Lejos de la tecnología ultra moderna, hurga y cruza datos de bases públicas y privadas y redes sociales para detectar agujeros y jugar a “la pesca”.
La irrupción de las causas por presunto espionaje ilegal durante los gobiernos de Cambiemos en la Nación y la provincia de Buenos Aires elevó a escena las herramientas y mecanismos que utilizan las fuerzas de seguridad en su “lucha contra el delito”. Ley de Inteligencia Nacional (25.520) prohíbe taxativamente el espionaje interior sin la orden de un juez. Pese a ese impedimento, la Policía bonaerense echa mano al fisgoneo en bases de datos privadas conjugadas con búsquedas en redes sociales para dar con potenciales personas en conflicto con la ley penal, según se desprende de una causa en plena etapa de investigación que se desarrolla en la Justicia bonaerense.
Analizar el inicio de las investigaciones criminales es abrir la puerta de un cofre donde puede encontrarse todo tipo de conductas de dudosa legalidad. En la Justicia provincial hay miles de expedientes que se inician con un llamado telefónico anónimo o una carta sin remitente depositada en alguna Mesa de Entradas judicial de cualquier dependencia del fuero Penal bonaerense. Esa “información”, una vez tamizada por la subjetividad de algún fiscal, puede transformarse en un pedido de allanamiento con orden de detención de la o las personas mencionadas en esos anónimos como posibles delincuentes.
Varios fiscales consultados por Letra P detallaron que, para corroborar esas informaciones, los agentes policiales nucleados en las Delegaciones Departamentales de Investigaciones (DDI) se infiltran en las comunidades donde viven o desarrollan sus tareas los denunciados. En paralelo, otros sabuesos policiales buscan datos en redes sociales –Facebook es la estrella de las investigaciones- o en bases de datos privados -las más consultadas son Nosis y Veraz-. Una vez obtenida toda esta evidencia, finalmente un juez de Garantías avala las tareas policiales. Así se desarrollan, en líneas generales, las investigaciones penales.
El rastreo de personas mediante el uso de bases de datos ingresó en crisis tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (AI), ejecutado en octubre de 2019. En ese operativo, encontraron más de 45 mil consultas sobre el patrimonio personal de un universo heterogéneo de personas. Muchas son policías -hasta allí, nada reprochable dado que AI debe controlar a los uniformados-, pero la situación se complejiza ya que en esa extensa lista aparecen fiscales, jueces, intendentes, empresas y dirigentes políticos y sociales, entre otros. Todas esas búsquedas de información patrimonial a civiles y personas jurídicas se hicieron sin la orden de un juez ni argumentadas en alguna investigación penal previa. En la jerga se denomina “salir de pesca”.
Esta situación se conoce desde hace décadas, pero muy pocas veces se obtuvieron evidencias tan contundentes como las que recolectó la fiscal Cecilia Corfield, quien procesó al extitular de AI Guillermo Berra y a la abogada Rosario Sardiña. Berra, de profesión abogado, llegó al cargo, entre otros motivos, por su militancia política en el PRO. Fue nombrado por el exministro de Seguridad Cristian Ritondo, de quien recibía las órdenes directas. En pleno desarrollo de sus funciones, el exfuncionario procesado fue felicitado públicamente por Elisa Carrió.
DELITO EN CUARENTENA. El inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio abrió un nuevo escenario dentro de las fuerzas de seguridad. El comienzo del encierro ciudadano para evitar el coronavirus desplomó los índices de delitos contra la propiedad, según refirió en varias entrevistas el titular de la cartera de seguridad bonaerense, teniente coronel Sergio Berni.
Pero en el inicio de la cuarentena se generó una polémica que fue protagonizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien reconoció que las fuerzas de seguridad fueron autorizadas a realizar “ciberpatrullajes”, con el objetivo de tomarle la temperatura al “humor social”. “El objetivo de hacer una supervisión de las redes es identificar la posible comisión de delitos y, en caso de que los identifiquemos, dar intervención a la justicia”, precisó Frederic.
En este sentido, indicó que se usa, por ejemplo, “combinando palabras o hashtags para prevenir delitos de grooming, donde adultos intentan convencer a niños que entran en situaciones de abuso o en casos de venta de drogas”.
A todas luces se trata de una situación opaca en el marco legal vigente sobre cómo investiga el Estado y con qué herramientas cuentan los sabuesos. Más allá de las buenas intenciones que parece tener la fundamentación de la funcionaria, ese gris jurídico es la puerta de ingreso de los propios investigadores para abusar de esa posición de poder y cometer intromisiones indebidas en la privacidad de cualquier persona.
Las distintas causas en trámite por presunto espionaje le dan la oportunidad al Poder Judicial para delimitar claramente o reafirmar las leyes existentes sobre cuál debe ser el campo de acción para el uso de la inteligencia criminal y si el espionaje debe ser utilizado solamente para evitar agresiones externas, tal como se indica en la Ley de Inteligencia Nacional.
Por Martín Soler – Letra P