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Advierten que peligra prestación de diálisis para pacientes de PAMI

Prestadores aseguran que los recortes que está realizando la actual gestión al frente de la obra social de los jubilados que viene siendo denunciada por los beneficiarios, alcanzó esta vez a uno de los sectores más sensible, los pacientes que necesitan diálisis.

Los 11.068 afiliados al PAMI que por sus condiciones de salud deben tener entre 12 y 18 horas semanales de diálisis, corren peligro de quedar sin esa prestación vital por la “decisión unilateral” del organismo de suspender el convenio vigente y establecer otro que supone “reducir un presupuesto que ya era insuficiente”. La advertencia fue formulada, en diálogo con PáginaI12, por Alfredo Casaliba, titular de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Los prestadores tienen un plazo de quince días para aceptar las condiciones del nuevo convenio, que “cambian para peor las condiciones de contratación, lo que pone en riesgo la calidad y la continuidad misma de la prestación, poniendo en riesgo a los afiliados del PAMI de todo el país”.

Casaliba sostuvo que “la reducción injustificada del presupuesto destinado a estas prestaciones generará graves dificultades a los Centros Prestadores que se ocupan del tratamiento de los más de 11.000 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica afiliados al Instituto” de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

El presidente de la Asociación recalcó que “es bien sabido que la prestación de diálisis debe cumplirse indefectiblemente, dado que de ella depende la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes”. La situación planteada “en forma intempestiva por el PAMI puso en estado de alerta a la población de pacientes afectados y a los equipos interdisciplinarios abocados a su atención”.

Casaliba insistió en que el nuevo convenio impuesto por las autoridades del PAMI “modifica de manera irrazonable un convenio previo que ya era insuficiente. Lo que se trata de imponer es irrazonable desde el punto de vista jurídico, médico y administrativo”. Agregó que la resolución hace naufragar “las negociaciones que se venían manteniendo para mejorar el convenio vigente, que ahora intenta ser reemplazado por otro menos favorable todavía”. Las autoridades “ataron el futuro de la prestación a firmar un convenio en el término de 15 días, sin posibilidad de discutirlo a fondo”. El panorama empeora porque “se venía discutiendo el convenio vigente, que nunca se corrigió para bien y que siempre fijó recursos por debajo del costo real de la prestación”.

Casaliba precisó que “el aumento real de la prestación es el doble de lo que el PAMI está proponiendo en el nuevo convenio y esto pone en riesgo la continuidad de los servicios por parte de muchos de los proveedores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque el 40 por ciento de los pacientes son afiliados al PAMI”. El titular de la Asociación puntualizó que “uno de los problemas centrales del bajo presupuesto, es que eso determina que baje también la calidad de las prestaciones y de ahora en más, con el nuevo contrato que propone el PAMI, las dificultades aumentarán”. El titular de la entidad dijo que se trata de “una prestación de salud de alta complejidad y alto consumo que viene con problemas que no son de hoy ni de ayer, sino que viene pasando desde siempre, lo que lleva a pensar que con las nuevas condiciones que se quieren imponer, muchos centros de atención van a quedar en el camino”. Por esas razones “la preocupación alcanza en primer lugar a los pacientes, pero también preocupa a todo el mundo, a los médicos y paramédicos, y al personal interdisciplianrio que trabaja en los centros y que podría perder su empleo”. Afirmó que “en algunos de los centros, el personal no ha cobrado su sueldo todavía”.

“Muchos centros han tenido que recurrir a préstamos bancarios y eso podría provocar quebrantos progresivos”, alertó Casaliba. Algunos de los problemas que se daban antes de la propuesta del nuevo convenio eran “la baja en el flujo de fondos y la demora en la acreditación de esos flujos presupuestarios”. Ante el nuevo convenio “los centros de todo el país se han manifestado en contra, de manera tal que sería necesario abrir una mesa de negociación, a la que hasta ahora las autoridades del PAMI se vienen negando”. Casaliba aclaró que la entidad que preside es “una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son promover la protección de los servicios de nefrología, diálisis y/o trasplante renal”. El riesgo para los pacientes se debe a que la hemodiálisis es una modalidad de tratamiento de los casos de insuficiencia renal más avanzados y en razón de lo delicado del diagnóstico, no puede interrumpirse bajo ningún punto de vista.