El comerciante radical Alejandro Papaiani conduce el sector Celeste y Blanco aspirante a disputar las elecciones de la cooperativa eléctrica de Rawson, que hoy funciona bajo una intervención ordenada por el juez federal Hugo Sastre. Esta semana realizó fuertes críticas al Interventor de la Cooperativa Juan Manuel Ibáñez, reclamó información financiera y pidió inmediatas elecciones de autoridades.
UNA MEZCLA RARA
El sector Celeste y Blanco es un singular agrupamiento de militantes políticos, sociales, periodistas y personas comunes, originarios de distintas vertientes ideológicas de Rawson.
Además de Janucho Papaiani, ex multifuncionario de los gobernadores radicales Carlos Maestro y José Lizurume, también participan Miguel Torres que fue concejal y conductor de la Asociación de Bomberos, el abogado Carlos Marín (ex directivo de Mario Das Neves), el ex juez de Paz Calos Ramallal y otras expresiones muy activas en la ciudad.
EL MANEJO DEL DINERO Y EL INGRESO DE PERSONAL
Las críticas están enfocadas hacia la intervención de la Cooperativa dada la ausencia de información sobre la situación económica y financiera de la institución, la posibilidad de su privatización, la posibilidad de su estatización, el ingreso de personal en los últimos días y la designación de asesores del interventor.
ASESORES A SUELDOS MILLONARIOS
Fuentes del agrupamiento de asociados revelaron el ingreso a la Cooperativa de 6 asesores que asisten al interventor Juan Manuel Ibáñez.
Los asesoradores estarían cobrando sueldos que alcanzan a los 18 millones de pesos mensuales, según nuestra fuente.
El informante también reveló que los asesores responden a la orden de Jorge Aidar, hombre de negocios con influencia en la designación de ministros y otros directivos en puntos estratégicos del Estado provincial.
La intervención nunca brindó ninguna información a los asociados que reclamaron. La Justicia federal tampoco ofreció respuestas en ninguna instancia.
Recién esta semana respondiendo a una medida cautelar reclamada ante la justicia provincial, la jueza Amorina Testino ordenó al interventor Ibáñez entregar los últimos 7 informes periódicos de gestión.
La intervención judicial iba a tener una vigencia de 6 meses y lleva 2 años de gestión. Esta semana que comienza los asociados sabrán sobre la continuidad de la intervención o escucharán el llamado a elecciones.-
Por P.C