Amado Boudou fue absuelto por un tribunal oral en una causa en la que se lo investigaba por la falsificación de los papeles de un auto en una maniobra destinada a perjudicar económicamente a su ex esposa. El ex vicepresidente de Cristina Kirchner fue investigado como “cómplice del delito de falsificación ideológica” por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia del auto Honda CRX patente WYT716. El tribunal consideró prescriptos los delitos de que se los acusó. La decisión puede ser apelada por cualquiera de las partes ante Casación y luego a la Corte Suprema.
La condena no llevará a Boudou por ahora a la cárcel, porque es igual o menor a los tres años. Sin embargo, si Boudou fuera condenado en alguna de las otras causas que tiene, las dos condenas se sumarían y quedaría preso. La investigación más avanzada contra Boudou es la de la Causa Ciccone, que ya fue elevada a juicio oral.
Antes de la lectura de la sentencia Boudou había dicho: “No inserté datos falsos y soy inocente y pido que me sobresean en esta causa”.
“Quiero ser breve porque este juicio lleva ya ocho años y ante la contundencia de los alegatos de mi defensa y las pruebas aportadas”, inició el ex vice de Cristina. Durante los pocos minutos que habló, sostuvo: “Quiero volver a remarcar que con Agustina Seguín (su ex novia) no quisimos insertar ni colaboramos para que se insertaran ni colaboramos para se insertara ningún datos falsos, ni ninguna cuestión falsa en los documentos públicos”, utilizados para la transferencia del vehículo Honda.
En este sentido, Boudou reiteró lo planteado durante los alegatos: “Pido humildemente que se me sobresea en esta causa y que quede demostrado que soy inocente”. Además, remarcó que lo único que buscó fue que “la situación registral de un auto fuera la misma que la situación de la tenencia que a título oneroso gozo hace más de 20 años”, justificando las operaciones de las que se lo acusaron a lo largo del juicio.
Según la investigación, Boudou falsificó los papeles de registración de uno de sus autos. Se trata de un Honda CRX del Sol rojo modelo ’92. El ex vice modificó a través de gestores la documentación de ese vehículo -argumentó la Justicia- para intentar evitar que esa máquina japonesa sea parte de la división de bienes tras el pedido de divorcio que le inició Daniela Andriuolo, una profesora de danza con la que contrajo matrimonio en Mar del Plata.
Boudou fue por todo. Intentó quedarse con el Honda, pero en el medio también comprometió en la causa a otra de sus parejas, Andrea Seguín.
La investigación probó que Boudou inscribió ante un Registro del Automotor que compró ese auto en agosto de 1992. Ocurre que él se casó con Andriuolo en 1993. Si su versión de los hechos fuera cierta, entonces la mitad del valor del Honda no le correspondería a su ex esposa. La “coartada”, fue ejecutada en papeles registrales. Boudou dice que por Seguin, su otra ex pareja. Ella lo niega.
A lo largo del juicio, la fiscalía sostuvo que en la operación para la transferencia del vehículo, se utilizaron “documentos (por los formularios 08, 04 y 012) con “información falsa” y con “firmas adulteradas y un número de motor que no era el real (ya que se modificó y nunca se informó)”, durante el trámite de transferencia que Boudou inició diez años después de comprar el Honda.
En consecuencia, la fiscal encontró al ex vicepresidente y a su ex novia Agustina Seguín, “cómplices primarios del delito de falsedad ideológica de documentos que acredita dominio y titularidad del vehículo y permiso para circular”. El delito tiene una pena de 3 a 8 años de prisión; “más gravosa que la de la causa Ciccone, donde el ex vicepresidente está acusado de cohecho, que es de 1 a 6 años”, explicó en su momento Scandura.
Al finalizar el juicio oral, la Fiscal pidió también la misma pena para la titular del Registro del Automotor 2 de la Ciudad, Graciela Taboada de Piñero, por haber permitido la transferencia e inscripción del vehículo “con documentación apócrifa”, se le pidió prisión en suspenso por tres años y se la inhabilitó para ejercer su cargo durante seis años.