El gobierno greigo tuvo que limitar derechos y crear un sistema de desalojos que incluye una subasta online de la propiedad desalojada. La protesta y la tendencia a la autogestión en una sociedad golpeada.
Como último recurso para el salvataje, el gobierno de Grecia recurrió, en 2009, al Fondo Monetario Internacional (FMI), y le puso una serie de exigencias que, un par de años después, derivaron en un estallido social que dejó decenas de heridos y detenidos.
En diciembre de 2009, la magnitud de la deuda hizo que se desplomasen la bolsa y los bonos de Grecia, mientras el Banco Central Europeo instó al país a tomar medidas. El año siguiente, el Gobierno de Andreas Papandreu admitió los desajustes en las cuentas públicas de 2008 y 2009, y el país elevó su déficit de 2008 a un 7,7% del PIB.
En marzo de 2011, se aprobó la entrega, para el mes de marzo, del cuarto tramo del préstamo de 110.000 millones de euros. El FMI elevó a 50.000 millones de euros el valor de las privatizaciones necesarias en Grecia hasta 2015 para poder saldar la deuda.
El Primer ministro griego Alexis Tsipras firmó en 2015 un memorándum para cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.
El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas.
El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.
Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.