La Legislatura de Chubut aprobó sobre fines de la semana pasada la ampliación presupuestaria solicitada por el Poder Ejecutivo para incrementar el Presupuesto 2023 en 147.800 millones de pesos. Junto al paquete de incrementos coló el traspaso de 17.200 millones de pesos en deuda pública que se debía pagar este año pero que ahora quedará ser cancelada por la gestión de Ignacio Torres. Además, se aumentó el pago de los intereses de la deuda en 6.900 millones de pesos para este 2023. Es posible que este no sea el último bombazo que la actual gestión le lance a la de Juntos por el Cambio. Llamó la atención que un “desertor” como el radical Manuel Pagliaroni votara la medida que perjudica a Torres y beneficia la salida complicada de Arcioni. 67% de los nuevos fondos incorporados se destinarán a pagar salarios y dar nuevos incrementos, aunque los estatales y jubilados de la provincia no recuperarán el poder adquisitivo perdido desde 2019.
Aunque en principio Arcioni y Torres recién se verían cara a cara este lunes próximo para iniciar la coordinación de la transición, Arcioni se adelantó a cualquier diálogo y aprovechó para desembarazarse del pago de 17.200 millones de pesos de deuda que vencía en este 2023.
El gobernador, a punto de terminar su mandato y con destino incierto en la política más allá de su lugar en el spa de Parlasur, confirmó con esta decisión que las chicanas y dilaciones que dirigió a Torres se traducen en decisiones que perjudican a quien asumirá con una carga monumental de deuda.
Con la ampliación presupuestaria que aprobó la Legislatura, el gobierno de salida le plantó una bomba más de vencimientos a la gestión de “Nacho” Torres, que asumirá en menos de cuatro meses.
También se autorizó la incorporación de 111 cargos a la planta permanente (15 para Infraestructura, 80 Desarrollo social y 16 Agricultura, y de 100 horas cátedra a la Fiscalía de Estado).
La lógica indica que el electo y el hombre que va de salida tendrán cruces por este y otros tantos temas. Como telón de fondo se hace evidente el ocultamiento de información oficial sobre las cuentas y los pagos de la provincia; situación que se prolonga desde hace casi dos años.
El gobernador electo ya tiene muy en claro que el gobierno le plantó las bombas de la deuda en dólares; ahora le revoleó estos vencimientos en pesos y no habría que descartar que en los próximos cien días active algún otro dispositivo explosivo.
Legisladores revoleando números
El jueves pasado los diputados volvieron a sesionar después de más de dos meses de inactividad y sancionaron el proyecto de ampliación presupuestaria que envió el Poder Ejecutivo. En los días previos el plan fue defendido a rajatabla por el saliente ministro de Economía, Oscar Antonena, quien ya tiene poltrona asegurada en el Banco de Chubut.
La votación de la Ley 57/23 terminó con 15 votos a favor y 9 en contra. Por la aprobación votaron los legisladores Mariano García Aranibar; Graciela Cigudosa; Pablo Nouveau; María Cativa; Carlos Eliceche; Gabriela De Lucia; Mariela Williams; Miguel Antin; Mónica Saso; Xenia Gabella; Juan País; Manuel Pagliaroni; Rafael Williams; Carlos Mantegna; Rody Ingram. Como puede observarse, a los arcionistas “puros” se le sumaron casi todos los peronistas, mostrando que la mayoría no tiene las mismas diferencias con el gobernador que expresó Juan Pablo Luque pese a que varios fueron en su lista.
No acompañaron el proyecto los diputados Andrea Aguilera; Carlos Gómez; Zulema Anden; Leila Lloyd Jones; José Giménez; Mario Mansilla; Tatiana Goic; Adriana Casanovas y María Belén Baskovc.
Los legisladores Sebastián López, Emiliano Mongilardi y Rossana Artero estuvieron ausentes a la hora de la votación.
Pagliaroni, el que juega solo
Llamó poderosamente la atención cómo se dividió el voto al interior del Bloque de Juntos por el Cambio, ya que Manuel Pagliaroni votó a favor de la ampliación, mientras que Aguilera fue la voz cantante en contra del proyecto y se ausentó a la hora de emitir su voto. En busca de alguna ventaja o cumpliendo algún pacto con Arcioni, Pagliaroni confirma también su decepción por haberse quedado afuera del armado de Torres, con quien no se habla desde los resultados de la interna de Trelew.
El sector de los diputados madernistas y el petrolero Carlos Gómez asumieron la misma posición que la radical Aguilera.

Bomberos encajonados
Encajonado y sin tratamiento, como impulsaron algunos diputados y reclamaban desde las tribunas los voluntarios, quedó el proyecto de Ley de Bomberos que seguirá en comisión para su análisis.
Bombazo de deuda para adelante
Lo concreto es que el Ejecutivo obtuvo el aval legislativo para sumar a sus números de 2023 un total de 147.869 millones de pesos; de los cuales 130.635 corresponden al aumento de ingresos y los 17.234 millones restantes a deuda que vencía este año y será traspasada a la próxima administración.
La maniobra consiste en no pagar capital de deuda en pesos que vencía este año y trasladar esos vencimientos al 2024, pero como sí se tiene que seguir pagando los intereses y los mismos se incrementan por ese traspaso en la ampliación se han sumado 6.915 millones de pesos que se destinarán para esos pagos.
Aunque no quedó especificado cuál es el endeudamiento que se achicará en sus pagos durante este 2023 y pasará para 2024, es muy posible que se trate de la deuda tomada por Chubut con Nación a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
Ese bloque de deuda en pesos estaría conformado por el último préstamo otorgado por el ministro de Economía nacional y candidato presidencia Sergio Massa -valedor hasta cierto punto de Mariano Arcioni-. Estaba previsto que ese endeudamiento por 14.000 millones de pesos comenzara a pagarse en octubre de este año y se extendiera hasta fines de 2024.
A eso se le sumarían cuatro cuotas pendientes de los dos tramos de 5.000 millones de pesos cada que se otorgaron en 2020 por la pandemia y algunas otras cuotas más que quedan por cancelarse de tres tramos tomados a principios y la segunda mitad del 2022.
De no ser estos los endeudamientos desplazados al año que viene, habría que esperar que se transparente la información y se haga pública; ya que en la ampliación presupuestaria no se especifica. Una metodología oscurantista que se repite con bastante asiduidad con los datos económico-financieros de la provincia.
De dónde surgen los nuevos ingresos
Del total de los 147.869 millones de pesos que se incorporan al Presupuesto 2023, sólo 130.635 millones corresponden al aumento de fondos que representan un 35% más de lo presupuestado.
Los impuestos de recaudación provincial se engrosan en 51% (47.621 millones de pesos), sustentados por los Ingresos Brutos y Sellos; la Coparticipación Federal de Impuestos el 30% (41.831 millones) y habrá apenas un 14% (14.836 millones) más de regalías petroleras.
Ese esquema refleja la continuidad del principal problema en el rubro de los ingresos que tiene la provincia y que es el de la recaudación por regalías, que viene bajando fuertemente en su secuencia mensual. Es previsible que esa tendencia se profundice según las proyecciones de Antonena con vistas a fin de año.
A ese panorama se le acopla un 11,7% de incidencia que tendrá sobre el total de la ampliación el traspaso de deuda por 17.234 millones de pesos ya mencionados.
Hacia dónde van los fondos
Según argumentó el Ejecutivo en el proyecto de ley, la ampliación presupuestaria se destinará a:
– Pagar déficit con el ISSyS (no especificado)
– Traslado del Centro Materno Infantil de Trelew al Hospital de Alta Complejidad
– Pagos a CAMMESA proyectando aumentos de la energía y déficits de las cooperativas
– Pagos a YPF por el gasoil para los generadores del interior
– Sistema informático y de digitalización de los Registros Civiles
– Funcionamiento de los Ministerios de Seguridad y de Agricultura, ganadería y pesca
– Aumentos al Poder Legislativo y Judicial para cubrir aumentos salarias ya otorgados o lo que se puedan otorgar
67% para salarios
Del total de esos fondos que incorporó la ampliación presupuestaria, 67,6% (99.901 millones de pesos) se destinará al pago de salarios de empleados públicos; en tanto que 7,1% (10.469 millones) se agregará a bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso del Estado provincial.
Un 20,7% (30.583 millones) será destinado a las transferencias y el 4,7% a los 6.915 millones de pesos que se sumarán al pago de intereses de la deuda traspasada.
Obligaciones a cargo del Tesoro: 46.356 millones (transferencias a Municipios, obras y demás servicios)
Ministerio de Educación: 24.887 millones (23.887 millones a personal)
Ministerio de Salud: 21.596 millones (18.528 millones a personal)
Ministerio de Infraestructura, energía y planificación: 11.847 millones (4.779 millones a personal)
Ministerio de Seguridad: 11.089 millones (10.256 millones a personal)
Poder Judicial: 10.943 millones (10.867 millones a personal)
Servicios de la deuda: 6.915 millones (pago de intereses)
Ministerio de Gobierno y Justicia: 5.257 millones (1.112 millones a personal)
Legislatura: 157 millones (100% a personal)
Concejo de la Magistratura: 23,3 millones (100% a personal)
Tribunal de Cuentas: 236 millones (100% a personal)
Servicios de la deuda: -17.234 millones (deuda pasada a la próxima gestión)
Pérdida del poder adquisitivo
Si bien la suma que se incorpora con la ampliación para el pago de sueldos del personal parece abultada -llega a casi 100.000 millones de pesos- no es menos cierto que los salarios estatales no han conseguido recuperar la pérdida salarial que arrastran desde la pandemia.
Frente a la ausencia crónica de información oficial y la carencia de datos que posibiliten concretar un análisis más profundo, la comparación de las masas salariales pagadas mensualmente por el Gobierno provincial -que se anuncian formalmente- permite establecer la evolución que han tenido los salarios en los últimos años.
En julio de este año la masa salarial pagada a todos los estatales quedó en promedio 119% por encima de la abonada en el mismo mes de 2022, y la inflación interanual se ubicó en el 115%. Eso significa que hasta julio de este año los sueldos abonados estuvieron cuatro puntos arriba de la suba de precios.
El impacto inflacionario de la segunda mitad del año derrumbaría ese saldo positivo, ya que el gobierno solamente ofertó en paritarias 35% de aumento y en cuotas, cuando es de esperar que ese porcentaje quede por detrás de la disparada de precios que se produjo tras la devaluación que impulsó Massa a pedido del FMI.
Si la comparación de las masas salariales se efectúa con julio del 2021, la pérdida de poder adquisitivo se ubicó en 55%; ya que la masa salarial creció 197% pero la inflación acumulada fue de 253%.
Si se efectúa con la de julio de 2019 el deterioro del poder de compra de los salarios ascendió a 83%, debido a que la masa salarial total aumentó un 574% y la suba de precios acumulada llegó al 658%.
Por Marcelo García-EESP

