El encargo del magistrado al organismo que dirige Laura Alonso y a otras que dependen de Horacio Rodríguez Larreta choca en parte con el pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien había propuesto como prueba el análisis de las declaraciones juradas del Presidente y que fuera realizado por profesionales de la pública Universidad de Buenos Aires (UBA).
No obstante ese requerimiento del Ministerio Público, el estudio comparativo fue solicitado por Casanello, en forma conjunta, a la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, según informó la agencia DyN.
El juez hizo hincapié en que se analicen si entre las distintas declaraciones juradas se evidencian contradicciones, en caso afirmativo las posibles causas de esas diferencias, y si podrían deberse a, como alegó Macri, las “dificultades para articular” los formularios de las declaraciones juradas.
Por su parte, el dictamen de Delgado apuntaba “a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el supuestamente ser director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá”.
Junto a un cuadro explicativo que revela las relaciones de “Fleg” y “Kagemusha” con otras personas jurídicas, el funcionario judicial señaló que la segunda parte de la pesquisa “se vincula con determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si el actual jefe de Estado tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.
Cuando estalló el escándalo conocido como “Panamá Papers”, el mandatario aseguró que su presencia como director de “Fleg Trading LTD” fue “una operación legal” y sostuvo que la firma “dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina”.