Macri devuelve favores a la burocracia por la tregua.
“La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acordó con la central obrera protocolizar los medicamentos que se necesitan para el tratamiento de patologías de alta complejidad”, informa Clarín (27/3), lo que “por default (…) acotará los tipos de medicamentos a suministrar” en casos de cáncer de mama o de colon, HIV, hemofilia, mieloma múltiple, esclerosis múltiple, reumatología e hipertensión pulmonar.
El tratamiento de tales enfermedades está estipulado en las ya existentes guías de atención médica. Con esta “protocolización” se circunscriben los medicamentos a otorgar, dejando afuera otros comprendidos por las guías, limitando así las posibilidades de hacer frente a las patologías. En vista de ello, las declaraciones del superintendente de Salud Sebastián Neuspiller de que la medida “busca equidad, ya que un paciente de Chaco recibirá la misma medicina que uno de Chubut y otro de Capital Federal” son de un cinismo brutal: lo que se procura es nivelar a la baja, lo que –tratándose de enfermedades graves– es una conjura contra la vida de los afiliados afectados.
Neuspiller afirma también que “ante los amparos judiciales que presentan los afiliados (…) es una herramienta que dispone el juez a la hora de fallar si corresponde o no otorgar a un paciente un medicamento que pide vía judicial porque la obra social se lo negó” –la vara, como se ve, no sería la salud de los afectados. La protocolización todavía no obliga a los jueces, pero es señalada como un primer paso en la creación de la Agencia Nacional de Evaluaciones Técnicas, que bloquearía la llegada de los afiliados maltratados a la vía judicial, conminando sus demandas a “cuerpos colegiados” cuya resolución los jueces –ahí sí– deberán acatar. La AGNET es la joya reclamada por la burocracia a cambio de su firma en una reforma laboral flexibilizadora.
La agenda antisanitaria de la CGT no se limita a la AGNET, como se vio con su reclamo en febrero de una ley que la habilite a reducir la ya precaria atención médica que brindan las obras sociales a monotributistas –mayoritariamente trabajadores en negro, empujados a esa situación por el abandono de las direcciones sindicales.
Estas avanzadas se integran en una situación que ya es bien conocida por los trabajadores, que es el bloqueo sistemático de la atención médica en las obras sociales dirigidas por la burocracia. Ello no solo por la vía de engorrosos trámites burocráticos y dilataciones, sino también por la negativa de controles y tratamientos, incluso cuando estos están contemplados en las guías de atención del Ministerio de Salud y Desarrollo. Uno de tantos procedimientos repetidos es el de condicionar la realización de un determinado control a que el paciente tenga una enfermedad –lo que atenta directamente contra la prevención sanitaria.
Sobran los motivos
La burocracia sindical ha negociado con el gobierno la erradicación de cualquier medida de paro a costa de la salud de los trabajadores. La marchita prevista para el 4 de abril, sin acto, quedará reducida a una caminata de la burocracia “contra el modelo económico del gobierno” junto a las patronales… que reclaman más flexibilización laboral. Según informó Ámbito Financiero (22/3), horas antes del anuncio de la marcha el gobierno había comprometido el desembolso en cuotas de 32 mil millones de pesos adeudados a las obras sociales.
Por nuestra salud y nuestra vida, por un paro activo y un plan de lucha hasta quebrar el ajuste de Macri y los gobernadores, hay motivos de sobra para expulsar a la burocracia de los sindicatos y recuperarlos como una herramienta de lucha de los trabajadores.