En el mismo período, las jurisdicciones más beneficiadas son CABA y provincia de Buenos Aires. El reparto inequitativo se prolonga más allá del signo político de los gobiernos.
La provincia recibirá en este año un 9% menos de coparticipación de recursos nacionales que lo que había obtenido en 2015. Si se considera desde el año 1993, los chubutenses reciben hoy 20% menos que tres décadas atrás.
Un informe publicado por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) evalúa la distribución histórica de los fondos que se conforman con el cobro de impuestos nacionales en todas las provincias, que son recaudados por Nación y luego son redistribuidos nuevamente hacia las jurisdicciones, a través de la coparticipación federal.
El debate nuevamente abierto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso la devolución de aportes de coparticipación que habían sido restados a la Ciudad de Buenos Aires para transferirlos a la provincia de Buenos Aires, sirve como disparador para evaluar nuevamente la posición de provincias postergadas en el reparto grande de los recursos nacionales.
Es útil recordar que uno de los argumentos por los que el gobierno nacional promovió el juicio político contra los ministros de la corte nacional, que está pendiente de tratamiento en el Congreso de la Nación, fue precisamente esa resolución judicial, que además atraviesa el debate político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El cuestionamiento se basa en que la Corte revierte una medida del gobierno de Alberto Fernández, que a su vez anuló un decreto del gobierno de Mauricio Macri, que había beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires con una suba de recursos. El gobierno actual dejó sin efecto esa medida, quitando aportes a la Ciudad, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, para enviarlos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.
Los actores de reparto en esa película, o convidados de piedra, miran desde afuera la discusión o suman voces (y levantan o bajan manos) a uno y otro lado de la grieta, sin que la cuestión de fondo, al menos para estas latitudes, esté cerca de resolverse.
Es así como se eterniza el inequitativo reparto de los recursos, muchos de los cuales se generan por la actividad económica que aún sostiene la provincia de Chubut, al igual que otras jurisdicciones que son igualmente postergadas a la hora de repartir la torta, donde los grandes centros urbanos reciben las porciones más grandes y las demás, como las patagónicas, deben contentarse con los restos.
Las más privilegiadas son CABA y provincia de Buenos Aires
Al considerar la evolución del reparto de la torta en los últimos 30 años, el análisis concluye que sólo 12 jurisdicciones lograron mejorar sus ingresos, siendo la más beneficiada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
“CABA fue la que presentó el mayor crecimiento (548% respecto del año base -1993-), seguida en el ranking por las provincias de Chaco (13%), Tierra del Fuego (10%), Santa Fe (8%) y Córdoba (8%)”, advierte el informe técnico, al que tuvo acceso ADNSUR.
Claro que para que algunos territorios puedan recibir una porción más grande de la torta, otros deben conformarse con mucho menos. Entre los últimos de la fila, se encuentra la provincia de Chubut, según añade el mismo trabajo:
“Por otro lado, las provincias que vieron reducir su coeficiente primario efectivo respecto al año 1993 fueron: Chubut (20%), Neuquén (13%), Santa Cruz (13%), San Luis (7%), La Pampa (5%), Rio Negro (4%), La Rioja (4%), Buenos Aires (2%), Mendoza (2%) y Jujuy (1%)”.
Dicho de otro modo, la provincia recibe hoy menos recursos que los que llegaban en 1993, cuando la población era mucho menor y pese a que se trata de una jurisdicción que contribuye en alrededor del 4% del Producto Bruto Interno del país.
El análisis también se parcializa en relación a los últimos 8 años, al tomar como punto de partida el año 2015, luego de algunos cambios, en el período anterior a ese año, en el esquema de reparto. En ese lapso, Chubut vuelve a quedar entre las más relegadas:
“En este punto se puede concluir que Buenos Aires y CABA fueron las grandes ganadoras del reparto durante los últimos ocho años. Esta recuperación llevó, obviamente, a que disminuya la participación secundaria de las demás jurisdicciones –añade el informe-. Mientras 22 jurisdicciones tendrían una reducción de participación porcentual, CABA y Buenos Aires la aumentarían”.
Según el informe, CABA vería aumentado su porcentaje efectivo un 128,8% entre el año 2015 y 2023, ya que pasaría del 1,9% de 2015 al 4,4% de este año 2023. Provincia de Buenos Aires, por su parte, registraría un aumento de su porcentaje efectivo del 19,7%, ya que pasaría desde el 18,7% de 2015 al 22,4% de este año 2023.
“Más dinero proporcional para Buenos Aires y CABA permitió que estas jurisdicciones aumenten su participación en la torta que significan los fondos enviados a Provincias y CABA, cayendo la participación porcentual del resto –añade el trabajo-. De las 22 jurisdicciones restantes, todas con caída de su participación porcentual, se destacan Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, con caída de entre el 9% y el 10%”.
La ‘reparación histórica’ que no llegará y el impacto en las cuentas provinciales
La situación no es desconocida por las autoridades provinciales, que en 2021 impulsaron un proyecto de ley de reparación histórica, por el que se busca que Chubut obtenga una compensación por la pérdida de recursos sufrida desde fines de la década del 80, que se estimó en 2.200 millones de dólares.
Aunque la iniciativa no pretende una devolución en dinero sino en obras a ejecutar a lo largo de varios presupuestos, lo que lo tornaría más viable, el proyecto no ha tenido mayor trascendencia en la agenda legislativa del país ni parece que vaya a tenerla, debido a que las urgencias y prioridades transitan por carriles muy diferentes a los que puede esperar una provincia patagónica.
No está demás repasar uno de los datos que daba fundamento a aquella iniciativa: Chubut recibe sólo el 1,2% del presupuesto nacional destinado a obras públicas, por lo que en la propuesta de compensación, se pretendía elevar ese índice hasta un 2%.
No por conocido, el problema deja de ser determinante. La postergación de Chubut en el reparto de la coparticipación federal volverá a explicar, en buena parte, los problemas que comenzarán a verificarse en los próximos meses, cuando se reedite la pelea entre empleados públicos y el gobierno provincial, a raíz de la insuficiencia de los recursos para atender los legítimos reclamos para actualizar salarios a un ritmo más cercano a la inflación.
La otra parte del problema será explicada por la deuda provincial, que este año vuelve a tener una fuerte incidencia sobre los recursos provinciales, ya que esos pagos están garantizados por las regalías petroleras. Aún con récords recaudatorios por el petróleo producido en la cuenca San Jorge, los números seguirán lejos de resolver los interrogantes que atravesaron el último lustro.
Desde esa perspectiva, el año electoral que comienza a despuntar se parecerá mucho al tránsito sobre un alambre, sin mayor expectativa que la de hacer un precario equilibrio, para llegar a diciembre y cumplir el cronograma institucional, para el recambio de gobierno.
Como al final de cada ciclo, vuelve esa extraña y frustrante certeza de que es necesario cambiar algunas cosas, para que todo siga igual.
Por Raúl Figueroa-ADNSur