Según documentos provenientes de Estados Unidos sobre la “contabilidad paralela” que llevaba la constructora brasileña, se cree que algunas de los presuntos pagos ilegales se habrían realizado a compañías que estarían vinculadas Jorge “Corcho” Rodríguez. Desde el entorno del empresario ya habían descartado esta acusación.
La Justicia de los Estados Unidos envió a la Argentina nueva documentación sobre supuestos pagos ilegales de la multinacional brasileña Odebrecht para quedarse con obra pública en varios países latinoamericanos, la cual volvió a vincular a funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y a empresarios como Jorge “Corcho” Rodríguez.
Este tramo de la investigación acerca de presuntas maniobras ilegales de la constructora brasilera está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, que subroga la fiscalía que ocupó Federico Delgado, fallecido el pasado 27 de agosto. El material que arribó desde el país norteamericano apunta a la probable operatoria delictiva que desplegaron altos ejecutivos de Odebrecht y un grupo de intermediarios brasileños, uruguayos y argentinos.
Según explican los documentos, los sospechosos estarían involucrados en un entramado offshore para pagar coimas a diferentes funcionarios nacionales en el proyecto para la extensión de redes troncales de gas en el país. Sobre Rodríguez, se cree que el empresario habría oficiado como gestor e intermediario en los supuestos sobornos.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a PERFIL que la documentación proveniente de Estados Unidos incluye transferencias y un Excel que formarían parte de la contabilidad paralela de Odebrecht en el cual se registran pagos a distintas sociedades con la referencia “Dutos Argentina” (Conductos Argentina).
“Algunas de esas empresas, por cuestiones probadas en otras causas, estarían vinculadas a Jorge Rodríguez“, señalaron, aunque aclararon que, por el momento, aún no hay información directa sobre su participación más allá de la que obra en otras actuaciones y trascendidos periodísticos.
Desde el entorno del empresario destacaron que “en la totalidad de la documentación que fue remitida en julio 2022” desde Estados Unidos, “no hay ninguna mención Jorge Rodríguez, como ha trascendido erróneamente”. Adicionalmente, recordaron que en su momento el propio fiscal Delgado sostuvo que el material enviado “no sumaba nada nuevo” a la causa. “Realizado un visionado de la información aportada que, desde ya adelantamos, no aporta nuevas líneas de investigación de los sucesos de cohecho trasnacional respecto de las obras de AySA por parte de la empresa brasilera Odebrecht”, había mencionado.
Las planillas de los supuestos pagos
Los pagos ilegales habrían quedado registrados internamente en documentos de la multinacional brasilera, de los cuales se desprende que habrían ocurridos 18 pagos en distintos meses a “Dutos Argentina” por un total de 900.000 dólares. Los sobornos se habían hecho entre 2007 y 2014 y los datos se acoplan con los de dos cobradores frecuentes, “Duvidoso” (Dubitativo) y “Festança” (Fiestero), observados en otra planilla revelada por este medio en 2017.
Ahora, la Justicia argentina investiga la nueva documentación bajo la hipótesis de que esos pagos estarían materializados en esas planillas.
En referencia a la posible participación del ex ministro De Vido y otros empleados de su órbita, como el es subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, aún no se afirmó que exista prueba directa pero se analizan las transferencias, las empresas y los apodos utilizados en esa documentación.
Cabe recordar que el gigante latinoamericano fue acusado por la Justicia de Brasil de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras. La red, destapada en 2014 por la investigación llamada “Lava Jato”, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de ese país.
A la espera de la fecha del juicio oral
Por un lado, una parte del expediente ya fue elevado a juicio oral en 2018 por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de Capital Federal por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Se fijó el límite el 6 de diciembre de 2006, cuando Odebrecht y CAMMESSA firmaron los contratos EPC para el plan de ampliación de gasoductos TGN (Transportadora de Gas del Norte) y TGS (Transportadora de Gas del Sur). Este tramo está en un Tribunal Oral a la espera de fijar fecha para el juicio.
Por el otro, todos aquellos posibles delitos que se hubiesen cometido a partir de la firma de esos contratos (posibles cohecho, sobreprecios, enriquecimiento ilícito) quedaron delegados en el fiscal. En ese sentido, se podría avanzar sobre otros presuntos implicados, entre ellos “Corcho” Rodríguez, por su presunta participación en actos de corrupción.
Ahora, la investigación tendrá que centrarse en analizar la ruta del dinero, que habría ido desde sociedades en el Caribe, hacia otras en Estados Unidos y Uruguay hasta llegar a los funcionarios argentinos. Se desprende de la documentación que la constructora realizó transferencias y las dejó anotadas en su contabilidad paralela.
Por Federico Perez Vecchio-Perfil
