Este martes el oficialismo tratará de destrabar el proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que hagan explotación petrolera offshore alrededor de las islas. La oposición ya había anticipado su rechazo a la creación de un polémico Consejo de Seguridad. Ahora la Casa Rosada afloja después de la visita del vicecanciller estadounidense Christopher Landau.
Se disipó la euforia que Javier Milei tuvo cuando anunció en Cadena Nacional su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (la llamada Ley Malvinas). En la Cámara de Diputados, en los cuatro plenarios de comisiones que hubo, el oficialismo nunca logró avanzar con su dictamen ante la falta de firmas. Sin embargo, el movimiento que terminó de enfriar la iniciativa fue una maniobra del gobierno de los Estados Unidos.
Con varias modificaciones, el oficialismo insistirá en la búsqueda de su despacho este martes 27 de octubre en una nueva reunión de las Comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
“Vamos a intentarlo”, repitieron tres fuentes de La Libertad Avanza a PERFIL, con algo de pesimismo. “Pero hay que ver si están las firmas suficientes”. La estrategia que plantearon algunos de la Mesa Política es sacar el proyecto lo más rápido posible para evitar mostrarse condicionados por las presiones de Donald Trump, aunque la épica nacionalista ya no forma parte de los discursos del Jefe de Estado y solo la reproduce su asesor principal, Santiago Caputo, a quien señalan como artífice de una ley que desató internas en el Ejecutivo.
Para lograrlo, en LLA están dispuestos a modificar ampliamente el proyecto, aunque no en la línea que reclamó la oposición más dura, sino en puntos de los aliados y en limitar el alcance de las sanciones, un guiño directo a las empresas norteamericanas que se vieron amenazadas con la redacción del proyecto original.
Así lo manifestó el subsecretario de Estado de Trump, Christopher Landau, en su visita a la Argentina. Delante del canciller Pablo Quirno, dijo que desde Washington estaban “viendo los intereses de nuestras empresas”. “Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, agregó.
Quirno había salido a desmentir un artículo de Clarín que revelaba esta preocupación y, en la misma conferencia, sostuvo que “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada”.
Según pudo saber PERFIL, la preocupación fue transmitida por el embajador norteamericano, Peter Lamelas, a funcionarios libertarios, con la advertencia del riesgo de que empresas estadounidenses no invirtieran en el país: el proyecto no sólo sanciona a Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), que llevan adelante el proyecto Sea Lion en aguas de Malvinas, sino también a compañías asociadas a ellas en otros proyectos.
A esto se suma que el kirchnerismo pide ser incluso más severo con las empresas sancionadas. Varios diputados de UxP hablaron del artículo 5 como un “blanqueo” o un “escape” para que las compañías se retiren de Malvinas e inviertan en la Argentina. “Nos gustaría ser más duros con esas empresas”, dijo un legislador del PJ a este medio. A Estados Unidos le preocupa que el único punto de diagnóstico común entre La Libertad Avanza y el peronismo sean los primeros 40 artículos, los de las sanciones.
El gobierno trabaja desde la semana pasada para reformular buena parte de la ley y sacar dictamen el próximo martes. Ahora las sanciones por negocios ilegales vinculados a Malvinas quedarían limitadas a las operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos, lo que deja afuera a los fondos de inversión indirectos que tengan alguna participación.
Otros cambios apuntan al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que el proyecto crea para coordinar la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior.
El gobierno analiza sumar al Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, como miembro permanente, y aclarar las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque sin una regla de intervención primaria y subsidiaria. Y Martín Menem empuja darle dos lugares al Parlamento: el presidente de la Cámara de Diputados y el provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Algunos diputados insinuaron a este medio que ahí se coló la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, ya que el Consejo quedaría también con nombres del karinismo.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, intervendrán en la protección de infraestructuras críticas sólo cuando la defensa nacional esté amenazada.
También sigue en pie la oferta de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, en la tercera reunión del plenario: crear una Comisión Bicameral con facultades de auditar las decisiones y los procesos del Consejo. Silvana Giudici, de la mesa parlamentaria libertaria, ratificó a PERFIL que no está en discusión eliminar el Consejo, como plantea el bloque peronista, pero adelantó que buscarán un mecanismo para que el Congreso tenga un lugar dentro del organismo. “Estamos negociando con todos los sectores, no solo los aliados, para tener la propuesta más sólida y que reúna mayorías”, planteó.
El diputado del MID Eduardo Falcone aseguró a PERFIL que el oficialismo incorporará su pedido: el control del Congreso sobre eventuales acciones bélicas del Presidente. “Yo pedí que se cumpla con el artículo 75 de la Constitución, que debe autorizar al presidente en caso de acciones militares. Era lo más grave, ya los milicos nos mandaron a una guerra en el ‘82”, expresó.
Donde todavía no hay acuerdo es en el artículo 111, que prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública con campañas de desinformación masiva contra el Estado argentino.
El gobierno analiza excluir expresamente al periodismo y otros sectores, pero a los aliados no les alcanza. Oscar Zago, del MID, la radical Verasay y el misionero Herrera Ahuad pidieron modificarlo por completo o eliminarlo. “Le pedimos modificarlo todo o directamente quitarlo. Si no lo hacen, por lo menos nosotros no vamos a acompañar ni en el dictamen ni en el recinto si es que llegara”, confió Zago a PERFIL. Desde LLA admitieron que estaba, de mínima, “mal formulado”.
Consejo de Seguridad Nacional: puntos oscuros
En el texto original, el Consejo estaría integrado sólo por funcionarios del Ejecutivo, sin lugar para el Congreso, lo que habilitaría decisiones discrecionales. Podría investigar, sancionar y disponer restricciones económicas urgentes (artículos 87 a 100), con sanciones “sin control real”, y decidir sobre infraestructura estratégica y hasta sobre la suspensión del tipo de cambio, según advirtieron especialistas en defensa.
A eso se suma que el proyecto deja sin efecto la distinción entre defensa nacional y seguridad interior, con el riesgo de “reconstruir la figura del enemigo interno”, según denunció el CECIM. También se cuestiona la presencia de la SIDE y de sus fondos reservados, y algunos senadores peronistas lo comparan con el Consejo Nacional de Seguridad que creó Onganía en 1966.
La oposición reclama que vayan a explicar el proyecto el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero el Gobierno sólo envió a la secretaria Legal y Técnica, la caputista María Ibarzábal Murphy.
Por Julián D'Imperio - Perfil