Con cuatro exfuncionarios imputados, inició el juicio oral y público por presuntos sobreprecios en la contratación de viajes estudiantiles. Los acusados son Rubén Zárate, Marcelo Gallichio, Gladys Harris y Sergio Combina, todos ellos funcionarios del Ministerio de Educación en la gestión de gobierno de Martín Buzzi.
Iniciada la audiencia, el defensor Omar López objetó la competencia de la Justicia provincial en la investigación, y ahora la continuidad del juicio oral y público, depende de la decisión que tome el Tribunal sobre el planteo realizado.
No obstante que durante el proceso la jueza Ivana González, rechazó ya en dos oportunidades un planteo similar. En la audiencia de este jueves, el defensor oficial, volvió a insistir en que la denuncia debió realizarse ante la Justicia Federal. Se espera que, para el próximo lunes a las 9 horas, los jueces Mirta Moreno, Sergio Piñeda y Fabio Monti, den a conocer la resolución en la que deberán decidir si son competentes o no para llevar adelante el juicio oral y público.
La acusación
Junto a Damián D’Antonio, López defiende a Marcelo Gallichio, Gladys Harris y Rubén Zárate. Por su parte el defensor particular Sergio Miranda representa a Sergio Combina.
Gallichio, Harris, Zárate y Combina, están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”.
Se les endilga presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación del servicio de transporte estudiantil en cuatro hechos puntuales. Se trata de la contratación de micros de larga distancia en los que estudiantes secundarios de educación técnica del Chubut viajaron en dos oportunidades a dos veces a Buenos Aire, luego a Zárate y también a Santiago del Estero para participar en una competencia de educación técnica en prototipos de autos eléctricos.
Los argumentos de López
Para el defensor López se hace necesario que intervenga la Justicia Federal, porque los fondos destinados a ese programa de educación, provenían del presupuesto del Estado nacional. Agregó en su fundamentación que no solo los fondos tenían este origen, sino que además el control, administración, monitoreo, supervisión y la auditoría contable y pedagógica, también le pertenecían a ese Ministerio nacional. Para ello citó varias resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación que, a su criterio acreditan la “nula” participación de estamento provincial alguno. “Este tribunal que se conformó no es el competente” dijo en alusión a los jueces Monti, Piñeda y Moreno “y por ello la presente causa debe enviarse a la competencia federal”, dijo.
Querella y Ministerio Público Fiscal
El fiscal general Osvaldo Heiber, sostuvo que el caso debe ser juzgado por este tribunal de la Justicia Provincial porque “la administración infiel es en perjuicio del erario público provincial. Se trató de un quebrantamiento de la fidelidad en el cuidado de bienes ajenos afectando la confianza entre demandantes y mandatarios”.
La misma actitud expusieron los representantes de la Fiscalía de Estado, el doctor Martín Castro y Rodrigo Miquelarena. En el mismo sentido destacaron que “está acreditado por el Tribunal de Cuentas de la provincia que los fondos para el programa estudiantil, ingresaron al presupuesto de gastos y recursos de la Provincia del Chubut” y destacaron que para ello se creó una Unidad Ejecutora Provincial a cargo de la administración de esos recursos y dependiente del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut.
Indican que “la provincia se encargó de controlar el uso y destino de esos fondos y que finalmente era la Nación la que aprobaba o rechazaba tal rendición. Esto fue así al punto tal que desde Nación las cuentas fueron bloqueadas ante la falta de rendición por parte de la provincia”.
La causa fue impulsada por el ex ministro de Educación, Fernando Menchi y el ex fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, por el presunto pago de sobreprecios en la contratación del transporte para esos viajes. La audiencia en la que se resolverá la competencia del Tribunal, se realizará el próximo día lunes a las 9 en el sexto piso del edificio de Tribunal de Trelew.