Desde principios de agosto, cuando algunas organizaciones que invocan la defensa de los derechos humanos caracterizaron el hecho como una “desaparición forzada”, el enigma sobre el paradero desconocido de Santiago Maldonado, un joven artesano bonaerense radicado en Esquel, se ha transformado en tema dominante en los medios y las redes sociales
No hay dudas de que el caso de Maldonado es inquietante y perturbador, pero la altísima repercusión que lo distingue no parece depender tanto de esos rasgos (que comparte con muchísimos acontecimientos análogos en una Argentina en la que la inseguridad no es una mera sensación), sino de otro factor que fue develado por la siempre rotunda Hebe de Bonafini: “Maldonado era un militante”.
La frase de Bonafini no sólo dice. También insinúa. Afirma, en principio, una condición que avalaría la resonancia privilegiada: ser “militante” supondría un rango especial, por encima de los de mero ciudadano o de ser humano (Bonafini lo subraya al justificar las diferencias entre la actual movilización por Maldonado y la ínfima atención que el gobierno anterior dedicó a la aún inexplicada desaparición de Julio López).
Pero además, al conjugar el verbo en tiempo pasado (“era”), Bonafini sugiere que la ausencia de Maldonado es definitiva. Para ella, como para una extensa red de personas y organizaciones que comparten su pensamiento, el caso Maldonado no es enigmático ya que -ella (y ellos) dan por sentado -sostenidos hasta ahora por su íntima convicción antes que por pruebas concretas- que el joven artesano fue víctima de una desaparición forzada, responsabilizan por ella a la Gendarmería y al gobierno de Macri y evocan la muerte tanto en sus consignas (“Con vida lo queremos”) como en las comparaciones que trazan entre este hecho y los de la represión en tiempos de la tiranía procesista. No piden que se investigue intensamente el caso, se desentrañe lo ocurrido y se juzguen las culpas una vez comprobadas: ellos ya han definido culpas y culpables.
Obvio: la señora de Kirchner ha tomado esa misma bandera para agitarla en la campaña que lleva a la elección de octubre. Cautelosa, ella sólo necesita mostrar la foto de Maldonado y emplear la palabra “desaparición”: su discurso se completa con el que despliegan sus epígonos voluntarios e involuntarios y se nutre en el terreno cultivado por el pensamiento políticamente correcto.
Conviene no juzgar el caso Maldonado ni exclusiva ni centralmente por el uso político-electoral que se le está dando. Hay dimensiones más trascendentes para analizarlo.
Por un lado está el ángulo de la inseguridad y de las dificultades que afronta el Estado para garantizar desde la vida de las personas al orden público, así como para investigar y resolver delitos o siniestros. La suerte de individuos, familias, aviones o mercancías puede convertirse durante plazos indefinidos en un agujero negro inescrutable.
En otro plano, la desaparición de Maldonado ha estimulado una prédica ambigua e irresponsable que se cubre con la bandera de los “pueblos originarios”. Al parecer, Maldonado acompañaba ( o “era militante”, como explicó Bonafini) las acciones de un grupo minoritario y radicalizado, que responde al nombre de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), tiene existencia tanto en la Patagonia argentina como en la chilena y desafía a ambos estados nacionales reivindicando como objetivo una suerte de separatismo autonómico para cuya concreción “todos los medios son buenos” (incluyendo los violentos, que ya ha practicado a ambos lados de la Cordillera).
Es preciso señalar que la mayoría de la comunidad de origen mapuche del país, más allá de sus propias reivindicaciones, ha tomado distancia de las prácticas radicalizadas y de las ideas separatistas de RAM, y se considera parte de la sociedad argentina.
También hay que apuntar que los mapuches no son un “pueblo originario” en la Patagonia argentina: penetraron en ella desde Chile poco tiempo antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata y desalojaron a los habitantes allí preexistentes, los tehuelches.
Una organización gremial docente ha planteado un plan difusión en las escuelas que, con la desaparición de Maldonado como carátula, mezcla y combina ingredientes de confusión y adoctrinamiento: prejuzga sobre la situación, reitera slogans del pasado, incurre en lugares comunes sobre los pueblos originarios y omite todo comentario sobre las propuestas secesionistas de las organizaciones violentas que invocan el irredentismo mapuche así como del hecho de que ese irredentismo aparece sostenido por organizaciones asentadas en Gran Bretaña. Se trata de una propaganda ideologizada cubierta bajo el manto de las buenas intenciones y va más allá de lo político electoral: expresa métodos y líneas de pensamiento y acción que el país debe dejar atrás.
