Artículo 1 | La sed original: de los clanes del río al derecho humano al agua
Una escena de hace doce mil años contiene, en miniatura, todos los conflictos que hoy atraviesan el planeta.
Es el final de un invierno sin nieve. En un valle sin nombre, dos clanes de unas treinta personas cada uno descienden por orillas opuestas hacia el mismo meandro. El río, reducido a un hilo turbio entre piedras, es la única fuente de agua a una jornada de marcha. No existen leyes, mapas ni fronteras, pero todos entienden de inmediato lo que está en juego: quien domine esas orillas beberá, cazará a los animales que bajan a la aguada y verá morir de sed al vecino. Los hombres alzan lanzas con punta de sílex; las mujeres arrastran a los niños hacia atrás. Hay gritos, una piedra que vuela, un cuerpo en el barro. Cuando el sol sube, el río sigue corriendo, indiferente. Pero algo quedó establecido para siempre: el agua no es un bien más. Es la condición de todos los demás.
La escena es una reconstrucción ficcional, no un registro histórico. Pero tampoco es una fantasía. En Jebel Sahaba, junto al Nilo, en el actual Sudán, los arqueólogos exhumaron un cementerio de hace unos 13.000 años con decenas de cuerpos, muchos de ellos con puntas de proyectil clavadas en los huesos. En Nataruk, a orillas de un antiguo lago de Kenia, aparecieron los restos de una matanza de hace unos 10.000 años. Sobre la interpretación de ambos hallazgos hay debate académico —¿guerra por recursos?, ¿violencia acumulada durante una crisis climática?—, pero comparten un rasgo: ocurrieron donde el agua, y con ella la caza y la vida, se concentraba.
La historia escrita confirma la intuición. Hacia el 2450 antes de Cristo, las ciudades sumerias de Lagash y Umma se disputaron durante generaciones un canal y las tierras fértiles que regaba, en la frontera entre ambas. El conflicto dejó huella en la llamada Estela de los Buitres y en uno de los primeros arreglos fronterizos de los que se tiene noticia. Casi setecientos años después, el código de Hammurabi ya dedicaba artículos a la responsabilidad de quien descuidaba un dique e inundaba el campo del vecino. El agua había dejado de ser solo un recurso natural: era materia de derecho, de tributo y de poder.
De Egipto a Mesopotamia, de la cuenca del Indo a la China de los Han, los Estados nacieron a la vera de los grandes ríos y se organizaron para domesticarlos: canales, diques, calendarios de crecidas, funcionarios para medir y cobrar. Quien controlaba la compuerta del dique controlaba la cosecha, y quien controlaba la cosecha controlaba al súbdito. Que ese vínculo explique por sí solo el origen del poder político es una tesis discutida por los historiadores; que el agua fue una palanca decisiva del poder, no lo es. La propia lengua guarda la memoria de aquellas disputas: «rival» viene del latín rivalis, el que comparte con otro el uso de un mismo arroyo, el rivus.
La guerra también aprendió pronto a usar el agua. Roma levantó once grandes acueductos para abastecer a una población que llegó a rondar el millón de habitantes, y en el año 537, durante el asedio de los ostrogodos, estos los cortaron para rendir la ciudad por sed. Los asedios medievales envenenaban pozos; los ejércitos desviaban ríos para dejar sin agua al enemigo o para inundar su campamento. Lo que cambió desde entonces no es la lógica, sino la escala.
Doce milenios después de la escena del inicio, el dilema se repite con otros actores y otras armas. Del agua del planeta, el 97,5% es salada. Del 2,5% restante, la mayor parte está congelada en glaciares y casquetes o escondida en acuíferos; los ríos y lagos, que es lo que la humanidad aprovecha con más facilidad, representan una fracción inferior al 1% del agua dulce. Sobre ese hilo accesible pesan ocho mil millones de personas, la agricultura que las alimenta —que consume alrededor del 70% de todas las extracciones—, la industria y las ciudades.
Las cifras de la desigualdad son contundentes. Según los informes conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, más de 2.000 millones de personas carecen todavía de agua potable gestionada de forma segura, y cerca de 3.500 millones no cuentan con saneamiento seguro. Estudios académicos estiman que unos 4.000 millones sufren escasez severa durante al menos un mes al año. El cambio climático agrava el cuadro porque altera el ciclo mismo: más sequías donde ya falta, más inundaciones donde sobra, glaciares que se achican, napas que descienden.
El conflicto, en su escala más íntima, empieza en el vaso y la canilla. Una persona necesita entre dos y tres litros diarios para beber y, según la OMS, entre 50 y 100 litros para cubrir sus necesidades básicas de higiene y cocina. Quien debe caminar horas para conseguirlos —tarea que en buena parte del mundo recae sobre mujeres y niñas— pierde escuela, trabajo y salud. El agua insegura enferma: la diarrea, el cólera y otras patologías transmitidas por el agua figuran entre las principales causas evitables de muerte infantil. Y la brecha no es solo geográfica: en una misma ciudad, el barrio sin red paga más por litro, a los camiones cisterna, que el barrio conectado.
El costo de esa carencia es también económico. La OMS estima que cada dólar invertido en agua y saneamiento devuelve, en promedio, varios dólares en salud, productividad y años de escolaridad ganados, una de las relaciones costo-beneficio más altas del desarrollo humano. Donde el agua falta o está contaminada, no hay industria que se instale, escuela que funcione ni hospital que atienda sin riesgo.
Hay además un agua que no se ve. Producir un kilo de carne vacuna demanda, según estimaciones habituales, del orden de 15.000 litros; una remera de algodón, miles. El geógrafo británico Tony Allan acuñó a comienzos de los años noventa el concepto de «agua virtual» para describir cómo los países exportan e importan agua incorporada en granos, carnes, fibras y minerales. La Argentina, gran exportadora de soja, maíz, trigo y carne, es una exportadora neta de agua virtual: cada barco que sale por el Paraná lleva también un recurso que no figura en ningun manifiesto de cargas.
El derecho fue reconociendo esa centralidad con lentitud. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, la resolución 64/292, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. En la Argentina, el Código Civil y Comercial declara que los ríos, los lagos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes del dominio público, y el artículo 124 de la Constitución atribuye a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. En 2014, la Corte Suprema, en el caso «Kersich», reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.
El agua es, a la vez, un derecho de cada persona, un insumo de la economía, un bien público bajo jurisdicción estatal y un instrumento de poder entre naciones. Cuando esas cuatro dimensiones se alinean, hay desarrollo. Cuando chocan, hay conflicto.
Por Ignacio Stankewitsch