Hay noticias que se escriben solas y esta, además, trae la moraleja incluida. Durante semanas, la ultraderecha brasileña le explicó a sus fieles que el único lugar decente para guardar el patrimonio y la dignidad era Paraguay: impuestos bajos, regulación mínima, un presidente conservador y la tranquilidad de quedar lejos de Lula. El martes 3 de noviembre, el Banco Central paraguayo intervino Ueno Bank, la mayor entidad privada del país, y casi tres millones de clientes descubrieron que la regulación mínima también garantiza una probabilidad mínima de retirar su dinero.
Ueno dice tener unos tres millones de clientes, el equivalente al 60 por ciento de los adultos paraguayos. El regulador comprobó que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. En junio ya le había advertido que prestaba demasiado a empresas ligadas a sus propios dueños, y menos de una semana antes de la intervención el banco anunció un aumento de capital de 100 millones de dólares. Ocho directivos fueron detenidos. Los ahorristas recibirán un primer pago de hasta diez millones de guaraníes, unos 1.675 dólares, y la garantía de depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, alrededor de 228 millones de guaraníes. Conviene subrayar el detalle: se trata de un fondo de garantía, es decir, de un seguro respaldado por el Estado. El paraíso libertario se sostiene gracias a un mecanismo público.
La trama política tiene sus ironías propias. El presidente Santiago Peña fue socio del Grupo Vázquez, dueño de Ueno, hasta marzo de 2025; el banco sostiene que nunca fue accionista ni inversor, y esa discrepancia deberán resolverla los fiscales. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, había presidido el propio Ueno hasta agosto de 2023 y renunció el mismo día de la intervención. Dicho en lenguaje futbolero: el árbitro había jugado en el equipo.
Lo más grave es quién esperaba en la fila. Según el propio Ueno, el dinero público representaba cerca de una cuarta parte de sus depósitos, e incluía inversiones del Instituto de Previsión Social, que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores. Las cifras discrepan, entre 355 y 850 millones de dólares según el medio, y deben confirmarse. Los jubilados, que no eligieron ninguna cruzada cultural, son los primeros perjudicados. Los ahorristas se concentran frente al Congreso y la oposición evalúa un juicio político.
El calendario, por último, parece escrito por un guionista con sentido del humor. Tras la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula en las elecciones del 25 de octubre, sectores de la extrema derecha brasileña intensificaron en redes la promoción de Paraguay como destino para los descontentos. El lunes 2 de noviembre comenzaron en Ciudad del Este los operativos para regularizar la situación migratoria de bolsonaristas. El martes, el banco. Brasileños de la frontera, en Foz do Iguaçu, usaban Ueno para operar en Paraguay. Cuánto capital brasileño quedó atrapado, y si entre los afectados hay empresarios, hacendados, operadores del juego o sectores evangélicos, es algo que circula pero que está por verificarse. Lo comprobado alcanza: el refugio elegido por razones ideológicas resultó frágil por razones perfectamente prosaicas.
Brasil, por su parte, no está en condiciones de tirar la primera piedra, y el relato exige honestidad. El Banco Master fue liquidado en noviembre de 2025 con deudas superiores a 7.000 millones de dólares frente a unos 800.000 inversores. Su dueño, Daniel Vorcaro, adquirió la entidad que luego se llamó Master durante el gobierno de Jair Bolsonaro, y diecinueve estados y municipios colocaron en ella dinero de pensionados. Sería deshonesto presentar el escándalo como patrimonio exclusivo de una facción: salpicó a políticos de todo el espectro, a jueces del Supremo y a legisladores del PT de Lula. Pero hay una asimetría política difícil de esquivar. El bolsonarismo hizo de la anticorrupción su marca registrada, y el candidato Flávio Bolsonaro vio su nombre asociado al caso por audios y reuniones con el banquero; una encuesta citada por Bloomberg Línea mostró que el 43 por ciento cree que los aliados de Bolsonaro están más vinculados al escándalo.
Argentina completa el cuadro, y el expediente de Javier Milei es el más elocuente. Su gestión estrenó el mandato con una devaluación que más que duplicó el precio del dólar oficial y llevó la inflación de diciembre de 2023 a 25,5 por ciento mensual, un pico que desde entonces se presenta como herencia ajena. Cuando el INDEC estaba listo para medir los precios con una canasta más actual, su director renunció y el ministro Caputo resolvió mantener la fórmula vigente, anclada en los patrones de consumo de 2004, con productos tan en desuso como el fax y el CD. El termómetro se queda en el pasado y la realidad avanza hacia otro lado: la pobreza volvió a 32,3 por ciento en el primer semestre de 2026, los salarios reales promedio siguen por debajo de los de diciembre de 2023, la industria acumula una caída de 2,7 por ciento entre enero y agosto, las ventas de supermercados retroceden 2,8 por ciento, se perdieron más de 97.000 empleos industriales registrados desde noviembre de 2023 y las importaciones de bienes de consumo final marcaron un récord. El riesgo país superó ampliamente los 800 puntos y este miércoles llegó a unos 850, su nivel más alto en un año. Ante la caída de actividad de julio, el ministro invocó las lluvias, las nevadas, los partidos del Mundial y la falta de gas: se ve que la mano invisible no resiste el pronóstico del tiempo. Lo que crece, crece sobre un mercado interno que se achica.
Aquí está la contradicción de fondo, común a las tres corrientes. Proclaman su desprecio por la "casta", por el Estado y por la regulación, pero dependen de bancos centrales, de fondos de garantía, de tribunales y de relaciones personales con banqueros. Dicen que el Estado sobra, y en Asunción es lo único que promete devolver algo. Predican el mercado libre y, cuando el mercado falla, exigen que el Estado devuelva los ahorros. Hablan de patria, y los capitales huyen hacia donde hay menos controles, como si la falta de control fuera virtud de quien administra y no riesgo de quien deposita. Se espantan con el comunismo y no renuncian al seguro público de depósitos.
La moraleja es simple. Un refugio no es un lugar donde se pagan pocos impuestos; es un lugar donde las reglas se cumplen y el regulador no cena con el regulado. Los paraísos fiscales funcionan perfectamente hasta el día en que hace falta el Estado, y entonces se descubre que el Estado que se declaraba innecesario era el único que podía abrir la puerta. Ni la izquierda ni la derecha poseen inmunidad contra la corrupción, y el caso Master lo demuestra. Pero quienes hicieron de la antipolítica su bandera cargan con una obligación adicional de coherencia, porque no se puede prometer limpieza y administrar la opacidad.
Por Ignacio Stankewitsch