Image default

Caritas abraza a los sindicatos, organizaciones, jueces y fiscales por la reutilización de bienes incautados al crimen organizado

El juez Casanello encabezó una reunión en la organización para impulsar un proyecto de ley que busca administrar con transparencia y eficacia los bienes decomisados por la justicia.

La vasta experiencia de la iglesia italiana en la lucha contra la mafia, apoyada y reivindicada como nunca había ocurrido por un Papa, está tomando en el país de Francisco un nivel jamás alcanzado para sanar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

La iglesia Argentina siguiendo el mandado que Jorge Mario Bergoglio encabezó de cuerpo y alma siendo arzobispo, en la lucha contra la trata de personas y el narcotráfico, delitos de lesa humanidad como él llama, está jugando un rol clave en el inédito proceso que quiere convertir el corazón del crimen, que son los bienes adquiridos como resultado del padecimiento químico o físico de seres humanos.

Sebastián Casanello, juez de primera instancia en el fuero federal porteño, se paró en medio de una ronda de militantes de organizaciones sociales y sindicales, que lo conocían por los medios . Desde las sillas miraban impresionados. La claridad, precisión y pasión del magistrado, como tomado por el Espíritu Santo, impactó a todos los presentes que se habían congregado en la sede de Cáritas nacional, el mismo lugar donde se realizó a fines del 2001, la Mesa del Diálogo Argentino. Que un magistrado del fuero federal se ponga a la cabeza de una nueva ingeniería para la administración transparente y eficaz de los bienes hoy decomisados por la justicia no es poco, ya que se habla del valor estrambótico de 50 billones de pesos, entre dinero, inmuebles, talleres textiles clandestinos, campos y vehículos de todo tipo (desde avionetas, camiones, autos de lujo, tractores, etc), hoy decomisados por la justicia argentina.

Casanello no está sólo. Habló en el marco de la convocatoria que inició Libera, la Red italiana antimafia más antigua y extensa del mundo, que lidera el sacerdote Luigi Ciotti, quienes decidieron globalizar su experiencia, y que en el caso de América Latina llaman Red Alas, aunque en Argentina el proceso se aceleró, en gran parte, por la impronta de un joven militante antimafia y actualmente trabajador judicial. Lucas Manjon, ex miembro de la Fundación Alameda, había conocido Libera en Buenos Aires por el sacerdote Tonio Dell’Olio encargado en su momento de replicar en el mundo la experiencia italiana. Manjon no olvidó sus pasos en la lucha de trinchera contra el crimen organizado local, como su trabajo en los coloquios dentro del Vaticano con jueces y fiscales, y lo que conoció en Italia, al sur, en Sicilia, en los campos decomisados a la mafia que reutilizan las cooperativas de trabajadores. Esa experiencia de vida lo marcó y lo motivaron para asumir la conducción de Libera Argentina y lograr incidir en la política del Estado argentino a través de una nueva ley nacional de reutilización de bienes al delito que sea impulsada desde los sindicatos, movimientos populares, ong’s y diversos credos. Para lograr respaldo económico en esta campaña Libera argentina se unió con: Circolo Giuridico di Argentina, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Fundación Multipolar, participaron de un concurso de la Unión Europea. El proyecto argentino superó a otras 300 iniciativas. Desde entonces cuenta con el financiamiento de la UE.

En el salón de Cáritas, el pasado miércoles 28, por la tarde, el juez Casanello resaltó que el proyecto de ley que él impulsa desde la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), como las fiscales presentes en el encuentro Alejandra Mangano (Anti-trata) y Laura Roteta, fiscal anti-lavado de dinero, miembros de la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) busca crear una agencia que administre sobre todo las unidades productivas (fábricas o campos) con un cuerpo profesional que logre el uso transparente y eficaz de los bienes en favor de las víctimas directas del delito con impacto a toda la sociedad.

El proyecto de ley fue revisado por muchos operadores judiciales. También viene circulando entre los bloques partidarios del oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional, y ninguno ha negado su apoyo. Algunos argumentaron no querer generar nuevos estamentos en el Estado a lo que fue rebatido con dos argumentos, por un lado la experiencia de las Agencia europeas que con un número reducido de personas son las más eficiente por las evaluaciones de los organismos internacionales, y por otro lado, el volumen de 50 billones de pesos disuade a cualquiera porque la autofinanciación es superada con estos niveles de decomiso judicial. “Hoy el poder judicial invierte millones de pesos en el alquiler de inmuebles, en la custodia policial, si tenemos la ley esto bajaría los actuales costos”, resaltó Manjon, coordinador del proyecto, sentado junto a Casanello, el asesor legal de la iniciativa parlamentaria.

Los ejemplos de decomiso de bienes en causa penales van desde dos autos de alta gama, que no se usan y significan dos millones de pesos al mes para su mantenimiento, pasando por un estacionamiento de cinco pisos en pleno microcentro porteño que está vacío, hasta 32 inmuebles sin uso en la Ciudad que podría servir de refugio a víctimas de trata laboral, sexual o ex adictos a las drogas, sostuvo Paz Tibiletti de la Fundación Multipolar.

La fiscal Mangano aclaró que este proyecto de ley no tocará la actual administración de bienes que señala el decreto que reglamentó la ley de Trata. Mientras que la fiscal Roteta consideró que “hoy 500 jueces de todo el país deciden en función de lo que conocen y luego delegan en las fuerzas de seguridad. Nosotros estamos buscando un cambio a esta desorganización, porque hoy ya estamos en un cambio cultural. Estamos mirando los operadores judiciales no sólo las penas como antes, ahora incorporamos la pregunta qué pasa con los bienes. Por eso necesitamos de ustedes, de la sociedad civil, religiones, gremios, organizaciones sociales, ong’s, para una verdadera transparencia y equidad”.

Surfear la polarización políticas y el ya lanzado proceso de disputa electoral no achica a este proyecto de ley que tiene el respaldo del Papa Francisco, de la iglesia Argentina, las entidades como DAIA, AMIA, la Catedral de la Fe, Scholas Ocurrentes, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR),la Red Impuestos, Control y Justicia (ICJ), y la Fundación Fundar.

Con este proceso la utopía puede ser realidad.

Por Lucas Schaerer – Telam