Artículo 2 | Ríos que dividen: cuando la cuenca no respeta la frontera
Más de la mitad del agua dulce de superficie que corre por el planeta cruza fronteras políticas. Quien está aguas arriba tiene la llave; quien está aguas abajo, la urgencia.
Un río no sabe de aduanas. Nace en un país, atraviesa otros y desemboca en el mar llevándose consigo lo que cada Estado hizo con él: represas, riego, residuos, desvíos. Según el programa ONU-Agua, 153 países comparten ríos, lagos o acuíferos con sus vecinos. La geografía crea así una asimetría que ninguna diplomacia ha podido abolir: el país de aguas arriba decide cuánto, cuándo y con qué calidad llega el agua al país de aguas abajo. Y son pocos los Estados que han cerrado acuerdos operativos para la totalidad de sus cuencas compartidas.
El Nilo es el ejemplo más tenso. Egipto depende de él para la inmensa mayoría de su agua dulce —se suele citar un 97%—, y durante un siglo se amparó en tratados de la era colonial y en el acuerdo de 1959 con Sudán, de los que Etiopía, origen de la mayor parte del caudal del Nilo Azul, quedó excluida. Etiopía respondió con hechos: la Gran Presa del Renacimiento, la mayor hidroeléctrica de África, ya completada y en operación tras años de llenado decidido unilateralmente. Para El Cairo es una amenaza existencial; para Adís Abeba, el derecho al desarrollo de un país con una parte enorme de su población sin electricidad. Los analistas coinciden en que no existe todavía un acuerdo trilateral vinculante sobre cómo operar la represa en años de sequía, que es donde el conflicto puede estallar.
En Mesopotamia, la misma cuna del conflicto entre Lagash y Umma, Turquía controla las cabeceras del Tigris y el Éufrates y construyó, con el Proyecto de Anatolia Sudoriental, una red de decenas de presas. Irak y Siria, aguas abajo, ven caer los caudales, salinizarse los suelos y secarse humedales milenarios. En 2014 el Estado Islámico mostró otra cara del problema: tomó presas sobre ambos ríos y usó el agua como arma, inundando poblados o cortando el suministro.
En el sur de Asia, el Tratado de las Aguas del Indo, firmado en 1960 con mediación del Banco Mundial, sobrevivió a varias guerras entre India y Pakistán. Tras el atentado de Pahalgam, en abril de 2025, Nueva Delhi declaró el tratado «en suspenso». Islamabad advirtió que desviar su caudal sería considerado un acto de guerra, y la mayor parte de la agricultura pakistaní depende del sistema del Indo. Según reportes de septiembre de 2026, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya sostuvo por unanimidad que el tratado sigue vigente y no puede suspenderse unilateralmente; India rechaza la legitimidad del tribunal. Es una disputa entre dos potencias nucleares sobre un recurso del que dependen cientos de millones de personas.
En el sudeste asiático, las represas chinas sobre el curso alto del Mekong —que allí se llama Lancang— alteran el régimen de crecidas que alimenta la pesca y el arroz de Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam; China coopera en algunos ríos y muy poco en este. En Asia Central, el mar de Aral se convirtió en desierto por el desvío del Amu Daria y el Sir Daria para regar algodón, y hoy Afganistán construye el canal de Qosh Tepa, que podría derivar una porción relevante del Amu Daria y preocupa a Uzbekistán y Turkmenistán.
América no está al margen. México y Estados Unidos comparten el Colorado y el Bravo bajo un tratado de 1944 cuyo cumplimiento volvió a tensarse en los últimos años. Bolivia y Chile llevaron a La Haya la disputa por el Silala; en 2022 la Corte Internacional de Justicia lo calificó como curso de agua internacional, con derecho de uso equitativo para ambos países. Y la Argentina conoce bien el costo de una disputa fluvial: entre 2005 y 2010, el conflicto con Uruguay por las pasteras sobre el río Uruguay produjo años de bloqueos de puentes en Gualeguaychú y un fallo de la Corte Internacional que dio la razón parcial a cada parte.
La Cuenca del Plata reúne a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su columna vertebral es la que los fanáticos del Mercado llaman “hidrovía” Paraguay-Paraná, cuyo tramo troncal recorre 1.635 kilómetros hasta el Atlántico y por donde sale alrededor del 80% de las exportaciones argentinas, además de buena parte del comercio de Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. Sobre esas mismas aguas se superponen Itaipú, Yacyretá y Salto Grande: la energía que mueve la región nace de las aguas que mueven sus barcos.
Los conflictos también existen puertas adentro. El río Atuel, que nace en Mendoza, llega seco a La Pampa desde hace décadas; en 2020, tras largo litigio, la Corte Suprema reconoció el derecho pampeano a un caudal ecológico y ordenó a las provincias acordar cómo restaurarlo. Es la versión doméstica de la misma lógica: las provincias de aguas arriba, con el dominio originario que les otorga la Constitución, retienen la llave.
Por eso la “Hidrovía” no es solo una obra de dragado. Durante 25 años, entre 1995 y 2021, su dragado y balizamiento estuvieron en manos del consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Emepa; al vencer el contrato, el Estado asumió la administración y luego contrató de forma directa a Jan De Nul. En 2026, el gobierno de Javier Milei adjudicó por 25 años la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal —un negocio estimado en unos 15.000 millones de dólares— al consorcio Jan De Nul–Servimagnus, en un proceso iniciado en diciembre de 2025 y definido entre dos firmas belgas. Ambas ofertaron el mismo precio de peaje; la diferencia la marcó la evaluación técnica: 66,20 puntos contra 42,14 de DEME.
El proceso quedó envuelto en polémica. DEME denunció un diseño de pliegos que le habría dado a su rival una «ventaja estructural» y afirmó que podía ofrecer una tarifa hasta 17% menor; la Procuraduría de Investigaciones Administrativas mantiene una investigación; y un grupo de empresas estadounidenses que respaldaba a DEME escribió a la Casa Blanca y al Gobierno argentino cuestionando la transparencia. Jan De Nul se comprometió, por su parte, a que no habría participación de empresas chinas ni injerencia estatal externa y a priorizar tecnología occidental, en particular estadounidense. El detalle revela lo esencial: la Hidrovía ya no se discute solo como una ruta de granos, sino como un activo en la disputa entre Washington y Pekín por la infraestructura de Sudamérica. El Viejo truco de cambiar el nombre de las cosas para que no nos demos cuenta del trasfondo: primero le roben su nombre el río, y luego nos roban el río, la soberanía del río, el manejo de nuestro recurso estratégico, difrazando el robo de licitaciones y contraltos internacionales que en realidad nadie necesita realmente. Era suficiente con que cada país se ocupara del dragado y balizamiento del tramo que le corresponde para no tener que pagarle elevados aranceles a potencias extranjeras.
Conviene precisar los términos. El agua del Paraná sigue siendo, por ley, un bien público; lo que se concesiona es el dragado, el balizamiento, el cobro del peaje y el manejo de la información hidrográfica y de tránsito sobre la arteria por la que circula la mayor parte del comercio exterior argentino. El Gobierno sostiene que el nuevo contrato rompe años de estancamiento en las obras y abarata el peaje un 13,5%. Los críticos replican que entregar por un cuarto de siglo el control operativo a una empresa extranjera —la misma que ya la operó durante veinticinco años— compromete la soberanía sobre datos y decisiones críticas, y que la pregunta de fondo, por qué el Estado no desarrolló capacidad propia, quedó sin respuesta. La respuesta es simple. La familia Neuss, inversores de la concecionaria, tambien invirtieron en la campaña electoral de Milei, y en el ascenso politico de su amigo Santiago Caputo, que fue decisor de peso a la hora de definer la licitación.
Las cuencas compartidas muestran, con todo, una verdad menos sombría de lo que sugieren los titulares. Los registros de conflictos y tratados compilados por el geógrafo Aaron Wolf, de la Universidad Estatal de Oregón, hallaron que entre 1948 y 1999 hubo unas pocas decenas de incidentes con violencia por agua entre Estados y alrededor de 150 tratados firmados. La cooperación es más frecuente que la guerra. Pero esa cooperación depende de reglas que hoy se erosionan: cuando el tratado se suspende y el arbitraje se ignora, el río se vuelve arma.
Por Ignacio Stankewitsch