Un total de 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y dos convictos por haber cometido torturas durante el régimen de Augusto Pinochet recibieron beneficios de reducción de penas carcelarias a través de decretos emitidos por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. Luego de que el medio local ‘Interferencia’ revelara estas decisiones, el Ejecutivo y la Corte Suprema se han culpado mutuamente y voces en el Parlamento exigieron su "invalidación".
Son 27 condenados por abuso sexual, 29 por violación y dos más por vejaciones y torturas durante la dictadura militar. Todos se han beneficiado por una reducción de condena a través de diferentes decretos del Ejecutivo chileno entre marzo y septiembre de 2026.
Los 56 primeros cometieron todos delitos sexuales contra menores de edad y gozaron del beneficio a pesar de una legislación aprobada en 2022 que excluye de este tipo de alivios a pederastas.
La medida fue revelada originalmente el 21 de octubre por el medio digital chileno ‘Interferencia’, que hizo una revisión de la lista de favorecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De hecho, de los 57 pederastas para los que se pidió rebaja de penas, solo un caso fue rechazado, en un proceso que pasa por tres pasos de verificación.
De acuerdo con ‘Interferencia’, una vez que la Gendarmería (Policía militar) propone el listado, la Comisión de Reducción de Condenas revisa la conducta del candidato para el beneficio, la Secretaría Regional Ministerial se asegura de que cumpla con los requisitos y la División de Reinserción Social revisa el historial judicial del convicto.
Ninguna de esas tres instancias aplicó la Ley Nº 21.421, que en 2022 modificó el instrumento original sobre reducción de condenas, señalando explícitamente que quedan excluidos de recibir beneficios quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad.
La decisión se produce en momentos en que el Gobierno de José Antonio Kast promueve el plan ‘Chile Cuida a los Niños’, que combate la explotación sexual, preservando a los menores confinados en residencias de protección y apoyando a las familias para evitar que los niños sean objeto de este tipo de vulneraciones.
También afecta a un país particularmente sensibilizado por casos de abuso atribuidos a representantes del clero, como el del polémico sacerdote Fernando Karadima, que atrajeron atención sobre decisiones del fallecido papa Francisco interpretadas como favorables a este.
En esa oportunidad, la presión en Chile escaló al punto de obligar al pontífice a reexaminar los casos cometidos en ese país y asignar las investigaciones al principal experto del Vaticano sobre el tema, Charles Scicluna.
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Un choque de poderes en torno a las rebajas
La polémica una vez que los beneficios se hicieron públicos ha derivado en un cruce de acusaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que se han culpado mutualmente de la medida.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró inicialmente que se había respetado la legislación vigente, mientras que el portavoz del Gobierno Gonzalo Arenas explicaba que no había sido posible aplicar la reforma de 2022, porque los casos considerados eran anteriores a su entrada en vigencia.
Rabat coincidió con esa versión, diciendo que ninguno de los casos analizados era posterior al 9 de febrero de 2022, lo que deja abierto el debate de si debía aplicarse la legislación vigente al momento de cometer los delitos o la que está en vigor cuando se consideran los beneficios.
Pero Rabat agregó un detalle que detonó el choque de poderes, al afirmar que el Ministerio de Justicia se guio para tomar las decisiones por criterios de la Corte Suprema de Justicia utilizados en recursos de amparo, los cuales fueron citados en el texto de los decretos.
El ministro llegó a referirse a “cumplimiento de sentencias”, cuando en realidad se trató de rebaja de las mismas.
Sin embargo, el mismo ministro reconoció que ninguno de los condenados había recurrido al Poder Judicial para tramitar los beneficios, sino que lo hicieron por la vía administrativa, sin que mediara una decisión judicial para otorgarlos.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, no tardó en responder a las alusiones de Rabat.
En declaraciones a los medios, recordó que “fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, conforme a las facultades legales que tiene”, pero descartó que los criterios del máximo tribunal puedan ser aplicados para tomar este tipo de decisiones, porque se refieren a “casos concretos” que deben ser analizados por separado.
El Poder Judicial, sin embargo, sí se involucra en una parte del proceso, pues un ministro de la Corte de Apelaciones preside la Comisión de Rebaja de Condenas, que se constituye una vez al año y es integrada también por jueces penales, abogados y peritos que consideran los casos, aunque ninguno de ellos actúa como parte del poder judicial.
Soluciones solo para el futuro
La presión de la oposición en el Parlamento se ha sumado a este choque de poderes. El Partido Socialista exigió la "inmediata revisión e invalidación de todos los decretos que contravengan la ley, la publicación de los antecedentes que fundamentaron estas rebajas y la determinación de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes".
Por su parte, legisladores de la Democracia Cristiana asomaron la posibilidad de presentar un juicio político contra Rabat en el Congreso, que de aprobarse implicaría su destitución y le impediría ejercer cargos públicos por cinco años.
La designación del propio Rabat ha sido objeto de debate, pues en el pasado formó parte del equipo de defensa de Augusto Pinochet en el juicio por la Operación Colombo, una trama destinada a encubrir la desaparición y asesinato de 119 opositores durante la dictadura militar.
El ministro ha prometido la "suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena", de acuerdo con un comunicado, aunque la mayoría de los beneficiados se encuentran ya en libertad.
Además, ha anticipado “una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”.
El vocero del Gobierno, Arenas, por su parte, ha tratado de preservar al presidente José Antonio Kast de la polémica, al asegurar que "no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia".
Fuente: France24