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Cloacas a cielo abierto

El video de la propia AFI macrista sobre la persecución de Juntos por el Cambio a opositores.

Los mecanismos de la democracia están diseñados para funcionar articuladamente con un sistema de frenos y contrapesos que garantiza que no se produzcan desvíos en ninguno de los tres poderes del Estado. Ese diseño incluye muy especialmente mecanismos de control y corrección ante eventuales disfunciones producidas, por ejemplo, por la acción de funcionarios amorales que deciden incursionar en el delito. Este supuesto es el que se refiere a la organización criminal instalada en el país con anterioridad a las elecciones de 2015 que llevaron al poder a Mauricio Macri. En ese sentido, si bien durante los ocho años en que el nombrado ejerció la jefatura de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya estaba en marcha el plan criminal, es en los momentos previos a las elecciones presidenciales que se recurrió a mecanismos de manipulación a fin de direccionar el porcentaje necesario para ganar los comicios. Macri triunfó de ese modo con una diferencia de apenas un 2,68 % sobre su rival Daniel Scioli, a quien organizadamente se encargaron de denostar las huestes de Mauricio Macri. Similar estrategia fue utilizada por la empresa contratada (Cambridge Analytica) para desacreditar con el mismo fin a Hillary Clinton en su contienda con Donald Trump en EE.UU, en las presidenciales de Trinidad-Tobago y hasta en el Brexit del Reino Unido donde con la misma metodología se logró que la mayoría de votantes se inclinara por una decisión que los perjudicaría gravemente al separarse de la Unión Europea. En el caso de la banda comandada por Macri, el fin de llegar a la presidencia, además de su narcisismo enfermizo, era el de lograr el mayor saqueo económico de la historia de la República Argentina en su propio beneficio y en el de sus amigos y socios. Para ello, se utilizó un mecanismo de persecución feroz de opositores llamado Lawfare en el cual unían sus recursos los Servicios de Inteligencia del Estado, el sector corrupto del Poder Judicial y los medios hegemónicos de comunicación. Si bien cada pieza de la máquina delictiva construida con el fin indicado, representaba (y representa) un papel indispensable, es en el Poder Judicial donde reside la mayor cuota de poder real a la hora de las decisiones. Desde la casa de gobierno, así como desde la residencia de Olivos, Macri convocaba a los integrantes de la organización, era informado de los planes y avances en las tareas de espionaje y persecución y finalmente tomaba las decisiones que afianzaban el plan de acción. Es ya mundialmente famosa la excusa de “jugar al paddle” o al “tenis” con importantes magistrados federales en sistemáticas visitas previas a decisiones que resultaban trascendentes para el éxito del Lawfare en el país y en la región. Se trata del Plan Condor II mediante el cual, para lograr el mismo fin que las dictaduras sangrientas de los 70 (la transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los más poderosos), reemplazaron el secuestro, tortura, desaparición y muerte, por la manipulación, el espionaje y la extorsión. Claro que cuando había que matar por la espalda para afianzar el disciplinamiento social, no había vacilación alguna de parte del gobierno de Mauricio Macri quien felicitaba personalmente en la Casa Rosada a los asesinos.

Hace pocos días tomaron estado público las imágenes y audio de una reunión convocada en 2017 en una sede del Banco Provincia de Buenos Aires, por el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. Allí, es posible observar la planificación detallada de diversos delitos muy graves que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con participación del gobierno nacional y sus servicios de inteligencia, programaban llevar a cabo. Se trataba de la preconstitución de elementos probatorios fraudulentos para incriminar líderes sindicales y encausarlos penalmente. Para ello, según palabras del ministro dependiente de Vidal, ya estaban informados y apalabrados el Procurador General, así como jueces y fiscales. El registro fílmico de la reunión permite hablar de flagrancia en cuanto a que la planificación citada y los términos en que se realizó, configuran el delito de asociación ilícita de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal argentino. En la figura agravada, la escala penal prevista llega a los 20 años de prisión. La denuncia correspondiente fue realizada por la Agencia Federal de Inteligencia ante la justicia Federal de La Plata. Si bien la buena noticia es que ambos jueces federales de esa jurisdicción son funcionarios de altísimo nivel jurídico y probada honestidad, la mala es que hay grandes posibilidades que la investigación sea trasladada a la conocida sede de Comodoro Py. Recientes resoluciones insólitas dictadas por una sala de la Cámara Federal de Buenos Aires, hacen pensar seriamente que el lawfare se encuentra intacto. Es que los citados mecanismos previstos por la constitución nacional respecto de los abusos de poder, presuponen un buen funcionamiento institucional. Y en el caso del Poder Judicial, la excelente calidad de muchos de los magistrados y funcionarios que lo integran, queda por completo opacada por las decisiones del grupo que, en los momentos decisivos, usan el poder de su lapicera para encubrir y favorecer abiertamente a quienes saquearon hasta ahora impunemente nuestro país. Es imprescindible lograr una mirada en perspectiva que permita evaluar en su real dimensión la magnitud de la banda criminal que continúa accionando. La reunión del Banco Provincia, se asemeja a una cloaca a cielo abierto, donde las heces hediondas hoy invaden el aire. Si bien conocíamos la existencia de esos desperdicios, las imágenes y las voces de sus protagonistas nos inundan de realidad tóxica. Y faltan aún las de sus jefes, teniendo en cuenta que la que dirigió el ministro de Vidal (grupo Gestapo), es solo una célula de la organización. Estas conductas violan además la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). De la aplicación correcta de la legislación nacional e internacional que regula el tema, dependerá que las heces se esparzan en el océano ya contaminado de Comodoro Py, o por el contario, se transformen en abono para una sociedad mejor, perfumada por el agradable aroma de una democracia real. Al fin y al cabo, sólo se trata de un puñado de decisiones políticas.

Por Carlos Alberto Rozanski