El 12 de junio de 2024, mientras el Senado votaba la Ley Bases, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por reprimir a «grupos terroristas» que, con palos, piedras e incluso granadas, habrían intentado «perpetrar un golpe de Estado». Esa noche hubo 33 detenidos, y al día siguiente la Justicia liberó a 17 de ellos por falta de pruebas de su participación en cualquier hecho. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de un «golpe de Estado moderno» y pidió que se los acusara de sedición; el fiscal Carlos Stornelli sumó el agravante de terrorismo. Trece meses después, en julio de 2025, la jueza María Servini sobreseyó a los últimos 16 imputados. De los 33 detenidos originales solo seis llegaron a ser procesados, sin que se probara nada de lo que el Gobierno había anunciado. No hubo golpe y no hubo terrorismo. Roberto Gómez, el último en salir, pasó 85 días preso y le dijo a la Justicia que no era terrorista, que había ido a protestar.
El caso no es una excepción. Hasta donde pude documentar, estas son las veces, con fecha y cita, en que el Gobierno usó el rótulo contra quienes protestan, reclaman o discrepan:
1. 12 de junio de 2024: comunicado presidencial con «grupos terroristas» y «golpe de Estado» contra los manifestantes de la Ley Bases.
2. 13 de junio de 2024: Bullrich pide carátula de sedición y repite la fórmula del golpe; días después, el fiscal Stornelli acusa con el agravante de «acciones terroristas».
3. 14 de febrero de 2025: la resolución 210/2025 inscribe a la Resistencia Ancestral Mapuche en el registro de organizaciones terroristas, junto a Hamás y Al Qaeda, y el Gobierno responsabiliza de los incendios patagónicos a «terroristas disfrazados de mapuches».
4. Julio de 2026: Milei llama «propaganda terrorista» a la proyección de un documental sobre Palestina en la Universidad Nacional de Rosario. El rector termina pidiendo disculpas.
5. Julio de 2026: en una entrevista radial, Milei denuncia «un intento de golpe de Estado» desde el Congreso, con «40 leyes» y siete intentos de juicio político, además de «actos terroristas» en la calle y terroristas «disfrazados de periodistas».
6. Septiembre de 2026: afirma haber expulsado a 30.000 «terroristas» en dos años. Un diputado reclama datos oficiales y, según la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, las expulsiones registradas están muy lejos de esa cifra y no se vinculan con terrorismo.
Un Congreso que aprueba leyes que el Ejecutivo rechaza está haciendo lo que la Constitución le encarga, y el Ejecutivo dispone del veto, que el Congreso puede insistir por mayoría especial. Eso ocurrió en 2025 con la emergencia en discapacidad. Llamar golpe de Estado a esa mecánica vacía una palabra que en la Argentina tiene responsables y víctimas. Quien llama golpe a una votación y terrorismo a una marcha no describe nada. Prepara el terreno.
¿Para qué? Para ejercer el terrorismo de Estado, con la escusa de combatir el terrorismo imaginario que quiere instalar desde el discurso. Y el andamiaje se construye mientras tanto. Amnistía Internacional documentó que el gasto público cayó más de 37 % real entre 2023 y 2026, mientras el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado subió 88,9 %. El Gobierno amplió las facultades policiales por el decreto 383/2025, reformó el sistema de inteligencia por el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 y compró tecnología de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares, incluidos programas para monitorear redes sociales. El 30 de septiembre, la Policía Federal allanó en Rosario las casas de dos militantes de la Asamblea Acción por Palestina, por orden de una fiscal federal. Se llevaron teléfonos, computadoras y libros, entre ellos La limpieza étnica de Palestina, del historiador israelí Ilan Pappé. No hay hasta hoy una imputación pública de terrorismo contra ellos. Hay una causa cuya carátula sus abogados dicen desconocer. Primero se instala el rótulo y se demoniza a cualquier opositor o a cualquiera que cuestione las brutales medidas de gobierno contra los trabajadores y los sectores más desposeídos de la sociedad; después alcanza con una sospecha plantada adrede para meter preso a cualquiera, balear a cualquiera, partirle la cabeza con un proyectil como a Pablo Grillo, balearlo por la espalda como a Rafaél Nahuel.
El marco intelectual de esos métodos y esos fines que persigue el gobierno de Milei tiene nombre Ilustración Oscura.. Peter Thiel, financista del universo de la Ilustración Oscura, pasó dos semanas en Buenos Aires en abril de 2026 y se reunió con Milei y con su asesor Santiago Caputo, a quien se describe como lector de Curtis Yarvin. El mismo que escribió que los «improductivos» podrían convertirse en biodiésel, y abandonó la idea por una razón de estética urbana: nadie querría vivir en una ciudad cuyo transporte funcionara con los restos de sus indigentes, discapacitados y jubilados. Propuso, como alternativa, encerrarlos en celdas de realidad virtual. Una doctrina que ve a los pobres, discapacitados y jubilados como excedente necesita, para gobernar, un enemigo interno que justifique tratarlos como terroristas.
Los hechos de la política cotidiana van en esa dirección. La reforma laboral sancionada en febrero de 2026 permite jornadas de hasta doce horas, reduce componentes de las indemnizaciones por despido, prioriza los acuerdos individuales sobre la negociación colectiva y amplía las actividades consideradas esenciales. Los recursos para prevenir y atender la violencia de género cayeron 89 % respecto de 2023 y el presupuesto de Educación Sexual Integral representó en 2026 apenas el 2 % de lo ejecutado ese año. Cuando alguien llama «terrorista» a quien reclama contra eso, el reclamo queda fuera de la conversación.
Cada miércoles, jubilados marchan al Congreso. El protocolo de Bullrich, vigente desde diciembre de 2023, derogó el de 2011, que prohibía las armas letales y las pistolas lanzagases en manifestaciones. El 12 de marzo de 2025, un cartucho de gas disparado por un gendarme fracturó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo. Según Amnistía Internacional, en los últimos dos años se registraron al menos 156 detenciones y 3.000 heridos en manifestaciones. Más de la mitad de los jubilados vive en la pobreza y Milei vetó en 2024 y 2025 dos leyes para mejorar las pensiones y jubilaciones. El 5 de agosto de 2025, cuando personas con discapacidad marcharon contra el veto a su ley de emergencia, Gendarmería y la Policía Federal reprimieron a manifestantes en sillas de ruedas. El Congreso rechazó ese veto. El Gobierno reglamentó la ley recién en febrero de 2026, obligado por la Justicia, y el proyecto de Presupuesto 2027 prevé recursos para discapacidad 24 % inferiores, en términos reales, a los de 2023.
El Centro de Estudios Legales y Sociales lo resumió en cinco palabras cuando el Gobierno habló de golpe: «No hay golpe, hay represión». El Código Penal define la intimidación pública como infundir temor público, y es el delito que se les imputó a los manifestantes. Si terrorismo es la violencia que busca infundir miedo para que otros callen o cedan, vale la pena mirar quién dispara el gas, quién allana y quién vigila. Que esa práctica merezca o no el nombre de terrorismo de Estado es discusión de juristas; que usa la fuerza estatal para escarmentar, no.
La lógica se extiende hacia abajo. La Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri y con 36 votos de legisladores de distintas fuerzas, aprobó en junio una ley que castiga con entre 10 y 30 días de detención a los trapitos, hasta 60 en casos agravados, y puede excluir hasta por dos años de los programas sociales a quienes actúen de forma organizada en eventos masivos. Macri la celebró con la frase «si sos trapito vas preso». No es una norma del Gobierno nacional, pero comparte su idea sobre la pobreza visible. Los mapuches ofrecen otro ejemplo. Los expertos consultados por la agencia EFE señalaron que de la Resistencia Ancestral Mapuche solo consta un miembro, Facundo Jones Huala, y que no hay pruebas de que sea un grupo organizado. Y el antropólogo Hernán Schiaffini observó que asociar el mundo mapuche con el terrorismo le sirve al Gobierno para eludir su responsabilidad en la prevención de incendios. Y tampoco existe una sola prueba que demuestre que Facundo Jones Huala tenga relación con esos incendios, de los cuales muchos habitantes de la región cordillerana señalan como responsables a soldados israelíes que simulan ser turistas,
Queda una cuestión mayor. El Gobierno que ve terroristas en un aula, en una marcha y en una asamblea por Palestina mantiene una alianza abierta con Benjamín Netanyahu. En septiembre de 2025, en Nueva York, Milei se reunió con él y recibió después la medalla de oro de la organización B'nai B'rith. Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, y la comisión independiente de investigación de las Naciones Unidas concluyó ese mismo mes que Israel es responsable de genocidio. Quien trata de terrorista a quien denuncia eso ya eligió de qué lado está. Del lado de los genocidas.
Entonces… ¿Quiénes son los terroristas? Los que necesitan la palabra para no explicar por qué hacen lo que hacen. Mientras tanto, los gases, los allanamientos y los recortes avanzan con la tranquilidad de quien ya les puso el rótulo a sus víctimas.
Por Ignacio Stankewitsch