves de “autogolpe de estado” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado ahora por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. Al tiempo que pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental.
“Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agregó Almagro.
La comunidad internacional expresó su repudio luego de difundirse el fallo del TSJ. EEUU, Perú, Colombia, Brasil, Chile y México cuestionaron el accionar como un revés para la democracia y en igual sintonía se manifestó la Unión Europea.
El organismo europeo pidió en un comunicado “establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución”.
En el ámbito local, el presidente Mauricio Macri , la diputada nacional Elisa Carrió y sus pares Sergio Massa, Mario Negri y Ricardo Alfonsín condenaron el hecho y pusieron el foco en convocar la Carta Democrática para expulsar a Venezuela de la OEA. En tanto el CELS repudió el “golpe institucional” y pidió resguardar la democracia.
A comienzos de esta semana el Tribunal Supremo también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo por inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.