La indagación que lo compromete seriamente al sindicalista por lavado de dinero comenzó en la Unidad de Información Financiera (UIF).
El titular del gremio de los porteros y presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, se ha sumado a la lista de importantes dirigentes sindicales investigados por graves hechos de corrupción.
La investigación que lo compromete seriamente por lavado de dinero comenzó en la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que luego la presentó ante la Justicia, donde ya intervienen el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, mientras se completa la búsqueda de información local e internacional.
Según detalla el diario La Nación, se trata de una serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas por casi cuatro millones de dólares realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).
En algunas de esas operaciones se repiten empresas proveedoras con un mismo domicilio vinculadas al sindicato y a dos empresarios, Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini, y a las sociedades Alto Trust Ltd. y Vica Trust, radicadas en Suiza. Posteriormente, Alto Trust cambió su denominación por Primafides Suisse SA
Está comprobado, además, que empresas proveedoras del Suterh -en rubros diversos tales como publicidad, informática, turismo, construcciones, seguridad, gestión administrativa, servicios de internación o sanitarios y venta de productos farmacéuticos- compartían un modus operandi por el cual acreditaban fondos y aportes mediante cheques del sindicato para luego dar lugar a extracciones, anticipos de dividendos y formas contables para retirar dinero en efectivo, operaciones que generalmente suponen maniobras irregulares de sobre o subfacturación.
El informe de la UIF sostiene que “no se puede descartar la utilización de maniobras de sobre o subfacturación que permitan fugas o canalizaciones de fondos desde el Suterh hacia las firmas analizadas.
Tales los casos de las sociedades proveedoras Servifarma24 SA y la actual Máxima Salud SA, registradas por la AFIP como usuarias de facturas apócrifas”.