La corrección política arrincona a Occidente. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont (equivalente de un gobernador), proclamó la victoria del “sí” en el referéndum de independencia que los tribunales declararon inconstitucional y el gobierno español intentó impedir con un fuerte dispositivo policial. Una parte de los catalanes transforma así a su jefe de gobierno en héroe independentista, y éste utiliza a los heridos de Catalunya en argumentos para legitimar una especie de democracia de la “opinión pública”, una supuesta voluntad mayoritaria sin fiabilidad ni fiscales imparciales, que va en contra de las garantías esenciales en el estado de derecho. Puigdemont sabe que el referéndum es ilegal, pero utiliza el simulacro del mismo en una insólita continuación de la democracia “por otros medios” que no admite un “no” como respuesta.
Una y otra vez circularon las imágenes –algunas falsas- de la violencia de la guardia civil en su afán por impedir el referéndum que hoy pone en duda la estabilidad misma del estado español. ¿Y quién podría estar del lado de la violencia? El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe estar satisfecho: hoy la opinión pública parece justificar su decisión de imponer su plan independentista a como dé lugar. La pregunta es ¿qué gobierno puede no ejercer la violencia coactiva, cuando la ley nacional no es respetada?
DEMOCRACIA Y “LAW ENFORCEMENT”
Un buen modo de entender a qué nos exponemos es cruzar el Atlántico y observar la inescrupulosidad del mal absoluto, que tiene menos complejos y no pide permiso, transformando un multitudinario recital de country en Las Vegas en una balacera mortal para 50 personas. Estados Unidos, cuna de la democracia occidental, lo tiene claro: no hay democracia sin “law enforcement”. Los estados no pueden estar atados de pies y manos mientras la violencia real –cuyas imágenes muchas veces sólo llegan a nosotros en cuentagotas- hace su trabajo tan puntualmente. El mar de opiniones nos hace olvidar que en las naciones más avanzadas a nadie se le ocurriría pensar que la infracción de una ley no vaya a traer aparejada una pena.
La democracia de la “opinión pública” no existe. Son sensaciones, estados de ánimo, barricadas imaginarias que se construyen en las redes sociales. La democracia es la legitimación de líderes representativos y capaces en el estricto ámbito de la ley. Sin ley no son posibles los acuerdos y cualquiera hace uso de las emociones para imponer sus ideas. Occidente debe recordar el legado griego y romano: el ejercicio del diálogo y, ante el disenso irreversible, el uso legítimo de las leyes vigentes -que de ningún modo excluye el uso legítimo de la violencia-.
EL DERECHO EN LA ERA DEL VEREDICTO DEL “ME GUSTA”
Rajoy puede haber actuado con infinita torpeza, pero por no haber sido más firme al permitir que en el estado español coexistan dos leyes que tarde o temprano entrarían en colisión. El tema es complejo, y habría que considerar en detalle la particular relación del gobierno central con las comunidades autónomas en la península, pero eso excede el análisis del tema que aquí proponemos, que es el del manejo de la violencia. Frente a ésta no puede haber medias tintas, es cierto, pero estamos en graves problemas si identificamos la violencia indiscriminada con el uso de la fuerza pública, que es una potestad de Estado de Derecho, la legalidad electoral con el infantilismo del like y de los emoticones, la realidad con la opinión de inexpertos y la democracia con la dictadura de la “opinión pública”, que juzga en función de datos superficiales, bajo la falsa premisa de que hay una sola lectura en las imágenes de violencia que circulan en los medios: aquella que culpabiliza al “poder” y exculpa a quienes utilizan el dolor de los particulares como argumento legal o de campaña..
Es hora de que los jueces lleven la justicia de regreso a su ámbito natural, el del derecho. El único válido: el que provee un veredicto al que debemos someternos incondicionalmente, no solo por el bien de la justicia sino para garantizar la vigencia de algo aún más importante: la convivencia entre personas con diferencias francamente irreconciliables.
Stay tuned!
*Abogado -UBA-. Analista internacional, especialista en Asuntos públicos.
