La Cámara de Casación rechazó un recurso de su defensa que buscaba revertir una decisión adversa en la Justicia de Córdoba. El ex jefe del Ejército es investigado por su posible participación en delitos durante la dictadura.
La decisión fue tomada por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, informaron fuentes judiciales.
Los magistrados declararon inadmisible un recurso contra la resolución de la Cámara Federal de Córdoba que había desestimado los planteos de nulidad y excepción de falta de acción interpuestos por la defensa de Milani.
Se trata de la causa que investiga los secuestros de Ramón Alfredo Olivera y de su padre, Pedro Adán Olivera, en marzo de 1977 en la capital riojana.
Pedro permaneció dos días secuestrado en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), donde lo torturaron para que renunciara o se jubilara de su trabajo en la Municipalidad. Como consecuencia de ello, quedó hemipléjico en el lado derecho del cuerpo y los represores lo abandonaron en la puerta de su casa.
Pero horas después fue secuestrado su hijo cuando salía de su trabajo en la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja y llevado al IRS, donde también fue torturado.
La Fiscalía había impulsado la indagatoria de Milani y de otros sospechosos por estos hechos, tras sostener que “la abundante prueba existente en la causa en este caso es más directa y de mayor poder convictivo que la existente en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que se tramitan en el mismo Juzgado Federal de La Rioja y en Córdoba, en las cuales ya hay personas imputadas, procesadas y cumpliendo prisión preventiva”.
Milani fue jefe del Ejército durante el Gobierno de Cristina Kirchner , que lo sostuvo en el cargo hasta pocos meses antes del final de su mandato, a pesar de las denuncias en su contra.
La principal acusación que pesa sobre Milani es la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, cuando estaba bajo su mando durante la última dictadura militar.
En ese sentido, un fiscal lo imputó por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos en la causa que investiga ese episodio.