El exgobernador acudió a los Tribunales de Puerto Madryn en calidad de testigo. Defendió a los exfuncionarios que están siendo juzgados y dijo que la firma era un “berenjenal”. “Vino (Pedro) Baldino, después “El Cura (Omar) Segundo y luego (Federico) Otero y otros. No sabíamos quién era el dueño. Este pasamanos era una cadena de insolventes e impresentables”, sentenció.
Así lo manifestó con claridad en su declaración como testigo que realizó este viernes, en el marco del juicio oral y público contra cuatro integrantes del Comité de Administración creado por un decreto que llevó su firma en el mes de febrero del año 2014. Se trata de la ex Ministro de Desarrollo Territorial y actual diputada provincial Gabriela Dufour, los ex funcionarios Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa. Están imputados del delito de “administración fraudulenta” por no haber tomado medidas que evitaran lo que finalmente ocurrió cuando una tormenta el día 7 de abril de ese año, destruyó los cabos con los que estaban amarrados al muelle Storni produciendo daños en los barcos y en el muelle hasta quedar finalmente varados en la costa algunos de ellos con daños posteriores irreversibles en cuanto a la posibilidad de ponerlos en operación.
Buzzi también calificó duramente a tres particulares que estuvieron al frente de la empresa antes de que se hiciera cargo de la misma el Estado provincial. Dijo además que la intención de su gestión, fue el de la paz social en Puerto Madryn hasta encontrarle “una novia” a la empresa en alusión a inversores privados que la pusieran en marcha manteniendo las fuentes de trabajo, fundamentalmente.
Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams le señalaron aspectos del decreto 180/14 mediante el cual se expropió la firma y en donde expresamente en algunos de sus artículos se refiere a las obligaciones de la empresa respecto del mantenimiento de los barcos de la flota.
Dijo que “a los barcos nadie los quería asegurar, los incluí en el decreto en función de mantener los permisos de pesca”. Luego destacó que esos los permisos de pesca “se pueden asignar a cualquier barco. El valor simbólico no es el barco, sino en función de la existencia de los permisos y el cupo de pesca, que en realidad era lo que nos interesaba mantener. El valor de venta real de la planta está dado en los cupos de pesca, los tipos de capturas y el acceso a aguas nacionales. Tiene más valor el permiso de pesca que el valor de los barcos. Los permisos de pesca son muy ambicionados. Un permiso de pesca se vende en treinta segundos”, graficó durante la audiencia.
También se refirió a tres particulares que se hicieron cargo de la empresa entre los años 2010 y la intervención de la provincia en febrero del 2014. Dijo que la crisis de Alpesca había comenzado años atrás. Estuvo al frente la firma Alpargatas, luego una empresa canadienses y luego, hasta el 2010 los capitales sudafricanos. Luego vino (Pedro) Baldino, después “El Cura (Omar) Segundo y luego (Federico) Otero y otros. No sabíamos quién era el dueño y Alpesca era un berenjenal. Este pasamanos era una cadena de insolventes e impresentables. Buscaban vender los permisos de pesca y logramos abortar tres intentos”, dijo ante preguntas concretas del fiscal Báez para que señale a quién se refería cuando dijo “insolventes e impresentables”.
También hizo un resumen del contexto social que vivía la ciudad de Puerto madryn. Dijo que “se venía agravando desde hacía unos años atrás y estaba caracterizado por cortes de ruta, la Municipalidad de Madryn rodeada por trabajadores, una mujer que se prendió fuego en el interior de la planta, cruceros que no querían entrar en la ciudad y las consecuencias sobre la actividad turística que ello acarrearía.
Respecto de Albornoz, Laborda y Novoa, Buzzi dijo que tenían la idoneidad “necesaria” aclarando que el trabajo de ellos era “en conjunto con la conducción de la propia empresa. Además la intervención era momentánea porque el objetivo principal era el de evitar la situación de conflicto en Madryn y buscarle “una novia a la empresa”, insistió.
En la audiencia de este viernes también declararon el Prefecto Mayor Víctor Duarte, el subprefecto Ricardo Segura, el ingeniero naval Miguel Ángel De Gregorio y el ingeniero mecánico Oscar Saravia.
Los cuatro imputados defendidos por Fabián Gabalachis y la causa surgió a partir de la denuncia realizada por el diputado Jerónimo García.
En su hipótesis de elevación a juicio el fiscal general Daniel Báez sostuvo que Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de la ex Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que ocurrió el 7 de abril de año 2014 y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha. “Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaran tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad”, afirmó Báez en la acusación. Creen que los funcionarios son responsables, en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado las medidas mínimas de seguridad correspondiente para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes. En ese contexto, el 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa, sostuvieron desde el Ministerio Público en su escrito para elevar el caso a juicio. La audiencia continuará con más testigos el próximo martes a las 9.